La corrupción en Petroperú rebasa de lejos a la del escandaloso ‘Lava Jato’ e involucra a varios presidentes de la república y altos funcionarios gubernamentales, incluyendo al actual gobierno. La Contraloría y la Fiscalía de la Nación tendrían que cumplir cabalmente su función fiscalizadora, para evitar que prosiga la impunidad.
Como ya se sabe, el 18 de octubre último, el dueño de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh, se reunió con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras lo cual ganó de manera irregular un contrato para abastecer a Petroperú de biodiesel por US$ 74 millones. Estuvo acompañado de la lobista Karelim López, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y su amigo Gregorio Sáenz Moya, quien inmediatamente después resultó siendo contratado por Petroperú, a pedido expreso de Pedro Castillo.
Es tal el nivel de descomposición y descaro al que ha llegado esta empresa estatal que, el 20 de enero de 2022, el directorio de Petroperú se dio el lujo de acordar que la Gerencia de Cumplimiento ya no eleve a ese máximo órgano de dirección sus reportes de control operativo, sin que éstos tengan previamente la venia del gerente general, el cuestionado y todopoderoso Hugo Chávez, amigo íntimo del presidente Pedro Castillo. Como bien se sabe, en toda empresa seria, tanto la gerencia de cumplimiento como la de auditoría, ejercen funciones delegadas directamente por el directorio para ayudarlo a cumplir su rol de control gerencial y operativo.
Ahí no queda la cosa. Ese salto con garrocha a los principios del buen gobierno corporativo, dio lugar al disentimiento y posterior despido de la gerente de cumplimiento, Zenaida Campos, quien había emitido un informe sobre las irregularidades cometidas durante el proceso de adquisición de biodiesel a la empresa de Samir Abudayeh, amigo de Saenz. Encima siguen las presiones ejercidas contra los trabajadores, por parte del Hugo Chávez de Petroperú, para desaparecer pruebas.
Si bien la corrupción en Petroperú viene de muy atrás e involucra a varios gobiernos, preocupa el nivel de podredumbre que viene alcanzando la mayor empresa del país. Se trata de recurrentes contratos de abastecimiento, proyectos de inversión y gastos de mantenimiento sobrevalorados. De ahí que esta empresa de todos los peruanos arroje pérdidas, a pesar de vender sus productos en un mercado oligopólico en el que su poder para fijar precios es altísimo.
El festín de sobrecostos se facilita por ser la única empresa pública exceptuada del control del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y del organismo rector de la actividad empresarial del Estado (Fonafe), por lo que se da el lujo de tener su propio reglamento de contrataciones y adquisiciones.
La factura de esta inmensa corrupción la vienen pagando todos los peruanos, al sufragar sus pasajes de transporte público, al echar gasolina a sus vehículos o comprar cualquier producto que tenga que ser transportado para llegar al consumidor.
La mayor fuente de pérdida para Petroperú proviene del Plan de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT). No es que estuviera mal que Petroperú pretendiera modernizar la refinería de Talara; indispensable para eliminar los sulfuros contaminantes del diesel y las gasolinas, ya que superaba las 2,000 partes por millón (ppm) de azufre. Se supone que el MRT reduciría este parámetro a 50 ppm. Sin embargo, ese propósito no debiera haber costado más de US$ 800 millones; parecido a lo que costó modernizar la refinería La Pampilla.[1]
¿Qué se hizo en la práctica? Se procedió a montar una nueva refinería en Talara, en abierto incumplimiento de la ley (N°30130) que declaró de necesidad pública e interés nacional la ejecución del PMRT. Entonces se decidió elevar la capacidad de procesamiento de la refinería en 30 mil barriles diarios, pasando de los actuales 65 mil barriles a 95 mil. Esos 90 mil barriles de petróleo no son siquiera suficientes para cubrir la demanda doméstica, que supera los 150 mil barriles.
Hubo gran presión de Ollanta Humala y Nadine Heredia para sobredimensionar este proyecto, para lo cual era fundamental que se contratara a una empresa acostumbrada al pago de sobornos. Al final el PMRT le está costando al Estado peruano (a través de Petroperú) una friolera que supera los US$ 6,000 millones, que incluyen un rubro de US$ 708 millones por concepto de costos financieros, que no queda claro de dónde salen y otro rubro de “obras complementarias” por US$ 529 millones, a ser asumidos por Petroperú.
Técnicas Reunidas, la empresa española contratada figura en un informe realizado de forma conjunta por The Huffington Post en EEUU y el grupo australiano Fairfax Media, entre un conjunto de empresas del rubro petrolero que paga sobornos y cuyos funcionarios también suelen cobrarlos; lo que impacta en el sobredimensionamiento de los proyectos de inversión.[2]
Es curioso que a Técnicas Reunidas se le contrate primero para hacer el diseño de la ingeniería del proyecto (año 2010)[3] y luego (2013) para que ejecute las obras de construcción e instalación. Algo completamente inaudito hacerla juez y parte, dándole un poder discrecional omnímodo frente a Petroperú como parte contratante.
Según Petroperú en el papel la tasa de retorno del PMRT sería de apenas 3.5%. Sin embargo, frente a su costo de capital de 7.8%, no es rentable. En refinerías la mayor rentabilidad se alcanza con proyectos de mayor escala, que por lo menos tripliquen o quintupliquen el tamaño del PMRT. Su costo de operación es muy alto a la luz de estándares internacionales. Su tecnología de desulfurización no es apropiada para una ubicación dentro de una ciudad. Las previsibles restricciones ambientales la exponen a un riesgo alto de paralizaciones continuas, lo que puede incidir fuertemente en sus costos de funcionamiento.
En un contexto de sustitución progresiva de los combustibles fósiles por energías renovables, sólo se justificaría una inversión entre US$ 6,000 y US$ 9,000 que produzca el triple o el quíntuple de lo planeado en Talara, generando excedentes para exportación tras cubrir completamente la demanda interna y permitiendo proyectar una industria petroquímica.
Para ello se tendría que asegurar la disponibilidad de crudo, que tendría que provenir de la selva peruana, a través del Oleoducto, y del Ecuador. El Oleoducto desemboca en Bayovar, donde el Perú ya produce fosfatos, que podrían ser la base para desarrollar un cluster de fertilizantes y petroquímicos, con entrada y salida por el Puerto de Bayovar, que permitiría el acodo de barcos de alto calado.
Se trata de una estructura de negocio de alto riesgo que sólo podría ser asumida por un grupo privado de amplias espaldas. Evidentemente Talara no sería el sitio apropiado para ese proyecto, puesto que no cuenta con un puerto adecuado. Petroperú no genera el flujo de caja suficiente para afrontar siquiera sus deudas de corto plazo.
En el mundo de los proyectos de refinerías, aun con todas sus ampliaciones, el PMRT sigue siendo un proyecto pequeño o mediano, por lo que sorprende que haya batido todos los récords en costos. El presidente de Petroperú, Augusto Baertl, informó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso (12/10/16) que el avance del diseño de la ingeniería es de 95.5% y el de la construcción del 36.2%.
Aún estamos a tiempo para que la Contraloría paralice este proyecto y lleve a cabo las pesquisas a que hubiere lugar. Estamos ante lo que probablemente sea el caso de corrupción más escandaloso de la historia económica peruana; más incluso que Lava Jato. Ante una empresa pública botín de los gobiernos de turno, prostituida, propensa a la violación consentida en perjuicio del pueblo peruano. Hasta ahora son cuatro los presidentes nítidamente comprometidos o que se hicieron de la vista gorda (quizás sean más): Humala, Kuczynski, Vizcarra y Castillo. Urge cortar la gangrena.
[1] La Refinería La Pampilla, de propiedad de Repsol, produce 102 mil barriles diarios, el proceso de desulfurización del diesel y gasolina y una ampliación de producción de 15 mil barriles diarios sólo le costará US$ 740 millones (declaraciones de Antonio Brufau, presidente de Repsol 18/10/16) mientras que la Refinería de Talara necesita US$ 4,782 millones para ejecutar un proceso similar. Gato Encerrado (13/03/2022).
[2] El Economista.Es “Sobornos por doquier: Así engrasa Occidente la industria del petróleo”. https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7456900/03/16/Sobornos-por-doquier-asi-engrasa-Occidente-la-industria-del-petroleo.html. Véase también: https://www.eldiario.es/economia/tecnicas-reunidas-acs-salpicadas-industria_1_4004187.html. Gato Encerrado (13/03/2022) también se pregunta: “¿Por qué Petroperú contrató a la consultora Technip PMC Service (contrato de servicios 11/03/13) para ‘emitir opinión calificada sobre el monto de inversión’ presentado por Técnicas Reunidas, si es público y notorio que existe un claro conflicto de interés entre ambas empresas, ya que han participado conjuntamente en diversos proyectos alrededor del mundo en la últma década? Técnicas Reunidas y Technip participaron en la construcción de las siguientes refinerías: Refinería de Midor en Egipto (El País 22/10/1996), Refinería de Dung Quat en Vietnam (Talk Vietnam 18/05/05), Refinería de Jubail en Arabia Saudi (Arabian Oil 18/06/09), Refinería de Nghi Son de Vietnam (CHEManager International 05/01/11), y ambas empresas vienen participando en la licitación de la ampliación y modernización de la Refinería Ras Tanura en Arabia Saudita (El Economista 17/08/16). No solo eso, en el Perú, ambas empresas se asociaron para diseñar el complejo petroquímico de la empresa Nitratos del Perú (Brescia y Sigdo Koppers) en Paracas (Gestión 23/12/11).”
[3] Técnicas Reunidas fue postor único en la licitación de Diseño de Ingeniería (fase FEED), para lo cual Petroperú descalificó a postores de reconocida experiencia: JGC-Marubeni, Andrade Gutierrez-Techint-Foster Wheeler y Saipem-SK Engineering. Ver Gato Encerrado, 13/03/2022.
https://www.gatoencerrado.net/store/noticias/101/101126/detalle.htm
