Para restituir la estabilidad institucional y facilitar la gobernabilidad se necesita:
- Crear el Ministerio de Pesca y Acuicultura en base al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, trasladando el Despacho Viceministerial de Mypes e Industria al MINCETUR, para maximizar el aprovechamiento de las sinergias existentes entre dichas entidades. No implica costo alguno mi mudanza alguna.
- Crear la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura (Sunapes) para asumir la función de fiscalización y sanción que hoy recae en el Ministerio de la Producción, garantizando así la independencia y tecnicismo de esta función.
- Nuevo ROF del IMARPE y recomposición de su Consejo Directivo
- Crear el Instituto Tecnológico Pesquero en reemplazo del CITE Pesquero Callao
- Proponer una nueva Ley General de Pesca
- Elaborar la Política Nacional de Pesca y la Politica Nacional de Acuicultura
La organización del Ministerio de la Producción, que es el ente rector del sector pesquero, no puede ser estática ni monolítica. El nuevo diseño estructural debe ser innovador en la medida en que se convierta en el marco dentro del cual los actores participan, negocian, interactúan y crean consensos. Por ello, las configuraciones no son tan solo organigramas y procedimientos, sino que deben derivar de un marco doctrinario del sector y la orientación de una nueva cultura organizacional. Requiere de una Política Nacional.
La formulación de una política pesquera y acuícola nacional debería llevar al siguiente paso, el cual es la modificación de la base legal, la cual debe estar alineada con la misma.
La organización de la estructura administrativa y los instrumentos de gestión, se convierten en el tercer paso en la innovación del modelo, los cuales tienen que tener un correlato con la política y la base legal que orienta al sector pesca y acuicultura en el largo plazo.
Se precisa de una Política Nacional que facilite la gobernanza marcando la visión sectorial de largo plazo, es decir, dónde se quiere estar dentro de 10 años. Esta Política, para su implementación, requiere de un cuerpo de normas legales que establece y delimita objetivos y funciones. Requiere, finalmente, de una nueva ley general de pesca. El cuerpo normativo requiere de instituciones organizadas en un modelo institucional que responda a la política, sustentado en una base legal firme, en consenso y armonía con los administrados y los ciudadanos que son el fin supremo de las políticas públicas.
El nuevo modelo requiere:
- Reconocer que no existe una Política de Estado para la pesca y acuicultura del Perú. Tampoco existe una doctrina nacional en materia pesquera y acuícola. Tomemos como un ejemplo referencial la existencia de la doctrina del “Mar Presencial” en Chile, que se convierte en una visión de futuro de su presencia en el Océano Pacífico Sudoriental. En Perú no existe nada similar en materia oceánica ni pesquera.
- Entender, identificar y resolver problemas en forma conjunta con el administrado; la mejora continua de procesos; lograr apoyo del administrado y del ciudadano para el diseño y cumplimiento de las normas; ampliar las opciones del administrado; alentar la acción participativa e inclusiva; ofrecer incentivos antes que sanciones; evaluar y analizar resultados; practicar la retroalimentación.
Hay que satisfacer las necesidades del administrado y del ciudadano a través de una gestión eficiente y transparente, entendiendo que el administrado, además, es el vehículo a través del cual se satisface al ciudadano. El sector le debe ofrecer al ciudadano el producto final de la pesca y la acuicultura, el cual es un producto alimenticio sano, barato y de calidad, a través de las empresas pesqueras industriales y artesanales.
Los funcionarios del más alto nivel deben resolver la ambigüedad, la incertidumbre y el conflicto alrededor de las políticas públicas, a través de un cuerpo de doctrina y un cuerpo legal actualizado y coherente con los tiempos actuales a fin de poder ordenar lo que deben hacer y lograr todos los funcionarios de la administración.
Los sistemas administrativos como el ROF deben reformarse en función al cuerpo doctrinario y legal bajo responsabilidad de las áreas competentes para el efecto.
Hay que destacar la necesidad de un cambio en la cultura organizacional de las entidades del sector. Deben revisarse y cambiarse los hábitos, costumbres y forma de actuar impulsando políticas de personal, centradas en premiar el buen desempeño, fomentar la investigación, la capacitación y el perfeccionamiento profesional.
Más allá de reformas o cambios estructurales en los reglamentos de organización y funciones y demás actividades burocráticas que tienen su propio entorno normativo, el nuevo modelo debe:
- Aplicar un enfoque precautorio, reduciendo, limitando o deteniendo el crecimiento de la actividad extractiva en tanto no exista data científica que permita determinar límites a la extracción o la orientación a nuevas especies. Promover pesquerías sostenibles.
- Colocar al mercado interno en iguales condiciones de oportunidad y de competencia que el mercado externo, con el objeto de brindar seguridad alimentaria a la población nacional en forma prioritaria. En adecuada combinación con la educación al consumidor para que aumente el consumo de proteína de origen hidrobiológico, se tiene que promover el consumo pero de aquellas especies que sean las más convenientes.
- Hacer a la actividad pesquera más inclusiva socialmente desde la perspectiva del ciudadano que necesita alimentación y una participación más justa en la renta de la industria a través de la recaudación de derechos de pesca e impuesto a la renta de tercera categoría.
- Hacer la administración pesquera y acuícola más inclusiva en términos de participación de los administrados en los procesos de planeamiento y toma de decisiones.
- Generar mejores instrumentos de gobernanza basado en el gobierno electrónico.
