La inclusión financiera se define como la disponibilidad e igualdad de oportunidades para que las personas y empresas accedan a productos y servicios financieros apropiados, asequibles y oportunos.
La inclusión financiera va más allá de simplemente abrir una cuenta bancaria ya que es posible que individuos y/o empresas bancarizadas sean excluidos de los créditos y otros servicios financieros. Tener sistemas financieros más inclusivos se ha relacionado con un mayor crecimiento y un desarrollo económico más fuerte y sostenible y, por lo tanto, ampliar la inclusión financiera se ha convertido en una prioridad para muchos países de todo el mundo.
El problema es que las oportunidades que tienen los individuos y empresas no son iguales para todos. Mientras el sector formal se encuentra en un círculo virtuoso de más productividad, más ingresos, más bancarización, el sector informal se encuentra en un círculo vicioso de menos productividad, menos ingresos, más exclusión financiera, más informalidad y se encuentran entrampados en la zona de la trampa de la pobreza (ver mi columna de la semana pasada: La Trampa de la Pobreza).
El Perú no ha sido ajeno a este problema. En agosto de 2019, el gobierno de Vizcarra, mediante Decreto Supremo 255-2019-EF, aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF). Este D.S. establece que en un plazo máximo de 180 días calendario se debería aprobar el Plan Estratégico Multisectorial para la implementación de la PNIF. Han transcurrido mas de 19 meses desde la aprobación de la PNIF y aun no se cuenta con el Plan Estratégico Multisectorial. Mientras tanto el desempleo, la informalidad y la exclusión financiera va en aumento. El aumento desmedido del empleo de dinero en efectivo registrado en los últimos meses es una clara demostración de los bajos niveles de inclusión financiera en nuestro país (Según el BCRP en los últimos 12 meses, febrero 2020 – febrero 2021, el circulante ha crecido 45.8% y refleja el crecimiento exponencial de la informalidad).
¿Cuál es el problema con la PNIF? El problema reside en su concepción. La PNIF asume, falsamente, que todos los agentes económicos tienen una productividad similar. Así los objetivos y metas se definen como porcentaje de los adultos con al menos una cuenta o un crédito en el sistema financiero, sin reconocer la mucho mayor importancia relativa de tener acceso al crédito, versus simplemente una cuenta y a qué sector económico pertenece. Los objetivos y metas tampoco toman en cuenta el porcentaje de los recursos asignados a los diferentes sectores de la población. El uso de promedios globales lleva a distorsionar las enormes brechas existentes en la inclusión financiera del sector formal e informal.
Esta es una concepción errada, como lo han demostrado los recientes ganadores de premios Nobel en economía Banerjee y Duflo y puede llevar a la definición de políticas erradas. La PNIF señala que entre el 2015 y 2018, la proporción de adultos con al menos una cuenta en el sistema financiero se incrementó de 29% a 38% entre 2014 y 2018 y la correspondiente a créditos pasó de 30% a 33% entre el 2013 y 2018. Es sintomático que, en la larga lista de referencias bibliográficas para sustentar la PNIF, no figure ni una sola referencia al trabajo de Banerjee y Duflo.
La PNIF no solo está errada en su concepción sino también en la mentalidad estatista de su proyectada implementación. Así, la PNIF concluye que la solución a la baja inclusión financiera debe ser abordada de manera integral, en el marco de una política nacional de Estado, articulada con el conjunto de otras políticas nacionales y, para ello, crea un ente burocrático, la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera conformada por: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Banco de la Nación, al cual se le han incorporado el Ministerio de Educación (MINEDU), el de Agricultura (MINAGRI), la Superintendencia de Mercado de Valores, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Producción, y la Presidencia del Consejo de Ministros.
La creación de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera es una invitación a la inacción o al progreso lento de los objetivos trazados en materia de inclusión financiera. Se necesita menos intervención estatal y más participación del sector privado. Lo que se necesita, siguiendo los lineamientos de Banerjee y Duflo, es identificar los sectores o agentes económicos menos favorecidos que se encuentran en la “trampa de la pobreza” y encontrar para estos sectores soluciones que se enmarquen en la economía social de mercado e involucren al sector privado para lograr su implementación inmediata, sin la intervención de comisiones burocráticas que hacen las cosas mal, tarde o nunca.
¿Hay experiencias exitosas de inclusión financiera en nuestro país? Si las hay y los programas del Fondo Mivienda son unas de ellas. Han sido diseñados para facilitar el acceso a vivienda, con la participación del sector privado (entidades financieras, promotores inmobiliarios y constructores). El Estado promueve estos programas dando un apoyo a los beneficiarios como premio por su esfuerzo de ahorro. Los sectores objetivo son la clase media (programa Mivivienda) y más recientemente los sectores de menores recursos (programa Techo Propio). Los casos de corrupción o mal uso han sido mínimos y ambos programas se han expandido de manera importante en las últimas dos décadas.
El número de créditos y el monto desembolsados del Fondo Mivivienda crecieron a una tasa promedio anual de 16,3 por ciento y 21 por ciento, respectivamente, entre 2000 y 2020. El número de créditos desembolsados (44 mil en 2020) y el monto desembolsado del programa Techo Propio crecieron a tasas anuales de 21,7 y 27,9 por ciento, respectivamente, entre 2004 y 2020.
Sin embargo, a pesar del crecimiento observado, el crédito hipotecario en Perú como proporción del PBI (7.6 %) todavía es relativamente bajo en comparación a otros países de la región (27 % en Chile). Recientemente, el gobierno, para incrementar esta participación, ha flexibilizado los programas reduciendo la cuota inicial, aumentando los plazos de financiamiento y el Bono al Buen Pagador, reprogramando créditos y otras medidas.
Si bien estas medidas van a ayudar a sostener el mercado hipotecario en épocas de pandemia, el crecimiento del mercado hipotecario requiere un mayor avance en el segmento de la población con bajos ingresos, con empleos informales y lotes no saneados patrimonialmente, que no tiene acceso al mercado financiero formal y donde se concentra la autoconstrucción. Este segmento de la población es el que se encuentra en la trampa de la pobreza y requiere de un mecanismo de promoción especial que aumente la productividad de la población de este segmento para que puedan dejar la trampa de la pobreza y entrar al circulo virtuoso del aumento de productividad y crecimiento económico.
Este mecanismo pasa por adaptar el modelo de negocio de las instituciones financieras, de los promotores inmobiliarios, y constructores a la generación de empleo formal en los barrios donde se ejecutan los proyectos y posibilite el incremento de la productividad y la creación del círculo virtuoso de crecimiento. Utilizar nueva tecnología informática para estructurar alternativas viables de financiamiento para personas con empleos informales. Introducción de un seguro contra desastres naturales. Reducir las trabas normativas y el saneamiento de los derechos de propiedad. Incrementar la capacidad de colocación de las instituciones financieras mediante la creación de nuevos instrumentos financieros.
El Plan de Gobierno de Fuerza Popular contempla la implementación de tales mecanismos como estrategia para generar dos millones de puestos de trabajo formales en el corto plazo, a través de dos programas: uno para el ámbito urbano marginal y otro para el ámbito rural. En estos dos ámbitos es donde se concentran los mayores niveles de baja productividad, pobreza e informalidad.
El rescate prioritario de estos sectores es el que permitirá, no solo el aumento de la productividad, sino la reactivación económica del país. En este contexto, es loable que en su último Informe de Inflación, el BCRP reconozca la importancia de programas como los del Fondo MiVivienda dirigidos a los segmentos con mayor pobreza e informalidad como factores claves para aumentar la productividad, la inclusión financiera y la reactivación económica. El autor es asesor en temas económicos de Fuerza Popular.
