Al cierre de la semana pasada dos interesantes proyectos de ley quedaron listos para la discusión en el pleno del Legislativo. El primero presentado por Jorge Flores de Acción Popular sobre el plan de modificar la normatividad tributaria para que se incluya dentro de la base imponible a los servicios ofrecidos por las plataformas virtuales, hecho que ya se está dando en varios países del mundo pero que resulta poco efectivo en la práctica si no se concientiza a las empresas del sistema financiero a que cumplan a raja tabla su labor de agentes de retención. El tema es tan complicado que incluso la OCDE ha replanteado sus plazos y pateó para 2024 el plan de fiscalización a empresas digitales.
El otro proyecto fue presentado por Carlos Anderson de Podemos Perú en el que se pretende modificar la ley del pago de facturas MYPE a treinta días para que este beneficio se vuelva más tangible de lo que actualmente es. Con esta iniciativa se busca que las MYPEs obtengan cuanto antes la conformidad de sus servicios prestados (a lo más una semana tras la entrega del servicio) y que tengan dentro de una plataforma la opción de reportar los incumplimientos de pago para que la SUNAT cuente con elementos para sancionar a los deudores.
