Cuando uno se siente enfermo uno recurre a un médico para que le haga un diagnóstico de la enfermedad que uno padece y de acuerdo con este diagnóstico el médico receta las medicinas necesarias para curar la enfermedad. Si el diagnóstico es equivocado, muchas veces la medicina recetada puede llevar a empeorar la enfermedad. Lo mismo sucede con la economía de un país. Basta recordar el primer gobierno de Alan García para ilustrar lo peligroso que es tener un diagnóstico equivocado.
Una depresión económica es una desaceleración sostenida en el tiempo de la actividad económica de una economía. Es una caída del PBI más severa que en una recesión, que es una desaceleración de la actividad económica en el transcurso de un ciclo económico normal.
Las depresiones se caracterizan por su duración, por aumentos significativos del desempleo, disminución de la producción a medida que los consumidores reducen sus compras y los proveedores reducen su producción e inversión, generándose la ruptura de la cadena de pagos y nuevos cierres de empresas y más desempleo, cantidades significativamente reducidas de comercio (especialmente el comercio internacional), así como fluctuaciones del valor de la moneda, deflación de precios, caídas prolongadas del mercado de valores, son elementos comunes de una depresión que normalmente no se producen durante una recesión. Depresiones siempre tienen una duración mayor que las recesiones. A las depresiones se les asocia una evolución del PBI en forma de “L” mientras que a las recesiones se les asocia una evolución en forma de “V”.
Los indicadores mas recientes de la marcha de la economía son desoladores. El más representativo que es el consumo de electricidad registró una caída de 30% en abril y es muy probable que en mayo registre una caída similar. Es evidente que estas caídas son producto directo de la cuarentena decretada por el Gobierno para contener la pandemia que ha obligado a miles de empresas formales e informales a paralizar su producción por 3 meses. Sin embargo el efecto indirecto de la cuarentena ha sido peor. La paralización prolongada de sus actividades ha llevado al despido masivo de empleados y al cierre definitivo de muchas de ellas especialmente pequeñas y microempresas.
Estimaciones preliminares apuntan a una reducción del empleo formal de más de un millón doscientos mil y de más de dos millones y medio en el sector informal (ver Gráfico 1). Esta desaparición de empleos formales e informales elevará la tasa de desempleo abierto del 4% observada en años anteriores al 25% de la PEA. La tasa de desempleo de 25% sería la tasa más elevada de desempleo abierto desde que se tienen estadísticas en nuestro país (ver Gráfico 2).
A diferencia de países desarrollados, el Perú no cuenta con un seguro de desempleo. Los bonos distribuidos por el Gobierno, juntamente con las CTS y retiros de las AFP, no cubren ni por asomo el ingreso mensual que percibían estos trabajadores antes de quedar desempleados. Este menor ingreso juntamente con los menores ingresos por exportaciones y menor nivel de inversión generará una caída en la demanda agregada que será superior a la caída inicial de la producción generada por la cuarentena.
La caída de la demanda agregada generará una nueva ola de cierre de empresas o despidos de trabajadores formales, iniciándose de esta manera un círculo vicioso, que como un agujero negro nos podría arrastrar a una depresión económica si no se toman las medidas correctivas a tiempo.
Un número significativo de analistas económicos diagnostica que el impacto de la cuarentena se asemeja a una recesión similar a la recesión del 2008 en la que con una apropiada respuesta contracíclica se podría volver a los niveles de producción previos a la cuarentena en el último trimestre de este año o a más tardar en el transcurso del 2021. Las proyecciones promedio apuntan para una caída del PBI real de 15% este año y a una recuperación de igual magnitud para el 2021. Es decir apuntan a una recuperación en “V” de la evolución del PBI.
Lo que la mayoría de estos analistas no toma en cuenta es el impacto que la pérdida de empleos formales e informales tendrá en la demanda agregada. Que todo volverá a la normalidad una vez superada la pandemia. No toman en cuenta que actividades como el transporte terrestre y aéreo internacional e interprovincial llevarán tiempo en volver a la normalidad, lo mismo sucederá con el turismo, salones de belleza, restaurantes, cines, teatro, espectáculos deportivos, centros comerciales, etc. Estas actividades con mucha suerte volverán a sus actividades a menos de la mitad de su producción previa a la cuarentena.
En un escenario de depresión económica el Gobierno no puede indefinidamente continuar con programas de transferencia monetaria como las que ha venido practicando durante la cuarentena. Se requiere inversión productiva que genere empleo formal. Y dados el significativo nivel de desempleo se requiere movilizar masivamente la inversión privada porque la inversión publica no será suficiente.
Lo primero que se necesita para fomentar la inversion privada es un marco legal que incentive la inversión nacional y extranjera. Este marco legal incluye una apropiada ley de seguridad social, seguro de desempleo y salud y sobre todo una flexibilización del régimen laboral para fomentar la creación de empleo formal. Esto fue lo que Franklin Roosevelt hizo en sus primeros 100 días de gobierno cuando implementó el New Deal.
El marco legal deberá ser acompañado de una reforma tributaria que priorice la generación de empleo formal. Los sectores de mayor absorción de empleo son el sector agrícola y el sector construcción. Para movilizar la creación de empleo formal, el Gobierno, al igual que en el New Deal, debe crear dos agencias gubernamentales que fomenten la creación de empleo formal en el ámbito rural y el urbano.
En ambos casos, las agencias gubernamentales generarían puestos de trabajo productivo bajo esquemas similares a “Mi Vivienda” respaldado por los derechos de propiedad de las tierras en el caso de los proyectos rurales y de los lotes de vivienda en el caso de los proyectos urbanos.
Un aspecto clave en la implementación de este tipo de propuestas es la adecuada y oportuna planificación de cada una de las reformas. El Gobierno desde ya debería plantear una agenda legislativa para la aprobación de las reformas requeridas y para la formación de las dos agencias de empleo mencionadas. Lo importante es poder contar con una infraestructura legal y administrativa consensuada con todos los sectores de la población para que las elecciones que se avecinan sean el sello aprobatorio de la propuesta. De esta manera el nuevo gobierno podría dedicarse de lleno a su implementación. El Ejecutivo y el Legislativo tienen la palabra.
