La “cortina de hierro económica” se ha desmoronado en Venezuela, tras siete años de una contracción acumulada del orden de 76%[1] y una hiperinflación descomunal. El control de precios y del tipo de cambio y el populismo salarial han sido desbordados por un estado de desobediencia civil y sedición económica generalizado. Sus efectos ultra recesivos e inflacionarios terminaron socavando la legitimidad del régimen económico del “Socialismo del Siglo XXI”.
Todo esto ha sucedido sin que medie un proceso de desregulación planificado por el gobierno. Simplemente su intervencionismo económico llegó a un punto de desmesura caótica tal que, en 2021, el gobierno perdió toda legitimidad y capacidad de gestión para seguir ejerciéndolo.
El pueblo venezolano ha repudiado el bolívar y ha convertido al dólar en la moneda de uso común, legitimando así el mercado negro cambiario, en un ambiente hiperinflacionario con escaso control efectivo de un Banco Central de Reserva que sigue emitiendo dinero sin respaldo para parar la olla del financiamiento del sector público, debido a que la recaudación tributaria se ha extinguido por el desplome productivo y por la desvalorización inmediata de cada bolívar recaudado por el fisco, ante la aceleración inflacionaria. Además, los ingresos petroleros están históricamente en el suelo, a pesar de la elevación de los precios internacionales, debido al notorio deterioro de la producción y calidad de la oferta venezolana. [2]
Después de todo, es una suerte para Maduro y para el sufrido pueblo venezolano que este colapso de sus políticas se haya producido, aunque sea de manera no premeditada. Porque por fin gracias a ello la macabra escasez de productos básicos se ha extinguido, por lo que las largas colas para comprar productos básicos subsidiados han sido súbitamente sustituidas por largas avenidas desbordantes de vendedores informales.
Productos hay ahora. Lo que no hay es demanda para comprarlos, porque la inmensa mayoría de la población sobrevive en la miseria. Aun así, se percibe cierto florecimiento económico en algunos sectores y zonas del país, aunque sustentada en la artificialidad de la apertura de 30 casinos (prohibidos hasta hace poco) y la proliferación de tiendas y patios de comida de lujo en barrios de ricos. Obviamente se trata de inversiones vinculadas a operaciones de lavado de dinero sucio proveniente de la inmensa corrupción de los jerarcas del régimen.
Se trata pues de una reactivación incipiente, sin sustento de demanda y sin bases sólidas y legítimas por el lado de la oferta, al punto de que el crédito bancario virtualmente ya no existe. Para traducirla a una recuperación plena se requiere lanzar un “Programa de Estabilización y Reforma Estructural” integral, orientado a restablecer el equilibrio de las cuentas fiscales y monetarias y a trazar reglas de juego claras y estables generadoras de confianza en el funcionamiento de una economía social de mercado, con libre mercado y leal competencia.
Se requiere establecer una secuencia óptima de las reformas necesarias, para evitar inconsistencias temporales. Los casos de fracaso de planes de rescate de economías colapsadas por políticas populistas y de sobre intervencionismo estatal están a la vista. Empezando por el primer gobierno de Alan García, que entre 1988 y 1990 aplicó sucesivos shocks que agudizaron la hiperinflación y la recesión en lugar de enmendarlas. Sucedió lo mismo varias veces en Argentina y Brasil.
Mientras internacionalmente se realizan esfuerzos para exhortar al régimen de Nicolás Maduro a volver a la mesa de negociación con las fuerzas democráticas para permitir elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y transparentes, urge una salida a la crisis económica concordada entre el oficialismo y la oposición.
Un sufrido pueblo venezolano está de por medio. El 94,2% de los venezolanos son pobres y el 77,7% vive en pobreza extrema. A quienes desde la izquierda más infantil peruana siguen pensando que el modelo socialista implica una simple pérdida de libertades y de productividad que bien vale la pena en aras de lograr una distribución del ingreso y la riqueza igualitaria, vale la pena que se miren en el espejo de Venezuela, cuya desigualdad es de lejos la mayor de América Latina y una de las dos mayores del mundo.[3]
Si el desmoronamiento del andamiaje populista-intervencionista prosigue sin ponerse en marcha un programa ordenador de carácter reformista, lo que va a suceder es que el Socialismo del Siglo XXI fracasado será reemplazado por un “capitalismo salvaje» ya en ciernes, caracterizado por un mercantilismo feroz liderado por mafias de la corrupción estatal, el contrabando y narcotráfico, lo que agudizaría las desigualdades y los males sociales. Los platos rotos los seguiría pagando el pueblo venezolano.
La comunidad de naciones tiene que contribuir a evitar este sino calamitoso. Dentro de este marco, el Perú debe cooperar decididamente para que Venezuela retome la senda democrática y de una economía social de mercado moderna.
[1] El sector manufacturero viene utilizando apenas el 18% de su capacidad instalada. Véase Saboin, J. L. (2021). The Venezuelan Enterprise: Current Situation, Challenges and Opportunities. IDB. https://doi.org/10.18235/0003099.
[2] La caída de la producción petrolera venezolana es un fenómeno estructural, agravado por las sanciones internacionales ante la persistente violación de los derechos humanos y políticos, que implicaron el cierre del mercado norteamericano que representaba unos 500.000 barriles diarios. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Informe de Coyuntura de Venezuela, Junio 2021.
[3] Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Informe de Coyuntura de Venezuela, Junio 2021. Datos promedio 2019-2020.
