Las cifras entre el año 2003 (fecha de la creación del canon pesquero) y el 2014, que pueden verse en el siguiente link, reflejan una realidad que pasa desapercibida para el ciudadano peruano.
http://www.revistapesca.blogspot.pe/2015/12/la-pesca-en-el-peru-un-enfoque-desde-el.html
Se aprecia el monto total del valor FOB exportado, la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría (que representa el 2,55% del valor exportado) y la recaudación por derechos de pesca (que representa el 0,71% del valor exportado), aunque este último dato carece de información oficial visible. Solamente se le deduce a través de las transferencias efectuadas de canon pesquero.
Las exportaciones no pagan IGV por cuanto se les devuelve ese impuesto, así que no se puede considerar ese tributo como un aporte de la industria pesquera.
La industria, en algunas de sus partidas arancelarias, ha recibido el drawback, que viene a ser una especie de subsidio, cuyas cifras oficiales no se encuentran visibles.
Tampoco hay información de las ventas al mercado interno que expresen con la misma precisión que las exportaciones, lo que se ha vendido en el país.
Por tanto este análisis podría mostrar ratios menos favorables para el país si se sumase la venta nacional a la venta al mercado externo. A mayor venta, menor ratio de participación por renta y derechos de pesca.
Debe sumarse al análisis el impacto ambiental que causa la industria y que se refleja en las bahías principalmente. Es evidente que habrá que hacer un gasto, en algún momento, para limpiar y descontaminar. No se sabe cuánto cueste hacerlo. ¿Quién asumirá el costo de dicha descontaminación?
En términos de contribución monetaria al fisco, y por consiguiente para el país, la perspectiva del ciudadano debe evaluar si el monto cobrado por el Estado para ser utilizado en beneficio de toda la ciudadanía del país es equitativo, adecuado, o justo. Si no lo es, amerita un análisis y la búsqueda de alternativas de mejoramiento.
El enfoque ciudadano puede dejar a otras organizaciones el análisis y discusión sobre aspectos técnicos y científicos propios de la pesquería. Debe más bien, preocuparse por su participación en la renta pesquera, considerando que es el propietario del recurso pesquero que está siendo explotado por una pequeña fracción de ciudadanos, los cuales deberían pagar un justiprecio por el derecho y el privilegio de lucrar con un recurso natural que, está siendo gratis en el caso de la pesca artesanal y muy barato en el caso de la pesca industrial.
La pesca artesanal no está obligada al pago de derechos de pesca. Pero si bien es cierto una parte de sus desembarques va a los mercados nacionales para consumo interno, también es verdad que otra parte va a las plantas congeladoras y enlatadoras que exportan sus productos. ¿Es correcto, y justo desde el enfoque ciudadano, que se exporten productos sin pago de derechos de pesca al igual que los productos que se venden en el país? Más allá de esto ¿no deberían pagar derechos de pesca, es decir el derecho a la extracción de un recurso natural del cual los 30 millones de peruanos somos propietarios, todos los pescadores que realizan esfuerzo pesquero?
Este enfoque también debe dirigirse a analizar los precios a los que se vende el pescado en el mercado nacional y los volúmenes que se encuentran disponibles para las poblaciones de la costa, de la sierra y de la selva. Siendo propietarios de los peces y siendo una de las pesquerías más grandes del planeta, debemos preguntarnos si la cantidad disponible de pescado alcanza para todos los sectores de la población y si sus precios son asequibles para las mayorías.
Un análisis objetivo, sin agresiones, debería conducirnos a la búsqueda de alternativas para hacer de la pesquería peruana una actividad más inclusiva y más justa.
Hoy no es inclusiva porque muy pocos se benefician, no es equitativa porque el país no es adecuadamente remunerado por el lucro que generan sus recursos pesqueros y es discriminatoria porque unos pagan derechos e impuestos y otros no pagan nada o pagan muy poco.
Las políticas públicas tienen que orientarse al ciudadano y a procurar mejorar su calidad de vida. Debemos preguntarnos y evaluar si hoy en día, en el caso de la pesca, el ciudadano peruano está recibiendo beneficios, cuáles son estos y cuántos lo están recibiendo.
En el período 2003-2014, se han desembarcado, o se ha extraído, casi 81 millones de toneladas de productos pesqueros de acuerdo al cuadro que se muestra en el link mencionado. El canon pesquero existe solamente desde el 2003.
Cuando se ve, desde la perspectiva de la renta y del ciudadano, que todos los desembarques para consumo humano directo, o sea casi 13 millones de toneladas, no han pagado derechos de pesca porque la norma así lo permite, surge el tema planteado en relación a enfocar la pesca desde la perspectiva ciudadana no pesquera. Esto porque el recurso natural no es propiedad de los pesqueros, sino de todos los peruanos. Si fuese una actividad y/o industria que no emplea un recurso natural, este análisis sería innecesario.
Si además el vendedor del producto pesquero es informal, o sea que no paga renta ni IGV (porque la venta de pescado fresco está exonerada), estamos ante una situación discriminatoria e injusta.
El hecho es que un grupo de ciudadanos extrae nuestros peces del mar a precio muy barato y otro grupo lo hace gratis, sin pagar nada. Este estatus excluye a la mayor parte de ciudadanos del país del beneficio de la pesca, porque tampoco disponemos de pescado abundante y barato para nuestra alimentación.
