La CAF – banco de desarrollo de América Latina publicó hoy los resultados de la última edición de su Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2014) en el que se revela que los hogares de los países de América Latina, entre ellos del Perú, destinan el 4% de sus ingresos en adoptar medidas de seguridad. El informe titulado “Por una América Latina más segura: Une nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito”, señala que un 24% de personas en la región han instalado cerraduras de seguridad y rejas, un 17% dice tener perros de vigilancia y un 12% menciona haber recurrido a cámaras, vigilancia privada o alarmas. “Además, los encuestados estiman el valor de los bienes perdidos y el de otros gastos incurridos para reparar el daño relacionado en 6% del ingreso anual de sus hogares”, añade el informe. Otro resultado interesante es que la seguridad es un factor determinante del bienestar de los ciudadanos de la región, pues el 60% de la población considera que la inseguridad se incrementó en los últimos cinco años y el 24% de las familias de la región lo identifica como el principal problema que afecta su calidad de vida, por encima del desempleo, la inflación o servicios básicos. El informe de la CAF tiene como objetivo plantear un enfoque para el análisis del tema de seguridad, ser un aporte a la comprensión de la problemática, abrir espacios de reflexión sobre un problema que afecta a los países de la región, entre ellos el Perú, así como generar un debate para el diseño y la implementación de mejores políticas públicas en el área de seguridad.
La publicación propone un enfoque donde la ocurrencia del crimen surge de la interacción de dos elementos: individuos con una determinada inclinación a cometer ilícitos y situaciones que afectan las oportunidades para delinquir. Al respecto, Eleonora Silva Pardo, directora representante de CAF en Perú, sostuvo que es necesario tener una visión integral de la prevención del delito, con intervenciones oportunas y de calidad en cada etapa del ciclo de vida de las personas. Agregó que por ello el RED 2014 recomienda, además de mejoras al sistema de justicia criminal, la implementación de programas de estimulación temprana y otros tendientes a reforzar las habilidades socioemocionales a lo largo de la vida del ser humano que, sumadas a una educación de calidad, son pilares fundamentales para un crecimiento sostenido, equitativo y con una mayor seguridad ciudadana. El reporte también plantea distintas herramientas para la prevención situacional del delito, haciendo hincapié en intervenciones sobre el espacio físico y el entorno social que se focalicen en las denominadas “zonas calientes” de crimen. El informe de la CAF establece que el crimen y la violencia tienen altos costos para la sociedad, tanto directos como indirectos. Los costos directos incluyen una menor esperanza de vida y otras consecuencias negativas del delito sobre la salud física y sicológica de las personas afectadas; los gastos públicos y privados asociados a la prevención y el control del delito; el sistema de justicia penal y las cárceles; y los bienes y propiedades perdidos o destruidos a causa del crimen. Mientras que los costos indirectos incluyen los cambios de conductas que adoptan las personas para evitar el delito; los efectos sobre las decisiones de participación laboral e inversión en capital humano de las familias y las decisiones de inversión y producción de las empresas; y el impacto sobre la confianza entre los ciudadanos y por parte de los ciudadanos en el gobierno y las instituciones.