A pesar de que ya está encima la fecha del cambio de mando del gobierno (28 de julio), persiste una elevada incertidumbre respecto a cómo será el manejo económico del virtual ganador de la elección, Pedro Castillo. Y esto es muy malo para el país, porque aumenta la volatilidad del tipo de cambio, los precios, la inversión, los ahorros, las reservas internacionales, etc.
En líneas generales, hay dos posibles escenarios de un gobierno de Castillo: un escenario radical y un escenario moderado. El primero asume la conformación de un gabinete de ministros radical, maquillado por la presencia de algunos miembros de Juntos por el Perú, cohesionado por el objetivo de convocar a una Asamblea Constituyente “refundadora del país” al estilo del régimen de Maduro en Venezuela o de Evo Morales en Bolivia, supuestamente con intención de perpetuarse en el poder.
Si bien Castillo ha desmentido en reiteradas ocasiones de que su gobierno vaya a seguir esa ruta “chavista”, su palabra no ha sido creíble hasta ahora para la mayoría de los empresarios y segmentos de la clase media. Esta falta de credibilidad contribuye al tremendismo y no se soluciona con anuncios tipo parche, como la posible permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva.
El segundo asume la conformación de un gobierno de ancha base, cohesionado por el objetivo de la recuperación resiliente de la economía y la salud de los peruanos, el cual podría aglutinar a fuerzas de centro y de derecha inclusive, como en alguna ocasión lo anunció el propio Castillo. Ello en reconocimiento tácito a que su mayor deuda electoral no es con el 18% que marcó el lápiz en primera vuelta, sino con el 33% de peruanos (ubicados en el centro del espectro electoral) que en segunda vuelta prefirieron votar por él antes que votar por Keiko, dado su anti – fujimorismo cimentado en los antecedentes anti – democráticos de ella y su padre.
La no aceptación del resultado electoral por parte de Keiko Fujimori, con argumentos de fraude insustanciales, tiende a favorecer el escenario radical, al exacerbar un clima de polarización que beneficia a Cerrón y su entorno, dejando sin piso al entorno moderado de Castillo y a la posibilidad de un gobierno de ancha base.
El negacionismo del resultado electoral no sólo quita legitimidad al resultado electoral en sí, sino que debilita el estado de derecho y la seguridad jurídica de los negocios. Porque se le está diciendo implícitamente a la mitad de la población, mayormente excluida de los beneficios de la bonanza económica pasada, que el juego electoral con respeto al veredicto del JNE, no rige para ellos sino sólo para los PPKs, Alanes, Lourdes, Keikos y demás portaestandartes del statu quo. Se les está diciendo, ustedes no son ciudadanos o sólo lo son en la medida que no ganen elecciones. Este negacionismo cebado con infantil entusiasmo por Keiko, Montoya y hasta Barnechea, corroboraría la tesis de Abimael Guzmán de que la única vía para la justicia social es por el sendero de la violencia y el terror.
Si Keiko hubiese aceptado su derrota y de inmediato se hubiese acercado a saludar al virtual ganador ofreciéndole su colaboración (al igual que todos los demás ex contendientes en primera vuelta), la institucionalidad democrática habría quedado consolidada. Castillo se hubiera fortalecido ante Cerrón y sus adláteres radicales, y hubiera podido negociar con todas las fuerzas un gobierno de unidad nacional.
Hemos caído en un círculo vicioso en el que las dos mitades en las que ha quedado dividido el Perú vienen siendo llevadas de las narices a un estado de guerra, de agudización de las contradicciones.
De un lado, Castillo todavía insiste en tirar al suelo los evangelios constitucionales que para la mitad del país tienen valor cuasi religioso (aunque se reconozcan necesarios remiendos y actualizaciones vía reformas constitucionales), mientras del otro lado todo vale para evitar que el profesor llegue al poder, o para que no pueda mantenerse en él. Desde la invención de un fraude, el intento de compra de miembros del JNE, la circense solicitud de una “auditoría internacional” a la OEA, pasando por la elucubración de un golpe militar y hasta la vacancia o lo que fuere.
Busquemos la moderación y evitemos más sangría de ahorros, inversiones paralizadas, dólar por las nubes y una inflación que viene galopante desde mayo, y que viene castigando sobre todo al bolsillo de los más pobres. Sólo como una muestra, el precio del aceite comestible ha subido (en términos interanuales) 16,2% en mayo y 24,5% en junio, la carne de pollo 29,9% y 35,7% respectivamente, los fideos 4,5% y 5,8%, el pan 2,6% y 6,3%.
Todavía estamos a tiempo de que ambas partes reaccionen y se sienten a una mesa a negociar un “Pacto de Estabilidad Económica y Política”, que contenga el mínimo común denominador mutuamente aceptable para permitir que el Perú sea gobernable durante los próximos 5 años y prosiga una senda de crecimiento sostenido con igualdad de oportunidades para todos.
De este pacto podría desprenderse la conformación de un gabinete de ministros que transmita credibilidad para ambos lados. Crucial será contar con un premier con capacidad de convocatoria y de negociación en el Congreso y el sector empresarial. Como también lo será contar con un ministro de economía que dé credibilidad y confianza a los inversionistas. La patria requiere urgentemente de este entendimiento.
