El Gobierno dejó la puerta abierta para que haya una nueva licitación bajo otras condiciones. Por ello, el Estado decidió no modificar la cláusula anticorrupción contemplada en el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que solicitaron Sempra Energy y Techint, solicitud que habían hecho para cerrar la compra del 55% de las acciones de Odebrecht en el consorcio GSP. Los bancos que van a financiar la obra también esperaban que se atendiera el pedido.
En esa misma línea, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, detalló que no son aceptables las condiciones en las que estaba estructurado el contrato porque se sustenta en el alza de la tarifa eléctrica. “Todos los temas tendríamos que mirarlos de nuevo, incluyendo la estructura del contrato que supone financiar el GSP elevando los precios de la energía en un 20%. Queremos que el sur tenga gas y que reemplace el GLP por una alternativa más barata, pero a cambio le estoy subiendo en 20% la tarifa eléctrica a todos ¿Qué sentido tiene dar un gas más barato?”.
Cabe precisar que, una de las principales críticas a la estructura de financiamiento del proyecto era el esquema de ingresos garantizados, que en la práctica significaba que los consumidores financiaban parte de la construcción del proyecto. Asimismo, Tamayo dijo que las empresas tendrán que tomar las decisiones que como privados les convenga. Pero si la transacción no se produce, el Gobierno tiene herramientas legales para conectar al sur con el gas de todas maneras, a través de una nueva licitación.