La semana pasada analizamos los resultados del ajuste fiscal practicado el año pasado por el actual gobierno y sus implicancias sobre el crecimiento de la economía y el presupuesto para el próximo año. En esta entrega ampliamos nuestro análisis para evaluar qué partes del sector público han sobrellevado el mayor peso del ajuste.
Para nuestro análisis dividimos el sector público en 3 niveles: (i) Gobierno Nacional (ministerios e instituciones bajo su tutela); (ii) Gobiernos Regionales; y (iii) Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales).
Por el lado de los ingresos (ver Tabla 1) la caída en soles constantes de 2007 del total de ingresos corrientes ha sido de 4.2 %. Esta caída se ha dado tanto en los ingresos tributarios (impuestos) como en los ingresos no tributarios. La única noticia positiva ha sido el crecimiento de los ingresos tributarios de los gobiernos locales.
El impuesto más importante en términos de recaudación, el IGV, registró una caída de 1.6 %. Sin embargo, esta caída ha sido más severa si se toma en cuenta el aumento de 35.2 % de las devoluciones de impuestos que mayormente están dirigidas a devoluciones de IGV a los exportadores. El impuesto a la renta ha registrado una ligera mejoría (3.3 %) gracias a la recuperación del sector minero. El impuesto a las importaciones también ha registrado una caída de 12.6 % reflejando la caída de las importaciones y la debilidad de la economía doméstica.
Por el lado de los gastos no financieros (ver Tabla 2) si bien el total de gastos no financieros registró una caída de 2.2 %, la caída se ha dado mayormente en gastos de capital (-10.3 %). De hecho, los gastos corrientes han aumentado 0.5 %. De los componentes del gasto corriente, el incremento de las remuneraciones (6.7 %) contrasta con las caídas en los otros componentes: Bienes y servicios (-3.0 %) y transferencias (-3.3 %).
El Gobierno Nacional es la parte del sector público que ha registrado el mayor ajuste (-5.9 %). Los gobiernos regionales y los gobiernos locales a nivel de gasto total han registrado incrementos de 4.5 % y 4.7 % respectivamente. Esta diferencia del ajuste se da también a nivel de gasto de capital. Mientras que el Gobierno Nacional registró una reducción de 11.6 %, los gobiernos regionales apenas registraron una caída de 0.1 % y los gobiernos locales registraron un aumento de 3.7 %.
A nivel de gastos corrientes, las remuneraciones registraron aumentos en todas los niveles del sector público. En el caso del Gobierno Nacional el aumento de las remuneraciones fue de 6.0 % mientras que en el caso de los gobiernos regionales el aumento fue de 8.8 % y en los gobiernos locales apenas fue de 2.7 %.
En el caso de los gastos en bienes y servicios, el ajuste del Gobierno Nacional fue de -6.2 % y esta caída está explicada mayormente por la no ejecución de las partidas asignadas para protección del efecto del Fenómeno El Niño. En el caso de los gobiernos regionales y locales no se registraron ajustes, por el contrario, se registraron aumentos de 0.6 % y 7.9 % respectivamente.
En el caso de las transferencias corrientes, la situación fue similar. Las transferencias del gobierno central registraron una caída de 4.2 % mientras que las transferencias de los gobiernos regionales y los gobiernos locales las transferencias crecieron 1.8 % y 1.1 % respectivamente.
Del análisis previo podemos concluir que el ajuste fiscal en el 2016 se dio exclusivamente a nivel de gobierno nacional y mayormente en bienes y servicios y en gastos de capital. Los gobiernos locales y regionales prácticamente no registraron ajustes en ningún rubro. El componente remuneraciones del gasto corriente es el más preocupante. Este rubro registró aumentos significativos a nivel de los tres estamentos del sector público.
Otro elemento de riesgo es el aumento de las remuneraciones en todos los ámbitos del sector público. El gasto en remuneraciones es difícil de reducir sin incurrir en altos costos sociales. Por otro lado, la necesidad de implementar un plan B en el presupuesto de inversiones para compensar la paralización de los principales proyectos de inversión debido a los casos de corrupción que vienen siendo ventilados y que amenazan generalizarse a los principales proyectos de inversión pública.
Es evidente que con los resultados obtenidos en el 2016 en el rubro de impuestos y la aceptación por parte del Gobierno de que el crecimiento económico será inferior al 4 % en 2017, la postergación de la reducción del IGV hasta mediados del 2017 tendrá que ser postergada indefinidamente.
Lamentablemente se ha perdido una oportunidad para utilizar las facultades delegadas al Ejecutivo para reestructurar el presupuesto del 2017 a fin de asegurar la recuperación de la inversión privada y el crecimiento económico. Se requiere una inmediata acción por parte del MEF para reformular el presupuesto y buscar su aprobación por parte del Congreso.
