El autor en las últimas dos semanas ha tenido la oportunidad de participar como consultor externo de una misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Quito y Guayaquil para la mejora de la administración del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Servicio Nacional de Aduana (SENAE) del Ecuador. El objetivo de la misión es reforzar la eficacia operativa del SRI mediante la renovación tecnológica y el uso intensivo de la facturación electrónica y en el caso del SENAE mediante un rediseño de los procesos aduaneros para mejorar la eficiencia en el despacho aduanero y la represión del contrabando con el fin de repotenciar los alicaídos ingresos fiscales.
El Ecuador vive una profunda crisis económica cuyos orígenes se remontan al año 2008. Como se aprecia en el Gráfico 1 la administración de Rafael Correa, salvo en el 2007, su primer año de gobierno, experimentó déficits crecientes en todos los años de su gestión. La elevada burocracia estatal, cuyo costo bordea el 10% del PBI, sumada a los subsidios a los combustibles, equivalentes a 6% del PBI, los intereses de la deuda pública, que ya superan el 2% del PBI y al elevado nivel de inversión pública, superior al 12% del PBI, hicieron que el déficit fiscal representara el 8% del PBI en 2016.
El régimen socialista de Rafael Correa elevó los gastos fiscales de alrededor del 21% del PBI en 2007 (año de inicio de su gestión) a alrededor del 43% del PBI en 2014, lo cual generó crecientes déficits fiscales, a pesar de tener a su favor la bonanza de los precios de petróleo. La caída de los precios del petróleo en el 2014 solo agravó el problema.
GASTO PÚBLICO
El desenfrenado aumento del gasto público hizo que, a pesar de la bonanza petrolera, la deuda pública pasara de menos de 20% del PBI en 2010 a superar el 30% en 2014. Con la caída de los precios del petróleo en 2014, el déficit fiscal pasó de ser menos del 3% en 2013 a 8% en 2016. La deuda pública creció exponencialmente pasando de 30% del PBI en 2014 a 45% en 2017 (ver Gráfico 2). En estas circunstancias el régimen de Correa se vio obligado a reducir la inversión pública de 16% del PBI en 2014 a menos de 9% en 2016, lo que se tradujo en una recesión de la economía que hasta la fecha no se supera.
La nueva administración de Lenin Moreno se ha embarcado en un programa de ajuste que busca equilibrar las cuentas fiscales y reducir la deuda como porcentaje del PBI de los actuales 45% a 40% en 2022. El programa de ajuste del nuevo gobierno incluye la eliminación de subsidios a los combustibles, la reducción de la burocracia estatal incluyendo la carga derivada de las empresas públicas. El programa también contempla reformas estructurales que incluyen la reforma tributaria acompañada del fortalecimiento de la administración tributaria y la de aduanas. El programa ha recibido el apoyo del FMI, el BID y otros organismos multilaterales. Los grupos extremistas de izquierda han desatado la violencia usando como excusa la eliminación de los subsidios a los combustibles.
¿Por qué son relevantes los sucesos del Ecuador para el Perú? Primero, porque el régimen de Correa que se inició ganando las elecciones de 2006, llamó a una constituyente que dio una nueva constitución al Ecuador en 2008, dando lugar a elecciones en 2009 que le otorgaron un nuevo mandato de cuatro años, siendo luego reelegido en 2013 para un tercer mandato que le permitió gobernar interrumpidamente por más de 10 años, bajo un régimen socialista que ha llevado a la bancarrota a un país con abundantes recursos petroleros y mineros.
Segundo, porque el presidente de “facto” Vizcarra tiene inclinaciones socialistas que se manifiestan en la ideología de su primer ministro y el apoyo de las fuerzas de izquierda y se avecina la elección de un nuevo Congreso que a toda costa quieren que sea incondicional al régimen. Para ello no dudarán en abrir las arcas fiscales para por decreto, ya que no tiene congreso que los fiscalice, aumentar los sueldos de los empleados públicos y el salario mínimo. Del mismo modo se utilizarán los recursos del Estado para solventar campañas de desprestigio y desinformación a través de las encuestas y la prensa hablada y escrita de manera de asegurar una mayoría afín en el nuevo congreso.
CASO ECUATORIANO
La mayoría del congreso se encargará de cambiar el capítulo económico de la constitución y asegurar la hoy negada reelección presidencial. Al igual que lo sucedido en Ecuador, ante la ausencia de inversión privada, el sector público se verá forzado a incrementar su gasto tanto corriente como de capital, lo cual en un contexto de desaceleración del crecimiento del PBI se traducirá en déficits fiscales crecientes. Lo peor será que, al igual que en el Ecuador, este incremento del gasto se dará en un escenario de caída de los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación debido a la desaceleración mundial.
Como podemos ver en el Gráfico 3 la tendencia de los déficits fiscales de los últimos años sigue una trayectoria similar a la del Ecuador y esta trayectoria coincide con el periodo de gobierno de Humala y el inicio de las perforaciones del modelo económico de la Constitución de 1993. Es de esperar que en un gobierno de Vizcarra sin los contrapesos de un congreso opositor y un Tribunal Constitucional copado por socialistas, las perforaciones al modelo económico serán llevadas a cabo en forma acelerada, desembocando en la adopción de un modelo socialista más temprano que tarde. En este escenario, la aparición de empresas públicas, controles de precios, pérdida de independencia del banco central, cambio de la ley de minería, solo serán cuestión de tiempo.
El incremento de los déficits se traducirá en un incremento de la deuda pública que inexorablemente romperá la barrera del 30% del PBI (ver Gráfico 4) iniciando, como en el Ecuador, un círculo vicioso de más pago de intereses y menos inversión, menos crecimiento y más déficit, realimentándose hasta llegar a producir un estado de crisis económica como la vivida en los 80. Estamos avisados.
