La campaña existente para promocionar la pesca industrial de anchoveta dentro de las 5 millas en el sur del Perú se viene intensificando recientemente.
De la forma como se construya el titular de la noticia, dependerá el grado de influencia que se ejerza sobre la población para empezar a crear corrientes de opinión, en el sentido que el operador sicológico o político desee direccionar. Y/o para sensibilizar al público lector.
Además del lobby que, seguramente se está haciendo, se pretende influenciar a los ciudadanos que leen, para que tomen una posición favorable a la reducción de la talla de la anchoveta y su captura dentro de la zona reservada a la pesca artesanal.
“Al establecer las vedas de acuerdo a una talla incorrecta se reduce exponencialmente la capacidad de pesca en la región», refirió Elmer Cuba, socio de Macroconsult. O sea que la información de IMARPE que sustenta esa talla mínima es incorrecta.
Según Ferreyros, IMARPE brindó datos que apoyan dichas decisiones, debido a que existen organismos de la anchoveta en tallas de 11 y 11,5 cm. que ya desovaron, y que la talla de adultez considerada actualmente (12 cm.), está basada en estudios de hace 60 años.
¿Y cuál es la entidad científica que pone en duda lo que el ente oficial científico peruano determino en su momento?
La industria expresa que “es necesario dictar políticas que permitan volver a capturar la anchoveta en el sur en lugar de que esta sea captada por el norte de Chile”. El problema fondo no estriba en que Chile capture la anchoveta que Perú deja de capturar, sino en el impacto que dichas capturas causan sobre el ecosistema costero y sobre las poblaciones de peces que alimentan a la sociedad civil y permiten la subsistencia de la pesca artesanal. Finalmente Chile es dueño de hacer lo que desee en su Zona Económica Exclusiva, respetando o no las consideraciones científicas, a las cuales no está formalmente obligado de acuerdo a sus normas vigentes, con los resultados que se aprecian en sus pesquerías. Sin embargo, no se puede ignorar el hecho de que ya no se permite su pesca dentro de las cinco millas en dicho país.
No existiendo a noviembre de 2011 ningún Gobierno Regional en el Régimen Especial de Pesca en el Sur, puesto que el GORE Tacna retiró su firma en Julio de ese año, el REP dejó de existir, por lo que procedió emitir el documento correspondiente que le dé fin y disponga una forma legal para aplicar los fondos recaudados existentes en la cuenta de APROSUR, lo que daría fin a un régimen especial indebido. Ese documento fue el DS-015-2011-PRODUCE, que puso fin al REP.
La decisión no obedeció a elementos de juicio biológicos, oceanográficos ni políticos. Se basó en un hecho real, consumado y estrictamente jurídico. Para entenderlo mejor: el REP era un cadáver al inicio de la gestión del gobierno de Humala, que no tenía partida de defunción. Lo único que hizo esa nueva gestión, fue extender dicho documento. El Régimen ya estaba muerto.
Tampoco se puede olvidar el hecho de que la Constitución otorga a todos los ciudadanos la propiedad de los recursos naturales. Siendo así y si el propietario, debida o indebidamente, científica o empíricamente, no desea que se extraigan sus recursos en determinada área geográfica. ¿Puede la ciencia, la técnica y el interés comercial impedirlo, evitarlo o imponer una decisión impopular o no deseada por la población mayoritaria?
Que el PBI se afecte, el empleo disminuya y la rentabilidad de algunas empresas se afecte, no tiene mayor relevancia si se ve en el contexto del real aporte de la industria para con el país y con el hecho de que se debe gobernar para las mayorías. “Los recursos marinos son un bien público, no un recurso privado. Por tanto, el derecho de explotar esos recursos debe asignarse con arreglo a criterios que garanticen que la pesca contribuya lo máximo posible al interés público”.
Si nos alejamos de este principio porque el argumento científico, comercial, económico o técnico de algunos, o la presión mediática de otros lo dice o lo impone, entonces la democracia se desvirtúa. Si todo se ejecuta y mide en función a la economía, al PBI y a los números, y se pierde de vista el contenido social y al ciudadano, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado, el sistema se corrompe, el concepto de democracia se pervierte. ¿O no?
El tema de las cinco millas es tan antiguo y recurrente, que gobierno a gobierno se pone en agenda y nunca se resuelve definitivamente, como casi todo en la pesca artesanal. Hay diagnóstico tras diagnóstico, año tras año, gobierno tras gobierno que casi dicen lo mismo; pero ninguna administración ha producido resultados eficaces para resolver sus problemas y avanzar. Tal vez, por lo menos el asunto de las cinco millas podría resolverse y voltear la página sometiendo el asunto a una consulta popular para conocer y hacer lo que piden las mayorías.
La problemática de la pesca dentro de las cinco millas en el sur del Perú tiene que enfocarse también desde el punto de vista jurídico y no solamente económico. En tal sentido vale la pena revisar la resolución del Tribunal Constitucional al respecto y que está relacionada con el tema:
“En tal sentido, cuando la generación lucrativa de ciertas empresas pesqueras entra en conflicto con el bienestar colectivo o la defensa de los bienes que resultan indispensables para que la vida humana siga desarrollándose, la interpretación que de la Constitución se haga debe preferir el bienestar de todos y la preservación de toda clase de vida, toda vez que la Economía Social de Mercado condiciona la participación de los grupos económicos al respeto del bien común y del interés general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un espacio donde se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en detrimento de los demás bienes jurídicos protegidos constitucionalmente”
Para entender mejor la temática puede leerse el artículo completo en el siguiente link:
