La reciente decisión del Ejecutivo de allanarse a una norma que retrocede en la lucha contra la minería ilegal ha generado un profundo malestar. Esta medida, que modifica el Decreto Legislativo 1607 y deroga los plazos límite para la formalización de mineros, es a todas luces contraproducente. En un contexto donde la minería ilegal está en manos de mafias violentas que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades mineras, la postura del gobierno plantea interrogantes sobre sus motivaciones y compromisos en la protección de los recursos naturales y el bienestar de la población. En este contexto, MAXIMIXE analiza siete motivos que sustentan la oposición a esta decisión gubernamental:
- Desprotección Ciudadana: La decisión gubernamental de allanarse a una norma que disminuye la lucha contra la minería ilegal expone a la población a riesgos de seguridad graves. Las mafias violentas que controlan esta actividad ilegal no solo explotan los recursos naturales de manera ilícita, sino que también emplean métodos violentos que ponen en peligro la vida y la integridad de los ciudadanos que residen en las áreas mineras.
- Falta de Explicaciones Coherentes: La ausencia de una justificación sólida por parte del Gobierno respecto a su decisión de promulgar la norma controvertida plantea dudas sobre su compromiso real con el combate a la minería ilegal. La contradicción entre las expectativas de observar la norma legislativa y la acción de promulgarla suscita interrogantes sobre los motivos detrás de esta medida y sus implicaciones en la política gubernamental.
- Impacto en la Formalización Minera: Retroceder en la lucha contra la minería ilegal tiene un impacto directo en el proceso de formalización de la actividad minera en el país. La formalización es esencial para garantizar prácticas mineras legales, responsables y sostenibles, así como para fomentar el desarrollo económico y social en las comunidades mineras, siendo su desestimación un obstáculo significativo para el progreso del sector.
- Incertidumbre para las Empresas: La falta de acciones contundentes contra la minería ilegal genera un ambiente de incertidumbre para las empresas mineras legales. La presencia de operaciones ilegales distorsiona la competencia en el mercado y coloca en desventaja a aquellas empresas que operan dentro del marco legal, afectando su estabilidad y capacidad para desarrollar sus actividades de manera óptima.
- Desconfianza en las Autoridades: La actitud del gobierno alimenta la desconfianza en las autoridades y en su capacidad para proteger los intereses de la población y del sector empresarial. La falta de coherencia en las políticas públicas mina la credibilidad del gobierno y socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales, lo cual puede tener repercusiones negativas en la estabilidad y el desarrollo del país.
- Pérdida de Oportunidades de Desarrollo: La tolerancia hacia la minería ilegal no solo representa un problema de seguridad y legalidad, sino que también obstaculiza el desarrollo sostenible de las regiones mineras. Al no combatirla de manera eficaz, el gobierno limita las oportunidades de crecimiento económico y social en estas áreas, perpetuando la pobreza y la marginalización en las comunidades mineras afectadas.
- Responsabilidad del Gobierno: Como garante del bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, el gobierno tiene la responsabilidad de proteger los recursos naturales del país y de combatir la actividad ilegal que los explota. Al ceder en su lucha contra la minería ilegal, el gobierno incumple con su deber fundamental y demuestra una falta de compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, lo que requiere una revisión urgente de su postura y la implementación de medidas efectivas para abordar este problema.