Hay dos formas de lograr que el slogan “no más pobres en un país rico” se haga realidad. La primera es generando confianza con buenas instituciones, eliminando la corrupción y un gasto social igualador de las oportunidades con educación, salud y seguridad de calidad, para que así fluya la inversión impulsora del empleo y la producción a un ritmo mayor al 5% anual. La segunda forma de lograrlo es dejando que los pobres se mueran de hambre o migren a otros países en búsqueda de nuevos horizontes, al estilo venezolano.
La inflación es el peor castigo para los más pobres, porque merma ostensiblemente el poder adquisitivo de sus ingresos. En abril la tasa de inflación raspó el 8%, siendo la más alta en 24 años. Sin embargo, para la población peruana que vive en situación de pobreza, la inflación llegó a 9,3% y en muchas ciudades de la sierra y selva, superó largamente el 10%.
Llama la atención que la tasa de inflación en Perú esté tan alta, a pesar de que la tasa de inflación subyacente (calculada en función a los precios de la canasta de consumo no expuesta a choques de oferta adversos) no pasa de 3,8%, siendo de lejos la más baja en el contexto latinoamericano.
Ello obedece a la presión alcista que ejercen las expectativas inflacionarias (a 12 meses), que se mantienen en una media de 4,6% en abril, muy por encima del rango meta de 1% a 3% fijado por el Banco Central de Reserva. Estas expectativas vienen siendo afectadas por la incertidumbre económica mundial, pero también por la aguda incertidumbre política interna y la percepción de inoperancia del gobierno y el congreso.
Así, la política de regalo de dinero vía bonos y de transferencias adelantadas de los fondos de pensiones decretada por el gobierno y el congreso infló artificialmente el ingreso disponible, sin contraparte en aumentos de productividad, siendo un factor que aviva la inflación originalmente impulsada por el alza internacional de los insumos energéticos y alimenticios.[1] Paradójicamente, durante los 10 meses que ya lleva la administración Castillo, la magnitud de peruanos que padece hambre ha venido aumentando incesantemente, estimándose en más de 3 millones.
Ellos dependen de las 2.600 ollas comunes autogestionadas por madres en las zonas más pobres de las ciudades, creadas en medio de la crisis del Covid, sin contar con ninguna ayuda sistemática del gobierno. En lugar de regalar plata con ventilador, el gobierno debería dar soporte a las organizaciones de Ollas Comunes y Comedores Populares de los distritos más afectados por la falta de alimentos, para poder completar su equipamiento (cocina, gas, agua, refrigeración) e implementos para preparar los alimentos.
En las zonas más afectadas, en coordinación de las municipalidades, debiera organizarse un sistema de entrega de alimentos de alto contenido nutricional, provenientes directamente de la agricultura familiar. Ello en función a un cálculo de necesidades de nutrientes y calorías según la configuración poblacional (niños, adultos y tercera edad), con entrega de víveres con periodicidad de quince días como máximo (arroz, papa, leche, cebada, morón, menestras, hortalizas, huevos y pescado en conserva).
También debe organizarse centros de acopio y empaquetado localizados estratégicamente, con ayuda de la empresa privada y el Instituto de Defensa Civil, en coordinación con las municipalidades y las organizaciones de Ollas Comunes y Comedores Populares.
En paralelo, se debe ayudar a los agricultores y pescadores artesanales a que se organicen asociativamente para poder recibir asistencia técnica e insumos de calidad, así como para articularse a una logística eficiente, capaz de poner sus productos directamente en las ollas comunes.
La exoneración del ISC a los combustibles y el IGV a algunos alimentos no se ha reflejado en una correspondiente reducción de los precios. En el caso de los combustibles, pese a que la cotización del petróleo se ha mantenido debajo de los US$ 111 por barril desde fines de marzo.
En 2021 la tasa de pobreza se situó en 25,9%, por encima del 20,2% pre – pandemia (2019), debido al inefectivo gasto social del gobierno. Como producto de la crisis, hoy 2,7 millones de peruanos han dejado de pertenecer a la clase media, mientras que el número de subempleados se ha incrementado en 35%.
Para 2022 MAXIMIXE estima que la tasa de pobreza subiría a 27,2%, pudiendo escalar a un nivel cercano al 30% hacia 2026, ante una marcada perspectiva de desaceleración del PBI y de retroceso de la inversión, aunada a la mediocre gestión del gasto social. Las expectativas empresariales a 12 meses han caído en 14.8 puntos en abril respecto a enero, situándose en terreno negativo.
Ello en un marco de creciente probabilidad de recesión de la economía mundial. A las repercusiones energéticas y alimentarias de la guerra Rusia-Ucrania y a la política de elevación de tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo, se suman las más severas interrupciones de la cadena de suministros en China. En su última revisión, las proyecciones de MAXIMIXE apuntan a una secuencia del PBI mundial: 5,7% (2021), 3,5% (2022), 3,0% (2023). Las acciones y las criptomonedas vienen cayendo a pisos cada vez más profundos, mientras las tasas de interés y los casos de Covid manifiestan una renovada tendencia alcista.
Para el Perú MAXIMIXE proyecta un crecimiento del PBI en marcada desaceleración: 10,5% (2021), 2,6% (2022) y 1,9% (2023), con un consumo privado más lento: 8,3% (2021), 2,8% (2022) y 2,5% (2023), y una inversión privada negativa: 35.5% (2021), -1,4% (2022) y -0,8% (2023).
A corto plazo el PBI peruano muestra aun una expansión de 3,8% en el primer trimestre de 2022, aguardándose una desaceleración a 2,4% en el segundo trimestre. La pata coja más nítida es el PBI minero, que a marzo retrocedió 3,2%. En el caso del oro, el zinc y la plata las caídas fueron del orden de 10%. Por efecto de la pésima gestión gubernamental de los conflictos sociales.
En este contexto de fuerte incertidumbre y elevación de tasas de interés, las empresas peruanas vienen mostrando una menor demanda de créditos y un deterioro de su calidad crediticia. El Perú necesita contar con un plan económico de contingencia que evite una eventual ruptura de la cadena de pagos y de un equipo ministerial sólido, capaz de aplicarlo con solvencia. No hay peor crisis económica que aquella que priva a las empresas del acceso al crédito, porque suele desatar una ola irrefrenable de desempleo que agudizaría la pobreza y el malestar social.
[1] A nivel de Presupuesto Inicial Modificado (PIM), nunca antes el Ejecutivo tuvo tantos recursos en sus manos como los asignados en 2020 y 2021 (S/ 184.297 millones y S/ 183.030 millones respectivamente, en soles constantes de 2021), con variaciones de 13,1% y 12,5% respecto a 2019. A nivel de Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) el Congreso aprobó un gasto de S/ 194.790 millones (en soles constantes de 2021), que equivale a una expansión de 6,4% respecto a 2021. Sin embargo, cada año el PIM eleva el PIA en aproximadamente 22,6%, lo que significa que el gobierno se alista a realizar un festín preelectoral con un techo de gasto récord histórico que bordearía los S/ 240 mil millones. Véase Jorge Chávez Alvarez, “Presupuesto 2022, populismo y cutra”. Alerta Económica 07/12/2021. Portal económico de MAXIMIXE. www.alertaeconomica.com
