El presidente Castillo hizo un llamado en Washington a los empresarios del mundo para que inviertan en el Perú, “sin desconfianza, sin dudas y sin temores”. Acto seguido su primer ministro, Guido Bellido, lanzó como amenaza la “nacionalización del yacimiento de Camisea” si la empresa no acepta renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado”. Y señaló que la nacionalización del gas de Camisea fue una promesa de campaña a la que no van a renunciar.
¿Cuál era la necesidad de lanzar esta amenaza y por Twitter? Todo contrato es renegociable con acuerdo de ambas partes. Antes ya se hizo renegociaciones del gas de Camisea, aunque no necesariamente favorecieron al Estado o a los consumidores. Es cuestión de que el gobierno, vía su ministro de energía y minas, ahora sí haga un planteamiento sensato que apunte a un objetivo económico claro y concreto que tenga por finalidad beneficiar los intereses del Estado, que no deberían ser otros que los intereses de los consumidores.
Sin embargo, aquí nos topamos con un gran problema: ni Bellido/Cerrón tienen un objetivo económico claro y concreto, ni el Ministerio de Energía y Minas tiene la visión y capacidad técnica que se necesita para sentarse a negociar con el consorcio Camisea. Su objetivo no pasa de ser meramente político: agudizar las contradicciones que permitan desencadenar la vacancia de Castillo y así, sobre la base de su fracaso y el de la oposición, levantar la candidatura a la presidencia de Cerrón en 2026.[1]
Bellido plantea como supuesto objetivo económico, elevar la distribución de utilidades del consorcio Camisea, lo que es un sinsentido porque el Estado no es accionista en ninguno de los negocios de la cadena de valor del gas. Elevarle el impuesto a la renta sería inadmisible puesto que ningún tributo puede generar trato discriminante entre empresas.
Hay que dejar de mirar a Camisea como si fuera una vaca lechera. Pero sí hay que enfocarla, con ojos críticos, en el marco de un mercado energético desorganizado y poco competitivo, en el que existen posiciones de dominio en la producción, severas distorsiones en la distribución y la comercialización y con un regulador (Osinerming) que no viene cumpliendo a cabalidad sus funciones. Por ello la población no logra satisfacer sus necesidades energéticas al menor costo, mientras que la economía en su conjunto es menos competitiva de lo que debiera ser. Es necesaria una reforma del sector con visión a largo plazo.
Actualmente la matriz energética del Perú está concentrada en fuentes fósiles no renovables de alto costo ambiental y económico y de sostenibilidad dudosa a largo plazo (hidroelectricidad y gas natural). ¿Por qué el Perú tiene la segunda energía eléctrica domiciliaria más cara de Sudamérica, a pesar de que es uno de los países del mundo con mayor potencial energético renovable? ¿Tiene sentido usar gas barato para producir energía eléctrica? ¿Qué sentido tiene mantener y remunerar una reserva eléctrica obsoleta de más de 800 MW? ¿Por qué nuestro coeficiente de electrificación sigue debajo del promedio sudamericano, a pesar de que su crecimiento ha sido financiado por los propios consumidores a través de la tarifa eléctrica? Son algunas preguntas incómodas que necesitan respuesta.
Contamos con importantes reservas de energías fósiles que de aquí a 2 o 3 décadas perderán todo valor si no se aprovechan antes. Sin embargo, la excesiva tramitología multisectorial, la ausencia de criterios y procedimientos claros en revisión de los estudios de impacto ambiental, y la deficiente regulación, fiscalización y gestión desincentivan la inversión en exploración y han reducido la producción de petróleo, mientras la demanda ha seguido en aumento convirtiendo al Perú en país importador dependiente. Venimos importando petróleo y derivados por más de US$ 5 mil millones anuales, a pesar de contar con recursos sin aprovechar.
Necesitamos elevar progresivamente la participación de las energías renovables no convencionales de bajo costo ambiental y económico. Ello permitirá reducir progresivamente el costo de la energía eléctrica domiciliaria, lo que permitiría reducir la tarifa domiciliaria.
En paralelo, debe minimizarse el uso de combustibles fósiles y maximizar el de energías limpias (electro – movilidad) en el transporte. Además, se debe descentralizar la generación de energía a nivel nacional para evitar sobre costos por exceso de inversión en transmisión. Así podremos eliminar el déficit en el norte, el sur y el oriente.
Para que el gas se abarate se necesita masificar el gas natural para uso doméstico. En Lima el coste es menor gracias a que se transporta por el gaseoducto y se cuenta con el FISE (Fondo de Inclusión Social Energético). Pero este fondo no aplica a otras regiones, que deben utilizar camiones. Solo la concesión de Lima Metropolitana tiene una tarifa competitiva versus los combustibles sustitutos, por ser la única concesión con gran demanda de generación eléctrica (50% de los ingresos de la distribuidora de Lima y Callao).
Uno de los objetivos económicos que debería fijarse el gobierno es la formulación de una tarifa única de gas natural a nivel nacional, que sea socialmente rentable, para apoyar la masificación de gas natural de uso domiciliario. En paralelo, hay que promover el cambio de uso de combustible a gas natural para el transporte público y la flota del Estado a nivel nacional.
Para ello tendría que instituirse un subsidio cruzado para las concesiones de distribución a través del FISE o el Canon Gasífero, para suplir parte de lo cobrado al usuario e igualar las tarifas de Lima y Callao. MAXIMIXE estima este subsidio en alrededor de US$ 60 millones por año.
Debe culminarse cuanto antes el Gasoducto Sur Peruano buscando pasar de la autosuficiencia energética en todo el territorio al desarrollo de mercados de exportación de GNL, energía eléctrica, petroquímica e industrias 4.0.[2] Complementariamente debe impulsarse la construcción de un gasoducto por la costa desde Marcona hasta Ilo y la construcción de 150 km de ducto en la selva en paralelo al ducto de TgP (Transportadora de gas del Perú). Ello supone una inversión de US$ 2,500 que permitiría utilizar la infraestructura de TgP/PLNG en la sierra, desde Chiquintirca hasta Humay y de Contugas en la costa desde Humay hasta Marcona.
Sólo dentro del marco de una política energética de Estado sólida tiene sentido sentarse a negociar con el consorcio Camisea. Pedir revisar términos contractuales con base en el capricho ideológico, no es lo mismo que hacerlo dentro del marco de una razón de Estado, dentro del marco de un enfoque gana-gana.
Como parte de una negociación amplia de miras, se podría plantear la modificación del esquema de regalías aplicables al gas natural y a los líquidos de gas natural, insumo clave del GLP que consumen los hogares, cuya oferta ha venido disminuyendo, lo que ha obligado a una creciente importación. También podría plantearse la revisión de la fórmula de cálculo del precio del GLP, haciendo que refleje la real ponderación del componente nacional e importado. Ayudaría mucho que el gobierno apure la concesión y construcción del ducto de GLP de Pisco a Lurín, para reducir el sobrecosto que Pluspetrol cobra a los usuarios por concepto de flete (85 dólares por tonelada de transporte en buques). Sin buen ministro y buenos funcionarios en el sector no se puede hacer nada, salvo seguir ahuyentando la inversión por Twitter.
[1] En su discurso durante la Asamblea General de la ONU, el presidente Castillo manifestó que su Gobierno mantiene una vocación democrática y de respeto a las libertades económicas, políticas y sociales de la población. A renglón seguido la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”. También plantea que se faculte al gobierno a dictar disposiciones “temporales” en situaciones de emergencia de carácter obligatorio para los operadores y que le permitan incluso asumir el control de sus actividades informativas. Esta es otra clara muestra de que Cerrón y Cía vienen siguiendo una partitura de agudización de las contradicciones con Castillo y su entorno moderado.
[2] La Industria 4.0 integran tecnologías habilitadoras como el Internet de las cosas, la computación, la analítica de datos, la inteligencia artificial y el machine learning. Son fábricas inteligentes equipadas con sensores avanzados, software y robótica que recopilan, analizan datos y permiten una ágil toma de decisiones.
