La administración de Guillermo Lasso se prepara para dar los primeros pasos en la privatización del sector petrolero. Se desmantelarán los decretos obsoletos que declararon a las estaciones de servicio estatales como “estratégicas” durante el gobierno de Rafael Correa, en línea con la búsqueda de la disciplina fiscal y la limitación del “Estado empresario”.
El gobierno determinó la puesta en marcha de la privatización de 45 estaciones de servicio que corresponden a la enigmática empresa estatal PetroEcuador, que monopoliza la mayor parte de las operaciones en el mercado doméstico de hidrocarburos desde 1971, bajo diversas formas administrativas que fueron cambiando con el paso de los años.