A raíz del propósito del Ejecutivo para reactivar la economía a través del destrabe de los proyectos, se ha dado muerte al sistema nacional de inversión pública y se ha manifestado la necesidad de planificar la infraestructura pública. Asimismo, la Comisión Presidencial de Integridad señala en uno de sus ejes – la de evitar la corrupción en las obras públicas y de infraestructura y fortalecer la autonomía de los organismos reguladores – desarrollar y aprobar un Plan Nacional de Infraestructura.
Al fin, la gestión pública se está encausando en la dirección que siempre debió estar, lo que considero que sería un punto de inflexión para dejar el proceso para la aprobación de proyectos de inversión que ha permitido el aprovechamiento de personas con intereses particulares y la corrupción.
Lo digo en condicional porque cuando ejercí el cargo de Director Ejecutivo del PERT hace más de veinte años, había observado la necesidad de un Plan de Infraestructura en el sector de Transportes. Hay muchos intereses de por medio, existe una cultura de sólo atender las necesidades urgentes, no se tiene una visión de futuro y el mayor plazo que se visiona es el del período de gobierno. Además no existe una cultura de planeamiento que es base para el desarrollo del país y de todo ente que quiere tener vida propia eficiente.
La magnitud de las pérdidas por la falta de planificación podría ser mayor al perjuicio que origina la corrupción. Con una buena gestión se hubiera adquirido oportunamente los predios para ejecutar las obras, no habría retraso en la entrega de terrenos para la infraestructura concesionada, no existiría las llamadas interferencias de los servicios públicos que incrementan los costos de los proyectos, no se hubiera asumido el mayor costo por la improvisación, hubiera habido una priorización efectiva de proyectos, se hubiera tenido mejores diseños, habría menos adicionales de obra, menos corrupción y una menor brecha de infraestructura.
Con un Ministerio de Infraestructura que tendría una Dirección General de Planificación, diseñada con un enfoque basado en procesos, los proyectos de todos los sectores serían priorizados de acuerdo al plan de desarrollo del país y su ejecución eliminaría las grandes pérdidas por la falta de planificación dado que el actual satisface – prioritariamente – la demanda de grupos de poder o de la corrupción misma, como lo demuestra la Interoceánica.
En esa dirección hubo el intento de reformar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para justamente introducir el concepto de planificación para atender la demanda del transporte de personas y mercancías a través del diseño de su organización con el enfoque basado en procesos. Este proyecto consideró separar el rol del ente rector como autoridad en los servicios de transporte al de proveer infraestructura. Se pensó que en el futuro esta función sería responsabilidad del nuevo Ministerio de Infraestructura. Lamentablemente razones políticas y otros intereses no se logró implantar a pesar de que dicho proyecto fuera aprobado por el Consejo de Ministros.
Para reducir la corrupción en las obras públicas no sólo se requiere aprobar un Plan Nacional de Infraestructura, sino también se necesita acciones que impliquen gestiones de control preventivo como el que se trató de implantar hace veinte años, con la estandarización de partidas de obras para carreteras y puentes y su posterior análisis de costos, la informatización del Cuaderno de Obra para que el registro de las acciones sea en tiempo real y para poder visualizar a través de fotos y videos el avance de las obras, la elevación del nivel de calidad de los expedientes técnicos, la sistematización de la supervisión, la ejecución de proyectos de acuerdo a la priorización del órgano planificador, acciones que hasta hoy no se implementa, entre otras medidas para poder contar con una administración de proyectos en forma transparente.
Finalmente, considero que para luchar contra la corrupción no solo basta contar con un Plan de Infraestructura, sino que también es hacer reformas institucionales profundas como lo propongo en mi libro ¿Reforma Imposible?, contar con funcionarios idóneos y probos, la Contraloría con otra mentalidad y con un enfoque diferente de gestión.
