El proyecto sanciona hasta con seis años de prisión el acaparamiento o especulación de precios en zonas declaradas en emergencia. Según Indecopi, en el caso del acaparamiento la norma adolece de falta de precisión y resulta de difícil aplicación práctica. Respecto a la especulación, señala que el concepto de “precio habitual”, utilizado en el proyecto de ley, es impreciso y genera incertidumbre respecto de su aplicación. Por último, una medida de este tipo desincentivaría a los proveedores a ingresar a zonas afectadas restringiendo la oferta y afectando a los consumidores.