Hay síntomas de que la economía peruana está comenzando a repuntar a partir de julio, gracias al reinicio de las obras de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, las cuales inyectarán alrededor de S/ 1.000 millones en lo que resta del año.
El dinamismo comienza a sentirse en la economía del Callao y el distrito limeño de Ate. Y se irá extendiendo en los próximos meses del año, conforme se vayan sumando alrededor de S/ 800 millones en obras de reconstrucción y US$ 200 millones por el destrabe de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez.
En 2018 se intensificará el gasto en estos proyectos, proyectándose otros S/ 1.800 millones en reconstrucción y US$ 500 millones más en la ampliación de dicho aeropuerto. Son buenas noticias, que añaden aire al buen viento que sopla a favor de los precios de nuestros minerales de exportación, al anuncio de Southern de pretender elevar en 40% la capacidad de su fundición de metales en Ilo, y de Corporación Minera Génesis de construir la planta de procesamiento de oro y plata Sierra Norte. Para redondear la faena de destrabe de proyectos de inversión -retrasada durante todo el primer año de gobierno- se tendrá que desatorar el proyecto Quellaveco de Anglo American, y el de Tía María de Southern.
El proyecto Quellaveco implica una inversión del orden de US$ 4.880 millones, para reservas de cobre y molibdeno de 938 millones de toneladas, pudiendo crear 4.500 empleos en la etapa de construcción y 1.700 en la de operación. Por su parte, el proyecto Tía María requiere sólo del otorgamiento de la licencia de construcción para iniciar una inversión de US$ 1.400 millones, aunque para ello el gobierno nacional junto al regional de Arequipa y el provincial de Islay, deberán trabajar en equipo para lograr que la población del valle de Tambo perciba los enormes beneficios de un proyecto que cumple con los estándares ambientales sin poner en riesgo la actividad agrícola.
En ello PPK debe dar muestras de liderazgo y recuperar tiempo perdido, para proceder al destrabe de importantes proyectos de inversión, sin perder la brújula en la lucha contra la corrupción y el freno a todo proyecto maleado por las coimas y el sobredimensionamiento de costos.
Aplicando tecnologías BIM (Building Information Modeling) se puede lograr acelerar la fase de estudios, evaluación y aprobación de proyectos, sin necesidad de relajar las exigencias, sino todo lo contrario. Aplicando estas tecnologías de manera obligatoria (como ya sucede en Dinamarca y otros países nórdicos), se puede desterrar las adendas a los contratos de asociaciones público-privadas, al trabajar con realidad virtual y la digitalización de las obras previstas. Incluso se puede llegar a la digitalización de toda la infraestructura pública existente, para poder monitorear permanentemente la calidad del servicio que brinda a los ciudadanos.
El gobierno debería promover la incursión de empresas de ingeniería y construcción de países que sean líderes en valores y en la aplicación y desarrollo de tecnologías constructivas que contribuyan a desterrar la corrupción.