Según las palabras textuales de Mirtha Vásquez, causantes de un pánico minero financiero inusitado: «[las minas Inmaculada, Breapampa, Pallancata y Apumayo] no gozarán de ampliación alguna para procesos de explotación ni exploración. Por el contrario, el Estado les exigirá que sus actividades cesen con prontitud.» Anunciaba así el ocaso del orden institucional minero vigente y la instauración del capricho discrecional político para determinar qué minas podrán sobrevivir y cuáles simple y sencillamente serán aniquiladas.
Inmediatamente las acciones de Hochschild Mining se precipitaron perdiendo un tercio de su valor en la Bolsa de Valores de Londres. “Bienvenidas las inversiones” pregonaba muy suelto de huesos Pedro Castillo en la CADE, mientras parecía oírse un “vengan aquí para hacerlas polvo” como un eco despistado de su premier.
Para colmo, la ministra Vásquez, en un intento de recular lanzó un comunicado en el que adelanta que las fechas de cierre serán las del contrato de concesión original, ignorando el derecho que les asiste a las mineras de extender la vida útil de una explotación a través de nuevas reservas probadas resultantes de “exploraciones brownfield”, que puedan ser realizadas en paralelo a la explotación.
Si la ministra Vásquez tuviera legítimo apego al cuidado del ambiente, tendría que preocuparse por perfeccionar el sistema de multas y sanciones ante situaciones de contaminación del agua, en lugar de prohibir la continuidad de la minería formal, que está sujeta a incesantes supervisiones de la OEFA y se rige por exigencias muy altas de carácter ambiental, dentro de las cuales está el presentar un plan de cierre para poder iniciar operaciones, garantizando el cierre ordenado dada la vida útil de la mina.
Para garantizar el cierre ordenado de una mina el minero constituye garantías monetarias a favor de la autoridad competente, que permitan cubrir los costos de la rehabilitación y así evitar que surgan nuevos relaves que engrosen los pasivos dejados por las antiguas explotaciones mineras. De hecho, hoy en día gran parte de la contaminación del agua, de la cual se quejan con justa razón las comunidades, proviene de relaves antiguos que siguen depredando las cuencas.
Poner coto arbitrario a las explotaciones mineras formales servirá únicamente para incentivar su explotación ilegal e informal, para sustituir la legalidad por la ley de la selva, que no se atiene a ningún estándar ambiental.
Las minas suelen ser explotadas por décadas y hasta siglos. Mientras su período de vida útil se vaya ampliando, su fecha de cierre se va extendiendo. El cierre de una mina procede cuando ya no hay mineral para ser procesado o cuando, teniendo mineral, su costo de explotación resulta siendo muy alto, siendo inviable seguirlo desarrollando. No se cierra una mina porque su plan original contemplaba una fecha de cierre. Menos aún porque a un ministro equis se le ocurre. Los planes de cierre se actualizan anualmente en función a los nuevos hallazgos de reservas probadas.
Eso no significa dejar a un lado la preocupación por el ambiente y el riesgo de que alguna empresa minera formal incumpla las exigencias ambientales. Para ello está el sistema de multas y sanciones, el cual debería mejorarse buscando que genere los incentivos necesarios para que la empresa minera internalice los daños ambientales que puedan generar sus actividades de explotación.
Habría que sustituir la fijación de multas en función a la comprobación de que la empresa incurrió en una u otra falta administrativa. En lugar de ello, debería multarse y sancionarse en función al tamaño del daño ambiental generado por la cantidad de contaminantes emitidos y su impacto, asumiendo que una empresa minera es ambientalmente eficiente si tiene la habilidad para incrementar su producción sin dañar el ambiente.[1]
Además, para demostrar la seriedad de su compromiso ambiental, la ministra Vásquez tendría que empezar por combatir la minería ilegal, que evade de manera sistemática las regulaciones sociales y ambientales, que deforesta y causa erosión de suelos y genera residuos con alto contenido de sólidos en suspensión que son arrojados a los ríos. Una minería salvaje, que no aplica procesos de seguridad y es foco de alteraciones del ecosistema, prostitución y explotación infantil, con niños que son afectados severamente en su salud al estar en contacto con el mercurio y el cianuro.
Perú exporta aproximadamente 5 millones de onzas al año, de los cuales más de un millón son exportaciones ilegales. Se estima que esta actividad mafiosa genera anualmente utilidades por US$ 1500 millones y evade impuestos por US$ 500 millones.
Diversos estudios revelan que la mayor parte de estas exportaciones ilegales terminan en Suiza, donde se refina el 70% del oro del mundo. Sin embargo, en los últimos años se observa que países vecinos de Perú, como Bolivia, han aumentado sus exportaciones de oro, a pesar de producir muy poco, lo que sugiere la idea de que se trata de oro peruano extraído en Madre de Dios y desviado por contrabando hacia Bolivia. Las rutas del oro ilegal suelen cambiar permanentemente para evitar las interdicciones.
Buena parte de esta minería salvaje actúa de manera premeditada al margen de la ley, usurpan concesiones y terrenos de propiedad privada o del Estado, donde intervienen con maquinaria pesada y métodos tecnificados, mientras que otro sector trabaja sin maquinaria pesada. A la minería salvaje tecnificada no le interesa en lo más mínimo legalizarse, para no pagar impuestos y poder deforestar y destruir comunidades sin atenerse a límites. Compran la producción de los micro extractores mineros o artesanales, quienes mantienen una relación de dependencia a través de la facilitación de insumos y dinero.[2]
Bien haría la ministra Vásquez en abandonar su prédica populista anti minera, para asumir un rol de defensa verídica del ambiente y de apertura a una inversión minera que además de ser ambientalmente responsable, se atreva a realizar nuevas inversiones bajo un enfoque de generación de valor compartido, capaz de impulsar una rentabilidad económica y social cimentada en una minería sostenible que apalanque el desarrollo de la agricultura, la forestería, el turismo y otras actividades sostenibles comunitarias.
De insistir en su senda populista anti minera, la ministra corre el riesgo de que sea la propia población a la que ella ha recurrido para ganar popularidad, la que termine censurándola. De hecho, las comunidades del sur de Ayacucho (provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar de Sara Sara) acaban de pronunciarse exigiéndole que se retracte de su decisión de forzar el cierre de las minas Inmaculada y Pallancata, de propiedad de la Compañía Minera Ares (grupo Hochschild). Y le advierten que su postura, aparte de buscar un “lucro personal”, viene afectando las oportunidades laborales, educacionales y empresariales de más de 5,000 trabajadores y sus familias.
Además, en ese mismo pronunciamiento, desconocen a las personas que participaron en la “Mesa de Diálogo de Alto Nivel” que armó la ministra en su periplo anti minero por Ayacucho, y cuestionan su representatividad al señalar que esos acuerdos no se han puesto de conocimiento en sus comunidades campesinas.
[1] Para ello es necesario definir una frontera de posibilidades de producción eficiente, dada la tecnología. En términos cuantitativos, el costo de la contaminación ambiental minera puede estimarse a partir de los precios sombra de las externalidades ambientales negativas, las cuales corresponden a la pendiente de la proyección de una empresa minera sobre la frontera de posibilidades de producción, ésta última construida a partir de un conjunto de inputs y de outputs deseables (producción minera medida en dólares) y no deseables (contaminantes depositados en las fuentes hídricas). Véase Pedro Herrera y Oscar Millones, “¿Cual es el costo de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos en el Perú?”. Economía y Sociedad 79, CIES, marzo 2012.
[2] Jorge Chávez Álvarez, Lobby y minería salvaje. En Alerta Económica 12/10/2020. https://alertaeconomica.com/lobby-y-mineria-salvaje/
