Los resultados de la medición de la pobreza publicados por el INEI muestran, como era esperado, que en el 2023 la pobreza monetaria subió 1.5 puntos porcentuales, equivalentes a un incremento de 596,000 nuevos pobres en el país. Con este incremento, el número de pobres alcanza 9 millones 780 mil personas, el 29% de la población total. Esta situación no es una secuela de la pandemia o de la recesión económica; es el resultado de más de 12 años de desmanejo económico y de erradas políticas para el combate de la pobreza.
En el Gráfico 1 se presenta la evolución del porcentaje de la población que vive debajo de la línea de pobreza (personas cuyo gasto es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y servicios) para el periodo 1990 – 2023, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) publicada por el INEI. Durante el gobierno de Fujimori se logró reducir el altísimo porcentaje heredado del primer gobierno de García. La crisis mundial de 1998 y la inestabilidad política creada por la renuncia de Fujimori elevaron los porcentajes de pobreza, que los gobiernos de Paniagua y Toledo no supieron contener. La bonanza de los precios de los minerales y el adecuado manejo económico durante el segundo gobierno de García, que se tradujo en altas tasas de crecimiento del PBI, permitió una reducción significativa de los niveles de pobreza.
Sin embargo, a partir del gobierno de Humala la política económica, que priorizaba la inclusión social (redistribución) sobre el crecimiento económico, no logró mantener el ritmo de reducción de la pobreza observado durante el gobierno de Alan García. El manejo antitécnico de la pandemia durante el gobierno de Vizcarra generó un aumento de la pobreza que los gobiernos de Sagasti, Castillo y Boluarte no han sabido aminorar. Los niveles de pobreza alcanzados en el 2023 representan un retroceso a los niveles obtenidos hace 12 años, excluyendo el pico registrado en la pandemia.
Desde el gobierno de Humala la reducción de la pobreza ha sido mínima y lo que es aún más grave es que se ha hecho a costa de generar elevados déficits fiscales. El gasto adicional en programas de inclusión social en los últimos gobiernos ha sido muy elevado, si se mide por el número de personas que salieron del nivel de pobreza. Por lo tanto, la tasa de retorno de estos programas ha sido muy baja, especialmente si se compara con la reducción de la pobreza en el gobierno de García, que se obtuvo sin generar déficits fiscales. La situación de la pobreza extrema ha experimentado una historia similar.
Los resultados estadísticos de los últimos 33 años por lo tanto son contundentes: para reducir la pobreza, el crecimiento económico es más efectivo que el incremento del gasto en programas de inclusión social. Esto es más palpable cuando se prioriza el incremento de los gastos sociales sobre los gastos de inversión productiva, como ha sido el caso de los últimos años. El viejo proverbio chino “regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida” se aplica en el caso peruano.
Adicionalmente a los magros resultados en la reducción de la pobreza, los últimos gobiernos tampoco han tenido buenos resultados en la reducción de la desigualdad. En el Gráfico 2 se presenta la evolución, desde 1990, del índice Gini, que mide el grado de distribución del gasto entre los estratos de la población. Un valor del índice Gini igual a 1.0 equivale a la desigualdad máxima (todo el gasto o ingreso está concentrado en el estrato más rico) y un valor igual a cero equivale a una igual distribución del gasto entre todos los estratos de la población.
Observamos que durante el segundo gobierno de García el índice Gini, aunque con altibajos, vino descendiendo significativamente. Sin embargo, a partir del gobierno de Humala la reducción de este índice se ha estancado y los gobiernos de Vizcarra, Sagasti, Castillo y Boluarte no han logrado revertir esta situación. Estos resultados nos revelan que los gobiernos que sucedieron a Alan García, que impulsaron políticas redistributivas en lugar de promover la inversión privada, no han tenido éxito en reducir la desigualdad. Una vez más, los resultados estadísticos nos indican que la política de inclusión social, implementada por los últimos gobiernos, no ha obtenido los resultados esperados.
¿Cuál es el reto del gobierno para revertir la situación actual? No se trata de eliminar el gasto social. El reto es restructurarlo para que el gasto social se convierta en inversión productiva. No es lo mismo un programa que entrega una cantidad de dinero para reforzar el consumo familiar, que un programa que construye un reservorio de agua para mejorar el riego de las parcelas de una comunidad. Las experiencias de Sierra Productiva y Sierra Exportadora son palpables. Los recursos públicos son limitados, no se puede tener programas de inclusión social y programas de infraestructura para las comunidades en forma ilimitada, especialmente en un escenario de déficit fiscal superior al 3% del PBI. La interrogante es si el gobierno tendrá la capacidad para restructurar el gasto social o caerá en el populismo fácil que nos llevaría al descontrol de las cuentas fiscales. Es importante remarcar que la priorización de los gastos sociales no significa la eliminación de la inversión pública como tampoco la priorización de la inversión pública significa la eliminación de los programas sociales sino la adecuada distribución de recursos del Estado a cada una.
El caso del Perú no es el único Venezuela, Brasil, y Argentina son claros ejemplos de la poca efectividad que tienen los gastos de inclusión social sobre la reducción de la pobreza en el mediano plazo. Se argumenta que la ineficiencia en el gasto en inclusión social (programas sociales no son bien implementados) es la causa por la que los resultados estadísticos sean contrarios a la priorización del gasto en inclusión social sobre el crecimiento económico. Sin embargo, la ineficiencia y los casos de corrupción parecen ser una constante en este tipo de programas. Sus actividades terminan beneficiando mayormente a los que no son pobres. Adicionalmente estos programas sólo tienen un efecto temporal y no propician el aumento de la productividad. La pobreza vuelve en el momento en que el gobierno suspende la aplicación de estos programas.
Resta saber si el gobierno modificará esta estrategia o continuará con la que han venido practicando los diferentes gobiernos a partir de Humala. Es importante reiterar que, dado el escenario internacional de bajo crecimiento económico, no habrá espacio fiscal para incrementar significativamente las inversiones en infraestructura si continua el crecimiento exponencial de los gastos en inclusión social.
