El Estado solo interviene en la pesquería peruana dando el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control administrativo, biológico y de protección. Las medidas comúnmente aplicadas son: las vedas, las cuotas, limitaciones al tamaño mínimo, vigilancia y control de las actividades acuáticas entre las principales.
La administración pesquera vigente no considera aspectos de inclusión social ni de alimentación nacional en su marco normativo.
Aparentemente la tesis peruana es que la seguridad alimentaria no necesita (y por tanto no existe) una política pesquera, pues el mercado u otros sectores, se hacen o deberían hacerse cargo de ella.
La exportación de nuestros recursos pesqueros es más atractiva por los beneficios tributarios que se derivan de ella para los exportadores, así como por las dificultades que ofrece el mercado nacional que carece de similares estímulos y adolece de falta de infraestructura de distribución y de frío. Por tanto es posible hablar de la existencia de subsidios a la exportación pesquera en detrimento del mercado interno.
Si bien es cierto que la selección de mercados es una decisión empresarial, también es cierto que el Estado no debería ser ajeno al tema, ya que la alimentación popular es una obligación de la cual no puede evadirse. En tiempos del coronavirus, la necesidad de alimentación a los sectores más vulnerables cobra mayor importancia.
Es importante tomar en cuenta que aunque el Perú tiene una participación importante en la explotación de recursos pesqueros a nivel mundial, esta no aporta los beneficios que merece la población peruana. El hecho es que, en nuestro país, una parte considerable de la población continúa con bajos niveles de consumo y de acceso a los alimentos, con la consecuente persistencia de niveles de desnutrición. El Perú posee una importante población hambrienta nadando en un mar de proteína abundante.
Es éticamente imposible negar esta realidad, ante una de las características más espeluznantes de la estructura pesquera nacional: la coexistencia del hambre y la desnutrición con la exportación de nuestros productos alimenticios hidrobiológicos.
¿Es moralmente correcto usar nuestros recursos naturales que se destinan a la alimentación para atender necesidades de otros países, antes que privilegiar los requerimientos a veces dramáticos, de nuestra población, en especial la infantil?
¿Es ético llevar la extracción de nuestros recursos pesqueros a límites peligrosos para la sostenibilidad del ecosistema, para atender necesidades de alimentos para otros países mientras nuestra población sufre carencias poniendo en riesgo el futuro de nuestras generaciones venideras?
¿Se justifica la exportación porque trae divisas (que no son propiedad del Estado sino del exportador) mientras no se prioriza la alimentación nacional y no se protege la fuente de alimentos marinos para las futuras generaciones de peruanos?
¿Podrían coexistir ambos mercados? Creo que sí pero para ello se requiere de un trabajo conjunto entre la autoridad de pesquería y la industria y la pesca artesanal. Se pueden diseñar fórmulas para atender todas las necesidades sin entrar en conflicto, utilizando prioritariamente la anchoveta y la pota. Sin embargo ello implica la existencia de voluntad política y liderazgo con visión de largo plazo.
El mercado no puede resolver el problema de la desnutrición y anemia infantil en el Perú.
Hay una imposibilidad para acceder a los alimentos por parte de amplias poblaciones que no pueden pagar los precios actuales y que no son objetivo de ventas tampoco. La solución no puede venir del libre comercio. El empresario privado optará siempre por vender sus productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa lógica de pensamiento siempre encontrará en la exportación un mercado dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos gourmet que satisfagan no necesariamente el hambre sino exigencias gastronómicas. El ciudadano pobre que solo requiere proteína barata tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado.
El Estado está llamado a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de políticas de inclusión y de desarrollo. La población rural dispersa en condición de pobreza se encuentra ubicada en zonas alejadas de difícil acceso, constituyendo el principal problema para el abastecimiento de pescado, siendo la escasa oferta el otro problema.
Los bajos ingresos de la población rural pobre, no le permiten acceder a productos pesqueros, los que se han convertido en exclusivos de las poblaciones con mayores recursos económicos. El incremento de la demanda como consecuencia de una campaña de promoción de consumo irracional ha elevado los precios y reducido la oferta. El recurso pesquero no aumenta en función de la demanda, sino que generalmente sigue el camino inverso.
En dicho contexto, la actual orientación del Programa “A comer pescado” que lleva a cabo el Ministerio de la Producción, dirigido a promover el consumo de pescado en forma general, sin precisar especies objetivo, es irresponsable. Sin conocer el estado de salud de las respectivas biomasas, se está estimulando la extracción sin base científica de límites de captura, aumentando la presión sobre especies, poniéndolas en riesgo y elevando su costo a niveles que las poblaciones necesitadas no pueden pagar.
La orientación debida de dicho programa, debiera ser fortalecer la ingesta calórico-proteica de la población rural dispersa en condición de pobreza, incrementando el consumo de recursos ícticos susceptibles de ser promovidos, como la anchoveta y la pota, de manera sostenible y promoviendo la participación del sector pesquero artesanal en la extracción, procesamiento y comercialización de estos productos.
Es necesario implementar un programa social que contribuya con la seguridad alimentaria nacional en la mejor forma posible, yendo más allá de políticas que obedecen a una voluntad y marketing político irresponsables. No se requiere promoción del Estado en sectores de la población que tienen acceso a la adquisición de productos hidrobiológicos, sino apoyo social a las áreas vulnerables.
Para apoyar con éxito la erradicación de la desnutrición, se requiere de Proyectos/Programas innovadores. El programa debe fundamentarse en la necesidad de crear un mercado como responsabilidad del Estado y en el fortalecimiento de capacidades que permitan convertir la atención de ese mercado en un negocio rentable, generando empleo y riqueza, lo que lo hace sostenible en el tiempo.
Si es responsabilidad del MIDIS o de PRODUCE, es irrelevante en un escenario donde ninguno de ellos actúa con eficacia sobre el manejo de la anchoveta principalmente. Así como PRODUCE se convierte en articulador y transmisor de requerimientos sociales y tributarios de algunos gremios, con mayor razón debería liderar la promoción del consumo de anchoveta.
