En nuestra entrega de la semana pasada, con ayuda de nuestro modelo PREDICE analizamos la probabilidad de cumplimiento de las nuevas proyecciones de las cuentas fiscales para 2017 anunciadas por el MEF en su Informe de Proyecciones Macroeconómicas (IPM) y que contempla una elevación del déficit fiscal de 2.5% a 3.0% del PBI. Nuestra conclusión fue que con una alta probabilidad el déficit fiscal sea superior al 3.0% si el gobierne cumple con sus objetivos de gasto contemplados en el Plan de Reconstrucción. En esta entrega analizamos, con mayor detalle las proyecciones de los ingresos corrientes del sector público que consideramos es el punto débil de las proyecciones del MEF.
Esta semana fueron publicados los resultados de las cuentas del sector público para el mes de abril. Estos resultados confirman la caída de la recaudación en la mayoría de los impuestos. En particular, los resultados de la regularización del impuesto a la renta revelan una caída en términos reales de 19% en relación a la del año pasado. En lo que va del año los ingresos tributarios en términos reales han caído 6.8%. En el Gráfico 1 se presentan los ingresos corrientes acumulados de los últimos 12 meses del gobierno general (ministerios más gobiernos locales) para el periodo 2015 – 2017. Los datos hasta abril de 2017 son los publicados oficialmente por el BCRP. Para el periodo mayo – diciembre, son proyecciones del modelo PREDICE. Hasta el mes de abril los ingresos tributarios venían cayendo y se espera que lo continúen haciendo hasta mediados del año.
Los ingresos no tributarios (contribuciones a ESSALUD, royalties, y otras tasas) se han recuperado en el primer trimestre como consecuencia del aumento de la producción minera (mayores royalties y transferencias de dividendos de FONAFE) y se espera que continúen creciendo en lo que queda del año aunque a tasas decrecientes.
La combinación de los ingresos tributarios y no tributarios permitirá una recuperación de los ingresos totales en 2017 para cerrar el año en un nivel cercano a los 125,000 millones de soles. Sin embargo, esta cifra es inferior a la proyectada por el MEF en su IPM (130,000 millones).
Las proyecciones del MEF se basan en un resultado exitoso de la ley de repatriación de capitales que contempla un impuesto a la renta de los capitales repatriados de 7% y de 10% de los capitales declarados pero no repatriados. Utilizando la experiencia con similares leyes implementadas en Chile y Argentina, el gobierno estima recaudar alrededor de 1,000 millones de dólares equivalentes a 0.5% del PBI. Estimamos que debido a la poca garantía que ofrece la reglamentación de la ley respecto al sigilo tributario, el resultado será inferior al alcanzado por otros países de la región. Nuestro pronóstico es que los resultados estén alrededor de los 700 millones de soles en lo que resta del 2017. Este supuesto lo hemos incorporado a nuestro modelo PREDICE en el rubro Otros Tributos (ver Gráfico 3).
El plan del gobierno también contempla una amnistía de los intereses y moras de las deudas tributarias y una reducción significativa de las devoluciones del IGV originadas por los proyectos mineros. Estos supuestos también han sido incorporados a nuestro modelo. En el Gráfico 2 se presentan los ingresos del gobierno central desagregados en los tres principales impuestos: renta, impuestos aduaneros e IGV. En el caso del IGV hemos considerado el monto recaudado neto de las devoluciones. Observamos que en los cuatro primeros meses del año estos impuestos han continuado su tendencia decreciente, aun en términos nominales. Para lo que resta del año, nuestro modelo proyecta una recuperación de estos tres impuestos pero que estimamos no será suficiente para recuperar los niveles registrados en el año 2015. La situación es más grave en el caso del IGV y el impuesto a la renta por que estos dos impuestos constituyen el 80% de la recaudación tributaria del país.
Ante esta situación el gobierno ha tenido que recurrir a medidas extraordinarias para compensar la caída de la recaudación. A las ya mencionadas medidas de amnistía tributaria y la ley de repatriación de capitales, el gobierno transfirió las utilidades del FONAFE (S/ 700 millones) y el producto de la ejecución de la garantía del Gasoducto Sur Peruano (S/ 863 millones) a las cuentas del gobierno. Estas transferencias sumadas a la recuperación de los royalties mineros han permitido la recuperación de los ingresos no tributarios (ver gráfico 1).
En el Gráfico 3 se presentan los restantes componentes de los ingresos tributarios del gobierno general: (i) impuesto selectivo al consumo (ISC); (ii) otros tributos; y (iii) tributos cobrados por los gobiernos locales. Observamos que tanto el ISC como los impuestos cobrados por los gobiernos locales mantienen su tendencia creciente observada en los primeros meses del año. Esto es consecuencia del ajuste de las tasas registradas el año pasado en el caso del ISC a los combustibles y cigarrillos y las tasas del impuesto predial realizadas a inicios del 2017.
En el caso de Otros Tributos el fuerte incremento proyectado por el modelo refleja el efecto de la ley de repatriación de capitales y la amnistía tributaria anunciada por el gobierno. En el caso de la amnistía tributaria, el plazo para acogimiento vence a fines de julio de 2017 pero debido a que la amnistía está sujeta al régimen de fraccionamiento especial (FRAES) su impacto en la recaudación se verá a lo largo de los meses que dure el fraccionamiento. En el caso de la repatriación de capitales el plazo para acogimiento vence el 29 de diciembre de este año y por lo tanto también su efecto será parcial en el 2017.
Las proyecciones del modelo PREDICE indican que los ingresos estimados por el gobierno en su Índice de Proyecciones Macroeconómicas esta sobreestimadas en alrededor de 5,000 millones de soles equivalentes a alrededor del 0.6% del PBI. Por lo tanto, para poder cumplir con su meta de déficit para este año de 3% del PBI el gobierno tendría que recortar gastos equivalentes a 0.6% del PBI. Este nivel de recortes tendría que provenir mayormente de los gastos de inversión pública lo que significaría un menor ritmo en las obras de reconstrucción.
Resta saber si el gobierno opta por suspender las obras para los Panamericanos y la refinería de Talara para evitar reducir el ritmo de las obras de reconstrucción u opta para tener un mayor déficit fiscal que implicaría un mayor crecimiento de la deuda pública total.
