Soy consciente que la gestión de la administración anterior incrementó las trabas que ya existían para realizar inversiones privadas y públicas, generando que procesos burocráticos sean aún más engorrosos, afectando la competitividad, el clima de confianza y el desarrollo económico del país.
Reactivar la economía es una necesidad imperiosa para el país y que el Gobierno acertadamente lo está encarando y; una de las principales acciones es la de destrabar los grandes proyectos entre los cuales están los del sector transportes que, por su magnitud cobran una gran importancia.
Apoyo dicha intención y todos debemos colaborar para llegar a buen puerto, inclusive a la misma Contraloría General de la República que, por sus intervenciones – no siempre acertadas – contribuyen a una situación de temor que afectan el proceso de toma de decisiones, la misma que obliga a que los funcionarios soliciten opiniones de otras dependencias para sustentar su gestión, retrasando de este modo las inversiones públicas.
Comprendo que destrabar los proyectos es una labor titánica, máxime cuando no se cuenta con los recursos competentes. Por ejemplo en el 2012 propicié la Ley para facilitar los procesos para las expropiaciones de los predios, la misma que fue aprobada después de más de un año de gestiones. Ello iba a permitir que una vez identificados y tasados los predios, el Estado podría disponerlos en treinta días, haya o no acuerdo económico. En los casos de discrepancias, ésta se solucionaba posteriormente a través de otro proceso que no debería perjudicar al propietario; pero de esta manera el desarrollo del país podía continuar.
Sin embargo, hoy lamentablemente vemos que no es así, las autopistas de la Panamericana, el aeropuerto Jorge Chávez, la Línea 2 del Metro de Lima, entre otros continúan en espera de la entrega de los terrenos para ejecutar las inversiones. Estas ineficiencias, significa mayores costos y mayores riesgos, por lo cual las empresas asumen esos costos y riesgos y; por lo tanto, los consideran en sus propuestas económicas, haciendo de esta manera más onerosos las concesiones y las tarifas, tarifas que los ciudadanos tenemos que pagar.
Ante dicha situación, existe un gran riesgo que el proceso de destrabar los proyectos, los problemas del día ocupen el 100 % del tiempo de la Alta Dirección del Ministerio y; la promesa de modernizar el Estado y que éste estará al servicio del ciudadano, se quede sólo en eso.
La importante brecha de infraestructura de transporte, el caos en el transporte; las muertes, heridos y daños materiales por los accidentes de tránsito, los problemas en el otorgamiento de las licencias de conducir y la corrupción existente en el sistema, la carencia de un sistema de planificación multimodal que origina – como ejemplo -, que se amplía un puerto y no se construye su acceso, creando un problema de congestión y de pérdida de competitividad; la designación de funcionarios que no reúnen los requisitos de las necesidades del Ministerio, entre otros aspectos demuestran la imperiosa necesidad de re estructurar el MTC y de hacer reformas normativas importantes.
El enfoque basado en procesos, que vengo promoviendo desde los fines de la década de los noventa para el diseño de la estructura orgánica de una dependencia, el mismo que se logró implantar en OSITRAN con éxito y que logró solucionar el desorden que había en esta Institución en el 2002. Hoy en PROTRANSPORTE se está en proceso de implementación, habiéndose definido sus roles e identificado los procesos que permitirán determinar los perfiles de los cargos.
El proyecto de un nuevo organigrama presentado para el Ministerio de Energía y Minas a finales de los 90 bajo dicho enfoque, abortó por el cambio de Ministro de ese entonces. El proyecto de la nueva estructura del MTC enmarcado en dicho esquema, fue aprobado por el Consejo de Ministros, después de haber pasado por el tamiz de todos los sectores incluyendo el de la Secretaría de Gestión Pública de la Oficina del Primer Ministro. Lamentablemente por decisión de alguien con mayor poder que tienen los ministros, impidió la publicación del decreto supremo correspondiente.
El Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021, tiene como objetivo específico el de Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y a las empresas, confirma que mi propuesta de hace más de dieciséis años estaba en la dirección correcta.
Uno de sus componentes de la Modernización de la Gestión Pública orientada a Resultados de dicha política, es la GESTIÓN POR PROCESOS que la define como, una gestión al servicio del ciudadano, NECESARIAMENTE DEBERÁ CAMBIAR EL TRADICIONAL MODELO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y MIGRAR HACIA UNA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS CONTENIDOS EN LAS “CADENAS DE VALOR” DE CADA ENTIDAD, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el ciudadano, dado los recursos disponibles. Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que trasforman una entrada o insumo (una solicitud de un bien o un servicio) en una salida (la entrega del bien o el servicio), añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores condiciones de calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros).
El enfoque basado en procesos para el diseño de una organización permitirá determinar los puestos y los perfiles de los cargos, facilitará la informatización de los procesos reduciendo de esta manera la corrupción y se podrá identificar a los responsables de los mismos. Es así que de esta manera, se deberá exigir que los directores tengan competencias directivas y condiciones de líder para poder dirigir a un equipo de especialistas. Los miembros del equipo que tienen habilidades y experiencias diversas, generarán sinergias que beneficiarán al país, porque habrá mejores normas y procesos de autorizaciones y de fiscalización.
Por ello, el MTC tiene abierto el camino para su modernización. Existe un Decreto Supremo que aprueba la política para ella, tiene el proyecto aprobado por un Consejo de Ministros de hace varios años con un enfoque de procesos y tiene la oportunidad de llevarlo a cabo, por ser un nuevo Gobierno.
Paralelamente a ello, considero que es conveniente generar un Proyecto para crear el sistema de planificación multimodal de la infraestructura de transporte, para convertirlo posteriormente como una Dirección General de Planificación que, por estrategia no fue creada en el Proyecto aprobado por el Consejo de Ministros.
Por lo dicho, destrabar los proyectos es imperativo; pero modernizar también es imprescindible para que al 2021, por lo menos tengamos un Ministerio moderno.
En mi blog, en mi artículo El Enfoque de Procesos para la Gestión Pública se explica con mayor amplitud su aplicación y los beneficios de esta metodología para la modernización del Estado.
