Nuestra pesquería requiere de cambios que deben provenir, aunque tome tiempo, de la propia convicción de cada uno de los actores y participantes en la pesquería. La palabra clave es educación. Más allá de las normas y leyes, en un medio en el cual nadie puede controlar efectivamente el cumplimiento de las mismas, la mejor garantía de su cumplimiento, en especial las de protección al recurso y al ambiente, será cuando los actores del sector, asumamos conciencia de que detrás de la norma hay una lógica irrefutable y una necesidad incuestionable.
La educación y el cambio o introducción de un nuevo modelo educativo para el sector se torna cada vez más un imperativo y una urgencia.
La educación para el sector pesquero debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y tripulaciones. Debe ampliar su radio de acción a todos los trabajadores de la industria pesquera en tierra, a todas las comunidades de pescadores marítimos y continentales y difundir información a las poblaciones costeras y aledañas a ríos y lagos. Debe ir más allá de lo tradicional y educar en temas de protección al ambiente y a las poblaciones ícticas, debe incursionar en temas que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad compartida de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces como elemento clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, base de un educación imprescindible para alcanzar un alto nivel de desarrollo.
La pesquería sigue siendo conceptuada como fuente de riqueza vía exportación, negándonos a aceptar que primero debe ser fuente de alimentación nacional y luego ser usada como arma estratégica de negociaciones en un mundo que poco a poco se verá más inundado por el hambre.
Una pesquería sostenible solamente será posible cuando el país alcance el adecuado nivel de madurez cívica que le permita entender y aceptar que se requiere colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte.
El interés nacional requiere que se desechen los intereses económicos grupales y se privilegie la alimentación de la población nacional por encima de todo. Ello impone una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del ecosistema y del medio ambiente, de tal forma que se garanticen alimentos baratos para toda la población del país en forma prioritaria.