La divulgación de una conversación entre un colaborador eficaz y el exministro de Transportes y Comunicaciones se ha sumado al vendaval de denuncias de corrupción que abarca prácticamente todas las esferas del ejecutivo. La seriedad de los hechos denunciados es tal que el Fiscal de la Nación ha decidido investigar inclusive al jefe del Estado. En 100 días de gobierno, la ineptitud de los integrantes del ejecutivo ha llevado a nuestro país a un deterioro generalizado no solo en el ámbito político sino también en el económico.
Como consecuencia del mal manejo económico, el PBI se viene desacelerando rápidamente (ver Gráfico 1). La minería, principal bastión de nuestra economía, decreció 1.2% en el mes de marzo, el sector pesca en el mes de abril registró una caída interanual de 37.5%. La tasa anual de inflación a nivel nacional en el mes de mayo se ubicó en su nivel más alto en 24 años (8.8%). El volumen de las exportaciones de productos tradicionales, que incluyen las exportaciones de minerales, cayó en 31.3%. Si no fuera por los aún elevados precios de los minerales y el repunte de los productos de agroexportación, nuestra balanza comercial ya sería deficitaria. Los niveles de empleo formal en el sector privado continúan deprimidos.
La fuga de capitales continúa en alza y ya se observa una caída de las reservas internacionales. La morosidad bancaria se viene incrementando sobre los niveles del año pasado. En abril de este año el valor de las importaciones de materias primas, incluyendo las importaciones de petróleo, fue 59.2% más alto que en abril del 2021. El turismo receptivo se encuentra 50% por debajo de los niveles prepandemia. La inversión privada continúa deprimida y se espera que su crecimiento este año sea nula.
El escenario mundial es preocupante. La prolongación de la guerra en Ucrania ha generado un aumento en los precios del petróleo y de los fertilizantes. A ello se le suman las restricciones a las exportaciones de granos de Ucrania que vienen afectando los precios de los alimentos y amenazan generar una hambruna a nivel mundial.
La respuesta de las autoridades revela el grado de incompetencia para encarar problemas de emergencia nacional. Como ocurrió con las vacunas durante la pandemia, se ha restringido la libre participación del sector privado en la comercialización de fertilizantes. Con la excusa de proteger a los pequeños agricultores, el gobierno intenta monopolizar la comercialización de fertilizantes poniendo en peligro la producción de los productos de agroexportación.
Similar situación ocurre en el sector de energía y minas. Las paralizaciones de las principales mineras del país, que se vienen sucediendo mes a mes, son la consecuencia del incumplimiento por parte del gobierno de su función primordial de mantener el orden público, impidiendo la invasión y destrucción de unidades de producción minera y la ilegal interrupción de vías de comunicación. El nombramiento de funcionarios ineptos parece ser parte de un plan para que los enfrentamientos no se resuelvan. La consigna política pareciera ser la norma. En días recientes la bancada de Perú Libre ha presentado un proyecto de ley para la nacionalización del cobre y la creación de la empresa estatal para explotarlo, lo cual va en contra de la Constitución vigente, por lo cual seguramente se utilizará para reforzar la campaña a favor de una Asamblea Constituyente.
En el campo de la inflación, mientras que el BCRP continúa elevando la tasa de interés de referencia a fin de limitar el crecimiento de la liquidez, el MEF continua inyectando dinero a la economía mediante el uso indiscriminado de subsidios y exoneraciones tributarias. En el presenta año el MEF ha utilizado más de 2,000 millones de soles solamente para evitar un mayor incremento en el precio de los combustibles. El ejecutivo no percibe que la inflación no se combate con reducciones de impuestos ni con mayores subsidios. Con mayores gastos y menores ingresos lo único que se logra es aumentar la inflación y aumentar la deuda pública.
La mayor inflación golpeará mayormente a los más pobres. La inflación es un problema de expectativas. Sin un choque de confianza por parte del gobierno respecto a promover una mayor inversión y un mayor nivel de empleo formal, cualquier subsidio al consumidor se traducirá en una mayor inflación. En un escenario de escasez de fertilizantes y alimentos, una espiral inflacionaria nos podría llevar a una crisis de la deuda pública y a un incremento de la pobreza, como sucedió en la época de los 80.
Es necesario que el Congreso tome conciencia de la trayectoria por la que nos está llevando este gobierno, antes que sea demasiado tarde. La inacción del Congreso para acortar, en el más breve plazo, la gestión de este gobierno nefasto, lo hace cómplice de las consecuencias que sufrirá el país. De otro modo, aparte de la creciente infiltración y copamiento de instituciones, continuarán las medidas populistas como el incremento del sueldo mínimo, el aumento de los retiros de las AFP, el aumento del presupuesto para mayores gastos corrientes y otras medidas populistas que conducirán al deterioro acelerado de la economía. Es necesario ponerles un freno a las intenciones del ejecutivo a la mayor brevedad posible. De otra manera, los peruanos enfrentaremos una situación económica cada día más difícil.