Apenas a una semana de gobierno de Pedro Castillo las perspectivas económicas se han deteriorado. El nombramiento del gabinete de ministros y demás altos funcionarios ha dado una pésima señal, reflejada en el deterioro del riesgo país, que alcanzó su mayor pico en lo que va del año.
Si bien los agentes económicos aguardan que el PBI crezca 9% en 2021 por efecto de la normalización de las actividades económicas que fueron paralizadas por la pandemia, esta expectativa podría verse afectada por la desconfianza en la política económica del gobierno, que podría postergar o anular muchas decisiones de inversión.
La desconfianza es producto de la falta de credibilidad que proyectan las autoridades de gobierno. Su cambiante discurso, su ambigüedad para señalar cursos de acción y su falta de consistencia.
Hace unos días el premier Guido Bellido anunció que el gabinete ha conformado una comisión especial que alista medidas para enfrentar la depreciación del sol frente al dólar y la aceleración de la inflación. Sin embargo, el dólar se ha disparado superando los 4, 09 soles, no por otra cosa que no sea la falta de credibilidad que proyecta su premier y el resto de su gabinete, a pesar de la creciente intervención del BCR para amortiguar el alza. Esa comisión lo que tendría que recomendar es la remoción de la mayoría de los ministros y su reemplazo por profesionales idóneos en cada cargo. A no dudarlo esta sería la manera más efectiva de apaciguar al dólar y los precios.
La incorporación de Pedro Francke al MEF no ha ayudado a revertir la desconfianza. Los empresarios no le creen, pero lo prefieren frente a cualquier lugarteniente de Cerrón. Si el dólar no se dispara a 5 o 6 soles es porque los agentes económicos están a la espera de saber cómo será la confirmación del directorio del BCR. Un directorio mayoritariamente manipulable políticamente por Cerrón haría estallar las expectativas inflacionarias y recesivas. La consecuencia esperada sería una estanflación aguda: recesión con inflación galopante. En una situación así el gobierno se vería tentado a congelar y controlar los precios.
Bellido también dijo que el gobierno quiere que el Estado participe como socio de empresas privadas en la explotación del gas natural y centrales hidroeléctricas. Lo cierto es que el gobierno no sabe a ciencia cierta lo que quiere en materia energética y ya se ve que su velocidad de aprendizaje será muy lenta, si no cuenta con gestores de primer nivel.
El gobierno de Pedro Castillo no puede aspirar a que el pueblo se beneficie con más oportunidades de empleo, mientras Vladimir Cerrón continúe manejando las riendas del gobierno y torpedee diariamente la credibilidad del gobierno con mensajes de guerra contra los limeños, los empresarios, “los criollos”, “los caviares” y “la derecha”.
Ese discurso sustentado en una lectura sectaria de la realidad divide a los peruanos en lugar de unirlos. Los polariza y siembra terror no sólo en las grandes empresas sino en la enorme masa de emprendedores. En consecuencia, se retrae la inversión y se propicia la fuga de talentos. Los jóvenes más talentosos ya están buscando mejores horizontes en otros países.
La inversión nacional y extranjera (que ya está en un nivel histórico muy bajo), brillará por su ausencia mientras no haya una senda política clara. Basta de objetivos simbólicos (asamblea constituyente) y guerreros (organización de 100 mil ronderos como milicias armadas alternas a las FFAA y policiales) que dividen en plena pandemia y con una hambruna terrible que viene azotando a millones de familias del pueblo. Ante esta situación de emergencia el gobierno debería enfocarse en ayudar al pueblo a salir airoso de esta crisis, bajo un solo objetivo primordial: reactivar la producción, el empleo y la inversión, de manera sostenible y preservando la estabilidad económica.
El año pasado la economía se contrajo 11,1% y la pobreza aumentó en 10 puntos porcentuales, afectando al 30% de la población. Entre 2005 y 2019 el número de pobres había caído a un ritmo de 6% por año. Sin embargo, en 2020 el número de pobres pegó un brinco de 48%, elevándose de 6,6 millones a 9,8 millones.
El reto no es sólo lograr la reactivación económica. Una reactivación efímera no es lo que espera el pueblo peruano, sino una que perdure y sea sostenible, que genere empleos permanentes. Creer que la inversión pública puede por sí sola reactivar la producción y el empleo de manera sostenible es un error garrafal, y lamentablemente ése parece ser el enfoque del gobierno de Castillo.
La inversión pública es apenas el 20% del total de la inversión; el restante 80% es inversión privada. El rol de aquella es sólo suplementario y a la vez generador de sinergias con la inversión privada, para que ésta pueda dinamizarse. Para dinamizar la inversión privada es imprescindible asegurar la estabilidad económica y reglas de juego claras y estables, así como contar con un equipo de gobierno que irradie credibilidad.
Una inflación reprimida con eventuales medidas de control de precios con captura del BCR colocando a directores ideologizados y legos en política monetaria y financiera, sería el germen de una hiperinflación de aquí a 3 o 4 años. Aún estamos a tiempo de evitar ese trágico derrotero, que ya lo conocemos porque lo vivimos durante el primer gobierno de Alan García. El más afectado fue el pueblo, sobre todo los más pobres y vulnerables, al punto que la tasa de pobreza afectó a 80% de la población.
En lugar de insistir en una asamblea constituyente, el gobierno debería abrir un amplio debate participativo dentro del marco de un Acuerdo Nacional ampliado, respecto de los temas que podrían ser objeto de modificación en la actual Constitución. Entre ellos podría buscarse un consenso en poner cerrojos en la Constitución que eviten que la economía peruana siga los designios de un modelo económico mercantilista, sustentado en los arreglos bajo la mesa y la captura del Estado por parte de mafias y grupos de interés. Sólo así se podrá aspirar a una verdadera economía social de mercado, que permita que el crecimiento venga acompañado de verdadero desarrollo, empezando por las poblaciones más vulnerables y las Mypes.
El Perú necesita generar más excedentes económicos eliminando la corrupción y los gastos superfluos del Estado, y en paralelo impulsar el pago justo de impuestos, eliminando la evasión y la elusión tributaria. Los nuevos excedentes deben ser canalizados hacia las Mypes informales y la agroforestería familiar y comunitaria de la sierra y la selva.
Las empresas privadas tienen que competir unas con otras desde muy temprano, para lo cual el Estado debe promover la competencia que contribuya a la desconcentración empresarial y también debe restringir la integración vertical de servicios de primera necesidad para la población. Dentro de este marco, es fundamental que el INDECOPI goce de autonomía constitucional, al igual que el BCR.
También hay que romper con el mito de que el Estado no debe participar empresarialmente, sin que eso signifique abandonar el principio de subsidiariedad del Estado para evitar que éste compita en sectores competitivos.
En lugar de crear empresas públicas, el Estado podría participar en fondos de fideicomiso o soberanos, o con capital semilla para promover la innovación, la competencia, el desarrollo industrial y la competitividad, o para impulsar proyectos de impacto estratégico, o con una acción dorada en concesiones de recursos naturales, impulsando de la mano con el sector privado el desarrollo de la economía circular, las energías renovables y la reforestación, buscando generar rentabilidad social y valor compartido con la comunidad.
En lugar de un Estado expropiador, se requiere un Estado democratizador de la economía, promotor del accionariado difundido en empresas que inviertan en el aprovechamiento de recursos naturales y la generación de valor agregado a nuestras materias primas.
Una verdadera economía social de mercado también requiere desarrollar una “Sociedad del Conocimiento” sustentada tanto en una educación pertinente y de calidad orientada al aprendizaje en el trabajo, como en la organización de un ecosistema de ciencia y tecnología eficiente, el desarrollo de parques tecnológicos que atraigan inversión extranjera dispuesta a transferir tecnología y conocimientos de punta a nuestros jóvenes.
En cada región debe desarrollarse cadenas productivas de bienes y servicios competitivos, poniendo en valor sus propias vocaciones productivas, con participación intensiva de Mypes, cooperativas y asociaciones de productores, articulados a medianas y grandes empresas.
Nada de esto se podría lograr sin respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva, la preservación del equilibrio fiscal, la estabilidad de precios, el respeto absoluto tanto a los ahorros del público como a las cuentas de los pensionistas de las AFPs y al pago puntual de la deuda pública.
Tampoco se podría lograr sin meritocracia y carrera pública para generar eficiencia en la administración pública y atraer a los mejores talentos al Estado: profesionales reclutados con métodos competitivos, permitiendo mayor autonomía y eficacia en el funcionamiento de las entidades públicas. El reto es construir fortaleciendo al Estado y uniendo a todos los peruanos. ¡Esto no es guerra!
