El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú anunció un posible cambio en la estrategia de ejecución para el proyecto de irrigación Chavimochic III, una pieza clave en el plan de inversión del gobierno denominado «Plan Unidos». Este cambio surge en el contexto de un «shock de inversiones» que busca impulsar el crédito y medidas sectoriales, y se considera tras la posibilidad de que no se concrete un acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G). El proyecto, que incluye la finalización de la presa Palo Redondo y la Tercera Línea – Sifón Virú, es vital para la expansión de la frontera agrícola del país y ha sido objeto de discusión entre Canadá y Países Bajos.
La ejecución de Chavimochic III mediante obra pública con adjudicación directa se plantea como una alternativa si para finales del mes no se presenta un gobierno interesado en el proyecto bajo la modalidad G2G. Esta decisión se tomaría en febrero y representa un cambio significativo respecto a la modalidad originalmente planeada. Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), ha expresado preocupación por esta potencial transición, argumentando que la gestión estatal directa podría no ser la más adecuada para el mantenimiento y operación del proyecto, y que la atracción de inversionistas podría verse afectada negativamente por los cambios recientes en la Ley de Promoción Agraria.
Además de Chavimochic III, el MEF está impulsando otros proyectos de irrigación como Iruro y Yanapujio, con inversiones de S/ 206 millones y S/ 617 millones respectivamente. Estos esfuerzos se enmarcan en la necesidad de expandir la frontera agrícola del país y mejorar la capacidad de producción agrícola. Sin embargo, la efectividad de estos proyectos podría verse comprometida por la incertidumbre en la ejecución y la percepción de los inversionistas, especialmente en un contexto de tensiones sociales y cambios legislativos que han impactado al sector agrario.
El debate sobre la modalidad de ejecución del proyecto Chavimochic III refleja un punto crítico en la política de inversión pública y privada en Perú. La decisión de optar por una obra pública directa, frente a la modalidad G2G, podría tener implicaciones significativas en la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad del proyecto. La preocupación de los actores del sector agrario sobre la capacidad del Estado para manejar adecuadamente proyectos de esta envergadura pone de relieve la necesidad de una gestión eficaz y transparente. La elección final sobre la modalidad de ejecución será determinante para el futuro de la infraestructura agrícola del país y para la confianza de los inversionistas en el clima de negocios peruano.