En 2020 como consecuencia de la pandemia el gobierno promulgó un decreto para agilizar muchos de los procedimientos administrativos que generaban cuellos de botella en los procesos de adquisición de bienes y servicios. Esto sirvió para que el sistema de abastecimiento, sobre todo el requerido por la infraestructura sanitaria, mantuviera niveles adecuados y pertinentes de disponibilidad de recursos.
Hace algunos meses se estuvo discutiendo en el Ejecutivo si esta norma debía eliminarse ya que si bien se gana rapidez de respuesta se pierde cierto control, además que puede generar malversación de fondos. Finalmente, se tomó la decisión de mantener las prerrogativas del decreto de urgencia hasta diciembre de 2022, con fundamento en el crecimiento del número de nuevos infectados por Covid-19 y ahora por el preocupante avance de la Viruela del Mono.