Mientras el Congreso y el ejecutivo se debaten en una lucha estéril sobre la cuestión de confianza a un gabinete que a todas luces carece de legitimidad, la espada de Damocles de la inflación pende sobre la economía de nuestro país. La devaluación de nuestra moneda y los elevados déficits fiscales nos traen a la memoria los años iniciales del primer gobierno de Alan García que a la postre desembocaron en la hiperinflación, el colapso económico del país y la elevación de la pobreza a niveles nunca vistos en la historia del Perú.
El nuevo ministro de economía y el presidente del BCRP han salido prontamente a poner paños de agua fría para calmar las expectativas inflacionarias de los agentes económicos señalando que se trata de solo un hipo inflacionario, un fenómeno temporal y que en pocos meses todo volverá a la normalidad.
La realidad no es tan rosa como la pintan nuestras autoridades. La principal razón es que el BCRP, responsable de la estabilidad de precios y por ende de la inflación, se ha quedado sin instrumentos para combatirla. Elevar el encaje bancario, vender certificados de depósitos, o elevar la tasa de interés referencial no son una opción porque sería contribuir a deprimir más a una economía ya en recesión. Seguir vendiendo dólares al ritmo de las últimas semanas, para contener la devaluación de nuestra moneda, sería dilapidar nuestras reservas de manera infructuosa. Solo le queda al ente emisor recurrir a calmar las expectativas de los agentes económicos para evitar que la depreciación de nuestra moneda continúe.
¿Por qué el BCRP no puede aplicar sus herramientas tradicionales para combatir la inflación? Porque para aplicar una política monetaria exitosa se requiere que la política fiscal sea coherente. Es decir que el MEF actúe en forma coordinada con el BCRP. Déficits fiscales de 10% en el 2020 y 6% en el 2021 no son sustentables en el mediano plazo. Peor aun si se tienen políticas fiscales que ahuyentan la inversión privada y la generación de empleo formal.
El plan Bicentenario, alabado por muchos economistas como un plan económico moderado, no es más que una repetición de las políticas heterodoxas implementadas en el primer gobierno de Alan García. Es un plan centrado más en el incremento del gasto público, el aumento del intervencionismo estatal y en la distribución de la riqueza que en la generación de riqueza. Ya sabemos a que conducen estos planes heterodoxos: más deuda pública, más inflación, menos crecimiento económico y más pobreza.
El nuevo ministro de economía argumenta que el incremento de la recaudación fiscal permitirá acomodar los programas de Bonos universales y empleo temporal contemplados por el actual gobierno. Lo que no se da cuenta el ministro es que el incremento de la recaudación es una quimera. El incremento del IGV externo es producto del incremento de los precios de los commodities a lo que se suma la devaluación de la moneda. Si descontáramos estos efectos estaríamos aun por debajo de los niveles de 2019. Lo mismo sucede con el impuesto a la renta. Los exportadores están pagando mas impuesto a la renta no porque estén exportando mas toneladas de minerales sino por que los precios han aumentado y al que se suma la devaluación de la moneda.
El aumento de la recaudación esta aumentando los ingresos fiscales pero eso no significa que la economía esté aumentando el número de puestos de trabajo formales. El ministro Francke piensa que aumentando el gasto público va a resolver el problema del desempleo y la informalidad. Craso error. Sin inversión privada, no habrá generación de riqueza ni nuevos puestos de trabajo formales.
El principal problema actual de la economía es el desempleo y la informalidad laboral. El plan Bicentenario no reconoce la importancia de la inversión privada en la generación de empleo formal. En este contexto, la entrega de bonos universales, creación de empleo temporal no productivo, o el aumento del salario mínimo solo contribuirán a fomentar la inflación.
Se argumenta que el hipo inflacionario será temporal aduciendo que algo similar sucede en los EUA. Sin embargo, como se puede observar en el Gráfico 1, aun asumiendo que no haya más incrementos de precios en los EUA en lo que resta del año, que es poco probable dado el significativo aumento del gasto fiscal americano en infraestructura recientemente aprobado, la inflación se mantendría alrededor del 5% por lo que resta del año. Si a esto le sumamos el incremento del precio internacional del petróleo y commodities agrícolas y el aumento de los costos de fletes, difícilmente estaríamos en un escenario de inflación temporal.
En este contexto, la evolución del tipo de cambio se torna crucial para evitar una escalada inflacionaria en nuestro país. El plan Bicentenario asume una estabilidad cambiaria y una inflación moderada. De ahí los esfuerzos de los partidarios de Perú Libre en insistir que Julio Velarde permanezca en la presidencia del BCRP, por lo menos en una etapa inicial. Sin embargo, el ala más radical de Perú Libre ha llegado, inclusive, a denunciar penalmente al directorio del BCRP haciéndolos responsables del incremento del tipo de cambio y de amenazar la estabilidad de los precios.
La concepción heterodoxa del plan Bicentenario y la convicción de los integrantes del equipo económico de Perú Libre, comenzando por el ministro Francke, de que la libre oferta y demanda de bienes no determina los precios, hará que la política fiscal se encamine en la dirección de una inflación creciente. La incertidumbre creada por este accionar no solo hará que el tipo de cambio continúe su marcha ascendente sino que a la falta de inversion privada se le sume la fuga de capitales, con lo que la generación de empleos formales y la reducción de la informalidad laboral se tornará en una tarea imposible.
Ante el aumento de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, la respuesta del gobierno no se hará de esperar. Por un lado continuará otorgando Bonos universales y por otro aumentará el salario mínimo contribuyendo a una mayor inflación. En segundo lugar, fijará los precios de productos esenciales o controlará sus aumentos, castigando a los empresarios, lo que acaba desincentivando la producción, provocando más subidas de precios o desabastecimiento. En tercer lugar, coloca controles al tipo de cambio, lo que produce el cierre de empresas, que provoca escasez de oferta y, por tanto, nuevamente precios más altos. En cuarto lugar, aumenta los impuestos sobre las rentas más altas y las grandes empresas, lo que provoca una mayor fuga de capitales. Y todo esto se dará en un ambiente político cada día más caldeado, en que el Congreso luchará por su supervivencia mientras que el ejecutivo insistirá en la Asamblea Constituyente. Estamos avisados.
