La nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) se alinea con los principios de gobernanza pública de las APP de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura.
Indicó que el Perú suscribió con la OCDE un Programa País y está tomando las mejores prácticas de gobernanza pública en materia de APP, que tiene tres principios que se han plasmado en el Decreto Legislativo N° 1224: i) marco normativo transparente, claro y preciso; ii) principio de valor por dinero; y, iii) prácticas y registros presupuestarios claros, con una visión de los riesgos fiscales que se asumen y procesos transparentes de licitación.
“Estamos trabajando por el mediano plazo del país, para dejar un marco más ordenado, y para tratar de asegurar que el nuevo gobierno que ingrese en siete u ocho meses encuentre un proceso que le permita avanzar más rápido vía APP, pero sabiendo también cuáles son los objetivos y los riesgos que el Estado está tomando”, manifestó.
Segura inauguró el Seminario Internacional “Retos en la Legislación de Asociaciones Público Privadas: Camino a la OCDE”, que congrega a expertos nacionales e internacionales para analizar la legislación peruana en materia de APP.
Recordó que el gobierno ha venido trabajando una serie de normas para promover y agilizar las inversiones, y recientemente se emitió el Decreto Legislativo N° 1224, del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante APP y Proyectos en Activos, que tiene por objetivo ordenar y simplificar el marco normativo.
“Hace cinco años los compromisos por pagos de APP eran menores a 5%; actualmente, entre proyectos en marcha y en proceso de desarrollo estos compromisos se acercan al 20% de los presupuestos de los sectores”, consideró.
Remarcó que estos compromisos no se diluyen porque, a diferencia de la obra pública que tiene una vida media de dos a cuatro años de construcción y luego sale del balance público, en el caso de las APP el ingreso de nuevos proyectos es continuo y se quedan en el balance público por 15 años en el caso de los compromisos de capital, y 30 años para la operación y mantenimiento, por lo que se debe trabajar de manera ordenada y responsable.
Agregó que las APP tienen el objetivo de continuar trabajando en conjunto los sectores público y privado con reglas claras y promotoras, pero también para ello se requiere tener claro cuáles son los compromisos que se están asumiendo como Estado.
“Todos queremos tener proyectos que caminen de manera fluida, en los que se minimicen las controversias en adelante, y eso no significa prohibir nada, sino crear las condiciones para que, por ejemplo, exista una mayor estandarización de contratos y reglas claras”, dijo.
Segura refirió que los recursos del país deben ser utilizados de la manera más eficientemente posible. Entonces, los cambios introducidos por el Decreto Legislativo N° 1224 buscan que se genere un pensamiento estratégico a nivel del Estado que permita definir cuáles son los proyectos que se impulsan, y eso se haga de manera clara, transparente y predecible.