El proyecto de ley general de pesca no fue aprobado en la comisión de Producción del Congreso. Hubo quienes apoyaron la propuesta y otros que se opusieron. En este juego ganará siempre el político más hábil, no necesariamente el que tenga mayores razones o mejores argumentos.
En consecuencia, parece que esta administración no tendrá la obligación de reglamentar la ley, en vista de que las probabilidades de que en la próxima legislatura se apruebe son inciertas.
Quien más perdió fue el país, que seguirá por un tiempo más, con una ley antigua y obsoleta. Lo que debemos apreciar es que nadie ha defendido los intereses de los ciudadanos peruanos que no pertenecen al sector pesquero; pero que son los legítimos propietarios de los recursos hidrobiológicos con los cuales unos y otros lucran.
No se ha apreciado una agenda que privilegie los intereses del país y de sus mayorías, sino una pelea por la defensa de intereses de parte.
La elaboración la Política Nacional de Pesca, que va por un camino separado, ya que es un documento elaborado por el PRODUCE no genera debate público y será aprobada por Decreto Supremo, lo cual no hace necesariamente vinculante al documento. No es una ley.
Cuando sea aprobada, tampoco hay garantías de que será efectiva y debidamente cumplida, ya que se trata de un Decreto Supremo y los antecedentes nos muestran que, si un Decreto de Urgencia, que es una norma de superior rango y jerarquía equivalente a una ley no se cumple, ¿qué garantías hay de que la Política Nacional de Pesca se cumpla e implemente? Me refiero al DU 015-2020 que dispuso la reorganización del IMARPE y que fue ignorado por el anterior gobierno y por el actual. Todas la OPDs y el propio ministerio han tenido movimientos de funcionarios y designación de nuevos, excepto el IMARPE, al cual solo se le designó a una nueva jefe de la Asesoría Jurídica y se encargó las funciones de Presidente del Consejo Directivo sin respetar la normatividad vigente. ¿Por qué se ha dado esta especial situación en la entidad sin que medie explicación alguna, estando de por medio un Decreto de Urgencia?
Al final, la pesca peruana seguirá en más de lo mismo, conceptuada como un importante aporte al PBI, a las exportaciones, al empleo y a los intereses de los que laboran en el sector y los intereses de las mayorías y de la alimentación nacional seguirán jugando un papel secundario o irrelevante.
Cuando se trata de los recursos naturales, en general, la sociedad civil no participa ni tiene representación, siendo que todos los peruanos somos los propietarios de los mismos. Se legisla solamente en función de las partes que intervienen en la explotación, sin considerar a la Nación.
El pueblo peruano no sabe cómo se deciden los usos de sus recursos pesqueros. Este desconocimiento es compartido por los medios de comunicación que, solo elogian el crecimiento del PBI y las exportaciones sin medir los alcances del aporte de la pesca al país en términos de derechos de pesca (que no todos pagan), del impuesto a la renta (que tampoco todos pagan) y la participación de la alimentación nacional. Se mide el consumo de pescado per cápita sin siquiera tener un fuente única de información, ya que el mismo Ministerio usa como fuente el método de la FAO en unos casos y la data del INEI, a través de la ENAHO, en otros. En ambos casos no se muestra con precisión cuántos peruanos no tiene acceso al consumo de pescado ni las razones.
Solo nos hacen creer que somos buenos porque exportamos mucho pescado en diversas presentaciones que hacen crecer el PBI, cosa que nada significa para el peruano corriente en términos de calidad de vida y bienestar. Las decisiones se toman a espaldas de los dueños de los recursos naturales, o sea todos nosotros.
En la historia de la pesca, probablemente los tomadores de decisiones nunca han considerado los intereses nacionales, sino tan solo los de los actores de la pesquería, animados por la indiferencia nacional y el adormecimiento de una Nación que se ha acostumbrado a ser explotada por políticos que carecen de decencia moral, intelectual y de ética, poniendo su destino en manos de lobistas que carecen de amor a la patria, aunque suene a frase trillada.
El sector necesita de una agenda y de cambios que lleven a una mejor gestión de los recursos en forma justa y equilibrada para todos.
