La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú ha tomado una medida drástica al declarar la disolución de ocho cooperativas de ahorro y crédito en diversas localidades del país. Esta decisión, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, marca un punto de inflexión en la supervisión y regulación del sector cooperativo. La medida se basa en la causal de inactividad, lo que indica un período prolongado sin operaciones activas, lo cual es un indicador de problemas subyacentes en la gestión o viabilidad de estas entidades.
Las resoluciones emitidas por la SBS, numeradas del 03614-2023 al 03621-2023, detallan la disolución de las siguientes entidades: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Isidro de Pachacamac, San Expedito Ltda., Ipemec Ltda., Finanzas Apoyo al Emprendedor del Perú, Coopera Ltda., Confia Emprendedora Ltda., Andina y Solcoop Ltda. Estas cooperativas, ahora disueltas, están prohibidas de iniciar procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias, ejecutar resoluciones judiciales en su contra, constituir gravámenes sobre sus bienes, realizar pagos o asumir nuevas obligaciones.
La disolución de estas cooperativas implica que no podrán continuar con sus operaciones financieras habituales. Esto incluye restricciones específicas como la prohibición de hacer pagos, adelantos o compensaciones, constituir gravámenes en garantía de obligaciones, o incluso la imposibilidad de constituir medidas cautelares contra sus bienes. Estas medidas buscan proteger a los socios y acreedores de las cooperativas y evitar acciones que puedan complicar el proceso de liquidación.
La acción de la SBS refleja un esfuerzo por mantener la integridad y estabilidad del sistema financiero cooperativo en Perú. La disolución de estas ocho cooperativas sirve como un recordatorio de la importancia de la actividad constante y la gestión prudente en el sector. Además, pone de manifiesto la necesidad de una supervisión efectiva para prevenir la inactividad y las consecuencias que esta puede acarrear para los miembros y la economía local. La medida podría incentivar a otras cooperativas a revisar y mejorar sus prácticas operativas para evitar resultados similares.