Se publicita el tamaño de las exportaciones pesqueras, alrededor del cual surgen datos colaterales. Abrimos los ojos ante las cifras, nos asombramos y nos sentimos orgullosos de ser el país que alcanza estos niveles de producción y ventas por encima de los demás.
Los medios y los analistas difunden las cifras de captura y exportación, resaltando el gran y positivo impacto que tienen las mismas sobre el empleo, el ingreso de divisas al país, el crecimiento del PBI y la economía en general, lo cual constituye una buena noticia para el Perú.
El análisis se detiene ahí y no llegamos a conocer cuánto realmente ganó el país y sus ciudadanos.
El dinero de las ventas, como en cualquier otro negocio, pertenece al propietario (s) de la empresa. De acuerdo a su estructura de costos y presupuesto, parte de ese dinero se destina cubrir los gastos operativos y administrativos y finalmente se obtiene una utilidad bruta sobre la cual se paga el impuesto a la renta. Más adelante el Estado devuelve algunos impuestos internos como el IGV por efecto de las exportaciones.
Al país, o sea a los ciudadanos propietarios del recurso natural, solo se les distribuye el impuesto a la renta que se paga sobre la utilidad bruta al final del ejercicio y los derechos de pesca que forman parte de la estructura de costos y que se paga antes de impuestos. Son estas cifras las que nunca se informan, creándose una distorsión informativa por cuanto la ciudadanía es inducida a creer que somos buenos solo porque pescamos mucho y vendemos mucho. Pero no nos dicen cuánto hemos ganado como país.
Solamente los derechos de pesca y el impuesto a la renta son los que se trasladan al Estado y se aplican para beneficio de la gente, de los peruanos, a través del presupuesto fiscal y del canon pesquero. El resto no es dinero del país.
Tampoco debiera detenerse ni centrarse el análisis sólo en cómo se afecta la industria con sobrecostos y la presión tributaria, sino y quizá más importante, qué es lo que hace el Estado con el dinero que recauda.
Tampoco se informa cuánto ganó la industria, tan solo nos informan de cuánto pescó, cuánto exportó y cuánto pagaron por tasas y contribuciones que afectan sus utilidades. En ese contexto ¿La contribución será justa, equitativa y adecuada? ¿compensará los impactos que causa?
Estas consideraciones aplican a toda la pesca industrial, tanto en la parte extractiva como procesadora. Sin embargo no aplican a la pesca artesanal, ya que está exonerada del pago de derechos de pesca y, dado que gran parte de la misma es informal, tampoco contribuirían con impuesto a la renta. Debe entenderse que el hecho de obtener un permiso de pesca no necesariamente formaliza tributariamente a la embarcación artesanal o de menor escala, ya que se puede tenerlo sin RUC y sin él no hay tributación. El tripulante de una embarcación pesquera, el pescador, trabaja para un patrón de lancha que a su vez trabaja para un armador que es el propietario de la embarcación. Esta, constituye una unidad de negocios y por tanto debe tener a sus empleados en una planilla, pagar lo que la ley ordena y dar a sus empleados cobertura de seguridad social y salud. Para ello requiere tener RUC. ¿Lo tienen? En todo caso ¿cuántos tiene RUC y a los pescadores en planilla y cuántos no? Los pescadores no debieran estar sin cobertura de salud y pensiones, por tanto ¿de quién es la responsabilidad?
La industria de CHD, que es un importante sector exportador, utiliza una materia prima que no paga derechos de pesca por ser capturada por embarcaciones artesanales. La norma así lo impone. La pota es uno de dichos recursos no afectos y uno de los principales recursos de exportación del CHD.
Significa que la pesquería de CHD más importante del Perú no paga derechos de pesca a diferencia de la harina producida por la anchoveta, que sí paga derechos de pesca.
Todas las capturas efectuadas por la pesca artesanal, bien sean dirigidas a los mercados o a las plantas congeladoras, conserveras o de curado, no están afectas a derechos de pesca. Este es un asunto que en algún momento debiera enfrentarse con lógica y visión de país.
La industria de CHI tiene tasas y contribuciones distintas que la del CHD, tanto en los derechos de pesca por los recursos que captura, como por las contribuciones laborales. La del CHI tiene más costos laborales y costos adicionales por el pago del Programa de Control y Vigilancia, derivados del DL 1084. Esta es una situación que debiera enfrentarse y racionalizarse, también.
Los principales productos de la pesca son exportados y generan el movimiento descrito anteriormente. Deberíamos conocer con la misma precisión cuánto se destina al mercado nacional para consumo de los peruanos, tanto en volumen, modalidad, valor de venta y público objetivo. ¿Quienes compran productos hidrobiológicos? ¿a qué precio, en qué volumen y cuál es el impacto que causa para mitigar la anemia y la desnutrición en el Perú? ¿Qué mercados o lugares del país son los que no los consumen y cuáles son los que más lo hacen?
Los temas de fondo en la pesquería para analizar y enfrentar, son muchos. No se aprecia voluntad ni decisión políticas del Estado para hacerlo.
Adicionalmente, se observa resistencia del PRODUCE a dar cumplimiento a normas con rango de ley como el DU 015-2020 que dispone la reestructuración del IMARPE y una demora en la reglamentación de la Ley 31749 que raya en incumplimiento de su mandato.
A los ciudadanos peruanos que no trabajan directa ni indirectamente en la pesca no les interesa mayormente el asunto, como poco les interesa también la política. Esta indiferencia y desinterés, probablemente debida a que cada uno vive inmerso en sus propios problemas, y al hastío causado por la política peruana, es lo que permite que unos cuantos dominen la economía, los medios y orienten a la opinión pública de forma indebida o incompleta.
Todo el aparato mediático, publicitario e informativo del modelo diseñado y estructurado para generar una imagen favorable a la industria. El asunto es que esta es una actividad económica de la cual solo se informa de sus resultados al país en forma parcial y/o los que convienen o favorecen a los intereses de la industria, a su imagen y a los defensores del crecimiento del PBI en bruto y se omiten aspectos colaterales e impactos que pudiesen ser considerados no tan positivos.
La difusión de información sesgada pareciera que tiene la intención de dirigir a la opinión pública hacia una comprensión parcial del tema. Esta direccionalidad apunta a resaltar los logros de la industria y su favorable impacto en la macroeconomía nacional.
Por ejemplo, las siguientes notas difunden información distinta entre ellas, no mencionan la fuente ni la sustentan, en cuanto al empleo:
Felizmente, el viceministro de Pesca y Acuicultura, en la siguiente nota de Andina ha expresado lo siguiente: «el sector pesquero genera empleo para 90,000 personas, entre embarcados y no embarcados». Es la primera vez que un funcionario del Ministerio ofrece una cifra del empleo pesquero que es coherente con la información oficial existente en el Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura. Hemos estado o estamos acostumbrados a que diversas fuentes suelten cifras que no tienen sustento ni ofrecen la fuente, llegando algunos a mencionar cifras de hasta 750 mil empleos. Hay que resaltar y saludar esta información del viceministro.
LO QUE NO SE DICE
Sin embargo, no se dice, no sabemos y además probablemente a poca gente le interese, es que hay otras cifras y otra información que no se le transmite a la opinión pública y que posiblemente sea más relevante que publicitar logros y/o quejas. Esta consiste en lo siguiente:
- ¿Cuánto genera de impuesto a la renta de tercera categoría el movimiento económico derivado de la industria pesquera?
- Cuánto genera por pago de derechos de pesca la captura de anchoveta y las otras especies afectas?
- De ambas recaudaciones se puede estimar el canon pesquero, ya que el 50% de los derechos de pesca y el 50% del impuesto a la renta se transfieren al canon. ¿Cómo se distribuye ese canon, a qué gobiernos locales y regionales se destina y finalmente en qué se emplea ese dinero? ¿A qué sectores de la población beneficia y en qué forma?
- ¿Cuánto se les ha devuelto a los exportadores por concepto de IGV, drawback donde y si corresponda y/o tributos internos?
- ¿Cuánto empleo directo genera? Pero con cifras que tengan sustento oficial, ¿cuántos tripulantes han empleado y cuántos trabajadores de las plantas de procesamiento y oficinas administrativas y comerciales ha generado? ¿Cuáles han sido los sueldos promedio? ¿Cuántos días efectivos han laborado y a qué se dedican cuanto termina la temporada?
- ¿Cuánto empleo indirecto ha generado y por cuánto tiempo?
- ¿Qué pasivos ambientales ha generado la actividad? ¿Cuál es el nivel de contaminación atmosférica y marina que han generado tanto la flota pesquera como las plantas? ¿Hay alguna forma de medirlo y/o se mide?
- ¿Han pagado derechos de pesca todos los obligados a hacerlo? Si no, ¿Quiénes son los deudores y cuánto deben?
- ¿Cuántas embarcaciones pesqueras artesanales, de menor escala y de mayor escala existen a la fecha? ¿Cuál es su capacidad de captura por especie? ¿Hay relación adecuada entre las biomasas de los diferentes recursos y la capacidad extractiva de la flota, que garanticen pesquerías sostenibles?
- ¿Cuánto cuesta el kilo de pescado más barato en el mercado nacional y quienes pueden comprarlo? ¿Es accesible a las mayorías o solo a los pocos que puedan pagarlo?
- ¿Se puede promocionar un mayor consumo de pescado? ¿Hay estudios científicos que señalen los límites máximos de captura por especie o principales especies? ¿Sabemos cuánto más se puede pescar sin afectar la sostenibilidad?
- ¿La tasa de consumo de pescado per cápita qué significa? ¿Que es el promedio de consumo de todos los peruanos o de aquellos que pueden comprarlo? Si es solamente de los sectores de la población que lo pueden pagar, ¿qué es lo que busca la promoción del consumo? ¿Beneficiar a los menos solamente? ¿Qué nivel de acceso al pescado tienen las mayorías?
La narrativa no puede ni debe detenerse solamente en la sostenibilidad del recurso, en el aporte de las exportaciones y la pesca al PBI, en la investigación científica (que es relativa y selectiva), sino en aquellos otros aspectos que nadie toca, ni comenta, como los enumerados anteriormente y fundamentalmente:
¿Cuánto gana la pesquería, tanto del CHI como del CHD; cuánto gana el país y cuánto ganan los peruanos; cuánto y cómo contribuye a la reducción de la desnutrición, la anemia y el hambre en el país?
¿Cuál es la agenda del sector para el corto, mediano y largo plazo?
Porque al final de cuentas, el recurso pesquero es patrimonio de todos los peruanos, pertenecen a la Nación y no son propiedad de los pescadores ni de la industria pesquera. El Estado otorga permisos de pesca para la extracción de recursos naturales; pero no otorga derechos de propiedad sobre los mismos.
Alguna vez hay que reflexionar sobre el asunto y, por lo menos, despertar el interés por saber las cifras completas y conocer el funcionamiento de la pesquería peruana en forma más integral.
Más información en los siguientes links:
https://app.box.com/file/1472777689217?s=hj59lvx1vgbf997mgk9evxxhtk95ahhc
https://app.box.com/file/1371037699000?s=x6xqkf62somwiks5i09wvnbm51zm6yck
https://revistapesca.blogspot.com/2024/05/pescadores-empleo-estadisticas-y-el.html
https://revistapesca.blogspot.com/2024/03/peru-pesca-y-alimentacion-en-2024.html
https://revistapesca.blogspot.com/2024/02/la-gestion-publica-y-la-pesqueria.html
https://revistapesca.blogspot.com/2024/01/cifras-oficiales-de-la-pota.html
https://revistapesca.blogspot.com/2024/01/la-pota-una-noticia-incompleta.html
https://revistapesca.blogspot.com/2023/11/peru-y-la-contribucion-de-la-pesqueria.html
https://revistapesca.blogspot.com/2023/11/las-matematicas-en-la-pesca.html
“Los recursos marinos son un bien público, no un recurso privado. Por tanto, el derecho de explotar esos recursos debe asignarse con arreglo a criterios que garanticen que la pesca contribuya lo máximo posible al interés público”
“…En tal sentido, cuando la generación lucrativa de ciertas empresas pesqueras entra en conflicto con el bienestar colectivo o la defensa de los bienes que resultan indispensables para que la vida humana siga desarrollándose, la interpretación que de la Constitución se haga debe preferir el bienestar de todos y la preservación de toda clase de vida, toda vez que la Economía Social de Mercado condiciona la participación de los grupos económicos al respeto del bien común y del interés general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un espacio donde se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en detrimento de los demás bienes jurídicos protegidos constitucionalmente”.