Durante la segunda semana de agosto, el sector pesquero ha tenido una atención poco usual por parte de los medios, los cuales usualmente no le dedican mucho espacio.
Ojo Público publicó dos artículos, uno sobre la concentración del círculo pesquero en el Perú, y otro que fue de alguna manera la respuesta de la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería con el artículo “pagamos un precio bastante razonable por extraer anchoveta”.
Luego, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental publicó un artículo sobre la Historia y balance de cómo se ha manejado la pesca de anchoveta en el Perú.Este último, entre otras cosas, trae a la memoria el proyecto de ley de creación de la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura (Sunapes) que fue presentado al Congreso por el gobierno anterior; pero que nunca fue aprobado.
Asimismo, la Revista Pesca ha publicado, en su página web, los tres documentos con algunos comentarios, los cuales pueden verse en los siguientes links:
Por otro lado, la designación del ex viceministro de Pesquería, Alfonso Miranda como vicepresidente de la CIAT, prestigia al Perú, aunque según algunos los empresarios privados no deberían ser funcionarios públicos y viceversa, lo que es una afirmación incorrecta.
Finalmente, el ministro de la Producción anunció que se está estudiando la restitución de incentivos tributarios a la acuicultura. El tema está vigente en Perú desde el año 2000 que se definió el desarrollo de la acuicultura como como un objetivo importante. Se promulgó una ley de promoción con incentivos y el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola para el período 2009 – 2021. Pero al no haber tenido mayores éxitos y haberse cambiado la ley en el gobierno anterior, parece que hay un problema o con el diagnóstico o con las medidas y acciones estratégicos porque la realidad es que no se consiguen los objetivos esperados.
Al acercarse el año 2018 se generan inquietudes en relación con el DL 1084, que fue promulgado en 2008 y que indebidamente se le conoce como la ley de “cuotas de pesca de anchoveta”. Técnicamente lo que hizo la norma es otorgar límites máximos de captura por embarcación. Estas varían anualmente en función a la cuota de captura anual, la cual es repartida entre las embarcaciones con permiso de pesca para anchoveta, de acuerdo a los procedimientos que establece la propia norma. No asigna derechos de propiedad, simplemente mejora la normatividad relativa a la extracción.
La primera disposición final congeló por diez años el monto a pagar por derechos de pesca de anchoveta, o sea hasta el 2018 si se interpreta debidamente la norma. No hay, por otro lado, una claridad expresa en cuanto a la duración de esta repartición de límites de captura por embarcación. Algunos interpretan que la norma cesa su vigencia a los diez años y otros dicen que ello está en función a las fechas los convenios de estabilidad que se fueron estableciendo.
La norma dictada incluye la creación de un aporte social de las plantas procesadoras, de US$1.95 por TM de pescado descargado que, se estimaba rendiría US$140 millones en 10 años, para construir un fondo que permitiese dar un beneficio a quienes se quedaron sin pensión. Se venía recaudando a través de un fideicomiso en el Scotiabank, el mismo que fue transferido al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) por mandato de la Ley N° 30003, que establece que este aporte social constituye un recurso del Fondo Extraordinario del Pescador – FEP cuyo objeto es financiar la Pensión de Rescate Complementaria, la Transferencia Directa al Ex pescador y el Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores Pesqueros, los que deben ser administrados por la ONP.
Al mes de abril de 2017 el aporte de los US$1.95 sigue vigente pues la norma no ha sido derogada, sin embargo, su recaudación NO se puede realizar desde febrero del 2014 puesto que se cerró el fideicomiso y no se ha emitido ninguna norma que establezca el procedimiento para continuar depositando los aportes, ni dónde hacerlo.
La industria no se ha negado a contribuir con el aporte, sino que sencillamente se cambió la norma y ningún funcionario se dio cuenta de que se creaba un vacío que impediría seguir realizando el aporte, situación que sigue sin ser resuelta a la fecha.
La norma, además, prohibió despidos y permitió incentivos para quienes desearon renunciar o adelantar su jubilación. También creó un sistema de rotación para los tripulantes. De otro lado, creó un Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero (Foncopes), financiado al 100% por el sector pesquero, que aportaría hasta S/. 270 millones en los siguientes diez años.
Como fuese, el año 2018 se presenta para la pesquería de anchoveta, con polémicas interesantes que debería introducir algunas mejoras en el DL 1084 y actualizar lo necesario, como el aporte del US$ 1.95 por TM de anchoveta descargada.
El monto que se paga actualmente por derecho de pesca será, probablemente, el detalle más controversial del debate durante los meses venideros.
Un balance de los resultados del DL 1084 en cuanto a sus resultados operativos, económicos y destino de los aportes creados, así como de la performance del Foncopes, sería conveniente. Más allá de pasiones y controversias, se requiere de un análisis objetivo y estrictamente técnico.
Toda idea nueva genera oposición, como ocurre con muchos cambios ocurridos en la pesquería peruana; pero si nos remontamos diez años atrás, podremos apreciar que algo está pasando. Algo nuevo está ocurriendo y es el visible mayor interés que la pesca despierta en la ciudadanía, en gran parte motivada por la incursión del tema en las redes sociales y por el periodismo de investigación. Algo está germinando en las mentes de las nuevas generaciones del Perú. Algo que debería cambiar irreversiblemente al sector pesquero en los años por venir. Algo que debe tener el sustento y visión de una Política de Estado.
La industria reductora es una realidad y no debería ser objeto de ataque, pues no podría serlo. Deberá ubicarse en una justa dimensión de contribución a la Nación, legítima propietaria de los recursos naturales. Deberá basarse en un enfoque ecosistémico. Deberá ser una industria limpia que no contamine perjudicando la calidad de vida del poblador costero y seguirá existiendo, dentro de una justa y adecuada dimensión.
Las poblaciones costeras deberán organizarse y contribuir al esfuerzo. Su bienestar y el de las futuras generaciones dependen de lo que hagan o dejen de hacer hoy en defensa de su calidad de vida, de su sustento, y de la primacía de la realidad. Una realidad que nos impone el diseño de una Política de Estado integral, coherente y de largo plazo. Y voluntad y decisión políticas para llevar adelante un nuevo diseño estructural de la pesquería peruana, que priorice la alimentación nacional.
Solo entonces podremos vanagloriarnos de ser un país pesquero.
