Uno de los problemas que afrontan los gobiernos regionales y locales es el recorte del canon minero debido a la promulgación del gravamen especial minero en el 2011, que se suma a la disminución por concepto del pago del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras.
La esperanza de las actuales gestiones regionales, locales y distritales es que se vuelve a debatir la ley del gravamen especial en el Congreso de la República y así, sea distribuido no solo al gobierno nacional sino también a los gobiernos regionales y locales.
Sin embargo qué es el gravamen minero. El gravamen es un recurso público originario proveniente de la explotación de recursos naturales no renovables y de conformidad con la presente ley se hace aplicable a los sujetos de la actividad minera y a partir de la suscripción de convenios con el Estado. Es un impuesto de periodicidad trimestral.
Es por ello que ante la falta de recursos, los concejales de la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI) decidieron emitir un pronunciamiento dirigido al Gobierno Central. Durante la última sesión de concejo fue aprobado y elevado para ser tomado en cuenta también por el Congreso de la República.
En el documento se explica que los últimos años los gobiernos regionales y locales han sido objeto del recorte gradual y sistemático de sus presupuestos por lo que les afectan en el desarrollo de nuevas obras.
Además los concejales, sustentaron que el presupuesto público para el 2014 en comparación del ejercicio del 2013 significó para el gobierno nacional un incremento de S/. 10.603 millones en tanto para los gobiernos locales fue una reducción de S/. 1.206 millones.
No obstante, los regidores ileños, ratificaron la acostumbrada distribución presupuestal del 70% a favor del Gobierno Central, 15% para gobiernos regionales y el 15% del presupuesto público para las 1.840 municipales del Perú.
Según los estimados del Ministerio de Economía y Finanzas, este año los gobiernos provinciales recibirán 30% menos en la partida de canon y regalías mineras.
La ley de gravamen minero, se creó a raíz del “aporte voluntario” de las empresas extractoras de minerales, que contribuyeron con el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, realizando proyectos sociales de nutrición, salud, educación y otros, así como de lucha contra la pobreza desde del 2007 al 2011.
Durante esta época, se destinaron S/. 1.406 millones al fondo local y S/. 862 millones al fondo regional para impulsar proyectos de desarrollo social y económico en 230 distritos de 18 departamentos, según información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
En este programa participaron 40 empresas que contribuyeron por los ejercicios fiscales del período 2007-2011; sin embargo, en setiembre de ese año, el presidente Ollanta Humala Tasso promulgó la ley N° 29790 que estableció el marco legal del gravamen especial a la minería. Además creó el impuesto especial a la minería.
Posteriormente, se presentó una modificación a la ley del gravamen (ley N° 29790) en el predictamen de la Comisión de Economía Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera periodo anual de sesiones 2014-2015 con un proyecto presentado por el congresista Juan Carlos Eguren.
El proyecto de ley N° 2092-12-CR tiene como objetivo modificar de la ley 29790 (ley que estable el marco legal del gravamen especial a la minería) no ser considerados ingresos del tesoro público sino que se redistribuya de la siguiente manera:
El 70% de los ingresos asignados a los gobiernos regionales y gobiernos locales de la jurisdicción donde estos se producen y el 30% restante al tesoro público para ser distribuido en zona donde no existe influencia de la actividad minera.
Los recursos transferidos serán utilizados por estos en la elaboración y ejecución de proyectos en la reducción de la pobreza con principal incidencia en nutrición, educación y salud siendo fiscalizados conforme a las normas de control.
La comisión de economía que ahora preside el legislador Casio Huaire Chuquichaico presentó las cuatro propuestas legislativas acumuladas al Proyecto de Ley N° 281-2011- CR al Congreso de la República donde fue debatidas la primera semana de marzo del 2015 y todos quedaron en el archivo.
Actualmente existe una iniciativa legislativa que propone que los recursos que se recaude por concepto de regalías mineras pasen a ser transferidos a los gobiernos regionales y locales, pero la iniciativa todavía se encuentra en las respectivas comisiones.