Sin duda alguna el problema número uno del Perú hoy en día es la falta de empleos dignos. Sin ellos es imposible superar la hambruna y la vulnerabilidad que azota a más de la mitad de nuestra población, menos aún se podrá vislumbrar un ‘pueblo peruano’[1] viviendo con bienestar. Por ello el Objetivo Central del gobierno de Pedro Castillo debe ser uno solo: Generar Empleos Dignos.
Este pueblo está constituido por más de 33 millones de peruanos, de los cuales, si bien hay 25 millones que están en edad de trabajar, sólo 17.8 millones están trabajando o buscando activamente trabajo.
En buen romance, sólo 16.8 millones de peruanos tienen ‘chamba’. En contraposición, 1 millón viene buscando chamba y no la encuentra, mientras que 7.4 millones no buscan chambear ni tienen chamba, sea porque no desean o no necesitan trabajar o porque se cansaron de andar buscando trabajo o ya no pueden asumir el costo de realizar nuevas búsquedas.
Buscar chamba tiene un costo y éste ha venido creciendo en los últimos años al desacelerarse la economía. En 2020 ese costo se elevó drásticamente con la pandemia, y en 2021 ha vuelto a elevarse por la incertidumbre política y el retroceso récord de la confianza empresarial. La probabilidad de éxito tras una cita de trabajo hoy es mucho más baja que hace un par de años.
El gran drama del empleo en el Perú es que del total de peruanos con chamba (16.8 millones), apenas 5.1 millones son trabajadores formales; es decir, que gozan de beneficios y condiciones de estabilidad laboral. Los 11.7 millones restantes son informales y sus puestos de trabajo dependen de la sobrevivencia de micro y pequeñas empresas (Mypes); muy vulnerables a los vaivenes del ciclo económico, dada su baja productividad y rentabilidad, y su bajo nivel de integración al resto de la economía.[2]
La tasa de mortandad de las Mypes es muy alta y se refleja en que sólo la mitad de ellas supera los 3 años de supervivencia en épocas normales. En situaciones de crisis su nivel de supervivencia baja, como sucedió en 2020 cuando el número de Mypes se redujo en 49%.[3] Peor aún, del total de 5.1 millones de trabajadores formales, sólo 3.6 son aportados por el sector privado, mientras 1.5 millones trabajan en el sector público.
Es evidente que la problemática del empleo no se solucionará con políticas de corte populista, como la repartición de bonos, que es un tipo de medida excepcional adoptada por los países en circunstancias extremas, como la de una cuarentena absoluta.[4] Ahora que las actividades económicas están normalizadas no se debe insistir en lo mismo, porque el costo de oportunidad de los recursos donados es muy elevado. Esos recursos pueden tener mejor destino refaccionando colegios, ampliando la red de agua potable, manteniendo caminos rurales, o proveyendo alimentos a las ollas comunes.
Es fundamental evitar repetir el tipo de políticas del primer gobierno de Alan García, de un keynesianismo naif que por esa época el destacado economista Rudiger Dornbush calificó de “política nodoxa”, para diferenciarla de las políticas ortodoxas fomentadas por el FMI y de las políticas heterodoxas exitosas aplicadas transitoriamente en Israel y otros países, para superar la trampa de la deuda y la estanflación.
La “nodoxia” parte de creencias tan firmes como inocentes, como aquella de que el déficit fiscal no importa, o que la inflación puede ser deseable porque contribuye al crecimiento productivo, o que se puede asegurar el pleno empleo simplemente aumentando la demanda agregada vía la ampliación de los ingresos de la población y el gasto fiscal.[5]
Lamentablemente en su último mensaje a la nación, el presidente Pedro Castillo anunció que pretendía reactivar la economía repartiendo S/ 5 mil millones a 13 millones de peruanos un bono de S/ 350, con la esperanza de generar 40.000 empleos. También anunció la transferencia de S/ 299 millones (74 millones de dólares), de un total de S/ 700 millones (175 millones de dólares) programados, para «iniciar la creación de 260.000 empleos. Así también, la reactivación de proyectos en proceso de ejecución por S/ 1.000 millones (250 millones de dólares), garantizando ejecutar S/ 400 millones (100 millones de dólares) hacia fines de año.
Para colmo de males, el cuestionado ministro de trabajo, Iber Maraví, ha planteado una batería de medidas de inspiración “nodoxa” extrema. Entre ellas destaca la prohibición de la tercerización de servicios por parte de empresas públicas y privadas. Ciertamente que la tercerización debe ser objeto de una mejor reglamentación que evite el abuso y la elusión de obligaciones laborales. Sin embargo, prohibirla para servicios conexos especializados significaría un aumento de costos injustificado y una pérdida de competitividad en muchos sectores, trasladable a los precios en un contexto de ampliación de la demanda vía ingresos y gasto fiscal.
Maraví también propone la reincorporación de los trabajadores estatales cesados y el aumento de las pensiones de la ONP, lo que implicaría elevar los costos del Estado en S/ 4.2 miles de millones, que habría que quitárselos al sector educación y salud entre otros. Así también plantea subir el sueldo mínimo, lo que terminaría por pulverizar la recuperación de las Pymes formales y aumentar la informalidad de las Mypes en el contexto de una economía empresarial azotada por la pandemia.
Como ya se ha visto, si las condiciones de la oferta no cambian; es decir, si no se dan las condiciones de estabilidad política y reglas de juego claras para impulsar la inversión privada y, si a la vez, las Mypes no elevan su productividad y se vuelven rentables a través de una estrategia integral de articulación a los demás eslabones de la economía, repartir plata con ventilador y transferir recursos a gobiernos regionales y locales colapsados por la corrupción y la ineficiencia, no generará más empleos sostenibles. Lo único que hará es impulsar más el alza de los precios.
Inyectar dinero en algunos segmentos de la población, sin un impulso competitivo de la oferta, provocará un aumento temporal de la demanda agregada que se detendrá cuando cese esa inyección. Canalizará los recursos productivos hacia empleos efímeros, que comienzan y acaban cuando termine la donación de dinero.
El modelo Keynesiano super simplificado utilizado por la “nodoxia” supone que los precios son rígidos a subir, por lo que un aumento imprevisto de la demanda agregada se reflejaría casi completamente en la producción y muy poco en los precios. Este supuesto equivale a sostener que el aumento de los salarios nominales es igual al aumento de los salarios reales.
El simplismo de la nodoxia nos transporta a un mundo sin inflación a corto plazo y, si a largo plazo surgiera una presión inflacionaria imprevista, qué importa porque los trabajadores aceptarían reducir sus salarios reales.
Pero es incompatible elevar el empleo adoptando medidas inflacionarias, peor aún en un contexto de incertidumbre política y desconfianza empresarial extrema, que se refleja en la depreciación del sol frente al dólar, que a su vez viene retroalimentando la inflación importada.
En agosto la inflación anual llegó a 4.95%, impulsada por la depreciación del sol frente al dólar, el alza del precio de los combustibles y los insumos alimenticios importados y el aumento de las tarifas de transporte marítimo. La tasa de inflación mensual fue de 0,98%, tras el 1,01% observada en julio; la más alta en 52 meses. De los 532 productos que componen la canasta familiar, 380 subieron de precio, mientras que sólo 80 bajaron y 72 no mostraron variación. En tanto, el índice de precios al por mayor creció 11.98%, lo que apunta a una mayor inflación en el resto del año.
Es necesario que el presidente Castillo realice un alto para evaluar, con la ayuda de un Consejo Consultivo Económico, las medidas anunciadas por él y sus ministros, a fin de darles coherencia en el marco de un verdadero “Plan de Recuperación Económica Sostenible y Generación de Empleo.” Aún está a tiempo de evitar la dilapidación de recursos y frenar la espiral inflacionaria.
[1] Es inapropiado aplicar el vocablo ‘pueblo peruano’ como si se tratara exclusivamente de la población andina (‘Perú profundo’). Ésta es ampliamente minoritaria y representa apenas el 27% de la población en 2021, según el INEI. El ‘pueblo peruano’ es pues el total de la población del Perú, en la cual reside la soberanía nacional.
[2] Alrededor del 70% de las Mypes tiene un solo trabajador; vale decir que son independientes o autoempleados, mientras que en el 20% trabajan 2 personas y en el 10% más de 4.
[3] El número de Mypes se redujo de 6.06 millones en 2019, a 3.11 millones al cierre del 2020; a niveles previos al año 2004.
[4] Cerca al inicio de la cuarentena, en el artículo de Jorge Chávez Alvarez, “Coronavirus: curación sin recesión”, Alerta Económica 23/03/2020. https://alertaeconomica.com/coronavirus-curacion-sin-recesion/, sustenté la necesidad de adoptar una batería de medidas atípicas o heterodoxas, justificadas por la súbita parálisis del aparato productivo a consecuencia de la cuarentena decretada por el gobierno.
[5] En“El Perú Heterodoxo”, de Daniel Carbonetto, César Ferrari, Oscar Dancourt y otros, se plantea el enfoque de política económica que desencadenó una de las mayores hiperinflaciones del mundo, acompañada de una hiper recesión. Véase el artículo de Jorge Chávez Alvarez, “Control de precios y otros maleficios económicos”, Alerta Económica 16/08/2021 https://alertaeconomica.com/control-de-precios-y-otros-maleficios-economicos/.
