Tradicionalmente los servicios de infraestructura siempre han sido proporcionados por el Estado o por empresas públicas. Sin embargo, muchas veces, los resultados han derivado en una deficiente calidad de los servicios y niveles bajos de eficiencia operativa.
Con el objetivo de flexibilizar las finanzas públicas, en los últimos años, los Estados han implementado diversos regímenes de colaboración publico- privada (app) con la finalidad de mejorar la cobertura y el funcionamiento de las infraestructuras, lo que ha permitido canalizar recursos financieros del sector privado e implementar elevados estándares de servicios de la infraestructura para hacer más eficiente la gestión y operación de las mismas.
Es así que, para evitar que las crisis económicas, como la que estamos atravesando por la pandemia COVID-19, generen una deceleración en la provisión de infraestructura pública, desde hace unos años los Estados de diversas partes del mundo, principalmente los Estados de países considerados emergentes como el Perú, vienen implementando diversas fórmulas de gestión y financiación privadas.
Para lograr que el ritmo de inversión pública se mantenga sostenidamente, se requiere que en todos los estamentos de la administración pública la programación de mediano plazo de la inversión en infraestructuras de todo tipo, productivas y sociales, sea el eje central para la toma de decisiones para el diseño y desarrollo de políticas, programas y proyectos de infraestructura. Asimismo, se requiere que la selección de proyectos, el diseño institucional y el diseño de los contratos de concesión consideren la evaluación del impacto económico de las decisiones.
De la misma manera, para lograr el interés del sector privado y los financiadores en los regímenes de colaboración público-privada (app), se requiere que los Estados propicien un clima favorable a la inversión privada, de tal manera que los financiadores no sigan endureciendo sus condiciones de financiación, tales como (i) mayor preferencia por proyectos sin riesgo de demanda (proyectos de pago por disponibilidad); (ii) menor apalancamiento de la inversión como porcentaje de la financiación sobre ésta última; (iii) exigencia de garantías a los accionistas de los vehículos de propósito especial (SPV) creados para el desarrollo de la concesión, (iv) mayores intereses y coberturas swap; (v) disminución de los plazos de financiación; y (vi) endurecimiento de los ratios de cobertura.
Post cuarentena, tras haber aplicado el gobierno del Perú medidas económicas por más de S/ 90 mil millones (equivalente al 12% del PBI), no cabe duda que para el desarrollo de los proyectos bajo régimen de colaboración público- privada (app) en cartera en Proinversión y en los estamentos del gobierno nacional y regional, orientados a reducir la brecha de infraestructura pública al 2032, tales como proyectos de transporte público masivo de pasajeros, sistemas de provisión de servicios de salud, infraestructuras de afianzamiento hídrico y otras infraestructuras para la provisión de servicios públicos, la capacidad de cofinanciación del Estado peruano se verá reducida, por lo que el sector privado tendrá el reto de financiar la mayor parte de la inversión, por tanto éste último podrá volver a ser protagonista en el desarrollo de dichas infraestructuras.
Para garantizar que la brecha de infraestructura contribuya a elevar la competitividad del Perú, se requerirá que el Estado peruano no renuncie a su función de marcar el derrotero de qué infraestructuras deban desarrollarse, y de ellas cuáles con la participación del sector privado, incluyendo la modalidad de participación que genere más beneficios económicos y sociales. Es decir, deberá definirse en qué tipos de infraestructura se requiere que el sector privado se comprometa desde el diseño, para luego ir a la financiación y a la operación, y en qué casos se requerirá que, dadas las ventajas naturales de éste, sólo se involucre en la gestión de las infraestructuras.
Asimismo, el Estado peruano, para garantizar la efectiva rentabilidad económica y social esperada para elevar la ansiada competitividad que permita al Perú ingresar al grupo de OCDE en años venideros, deberá establecer estándares de servicio adecuados para la gestión de las infraestructuras con participación del sector privado que deriven en servicios de la más alta calidad, accesibilidad y cobertura. Asimismo, se requerirá también de políticas sectoriales a las que debe sujetarse la participación del sector privado en proyectos bajo régimen de colaboración público- privada (app) en proyectos de salud, transporte y educación, para asegurar en estos servicios clave un alto impacto en beneficios económicos y sociales.
