El bolsillo del consumidor y el controvertido «Recargo al Consumo»

El «Recargo al Consumo» (RC) es un concepto que ha generado controversia en el Perú, ya que representa una carga adicional en las facturas de restaurantes y hoteles, a menudo desconocida por los consumidores. Este artículo explora en profundidad qué es el RC, su origen, cómo se aplica y por qué es importante que los consumidores estén informados sobre su existencia.

El recargo al consumo: ¿Qué es y cómo funciona?

El Recargo al Consumo es un cargo adicional, de hasta un 13%, que se agrega a las facturas de restaurantes, hoteles y otros establecimientos similares en Perú. Aunque se presenta como un componente separado del precio del servicio, su propósito es servir como una propina obligatoria destinada a los trabajadores del establecimiento. A menudo, este cargo se incluye en la factura sin el conocimiento previo del cliente, lo que genera confusión y descontento entre los consumidores que no están al tanto de esta práctica.

Origen histórico y evolución del recargo

El RC tiene sus raíces en la década de 1940, cuando la Federación de Trabajadores en Hoteles y Ramos Similares del Perú logró la implementación de una propina obligatoria del 10% en Lima, Callao y balnearios. Con el tiempo, este concepto se formalizó legalmente, primero en 1963 con la Ley N° 14701, que estableció un recargo del 10% en las facturas de consumo, y luego en 1967 con la Ley 16658, que aumentó el recargo a 13%. Este incremento tenía como objetivo financiar beneficios sociales para los trabajadores del sector, pero con el paso de los años, su implementación ha generado numerosos conflictos y malentendidos.

Inconvenientes y controversias del recargo

A lo largo de los años, el Recargo al Consumo ha sido motivo de quejas tanto por parte de los consumidores como de los trabajadores. Muchos empleados de restaurantes y hoteles afirman no recibir la totalidad del recargo recolectado, ya que la distribución de estos fondos queda a discreción del propietario del establecimiento. Además, el RC no es considerado parte del salario, por lo que no está sujeto a beneficios sociales ni contribuciones tributarias, lo que reduce su transparencia y fiscalización.

Impacto en los consumidores: Un costo oculto

Para los consumidores, el RC representa un costo adicional que puede elevar significativamente el monto total a pagar por un servicio. Por ejemplo, si un cliente no está informado sobre la inclusión del RC y decide dejar una propina adicional, podría terminar pagando hasta un 23% más sobre el precio original del servicio. Este tipo de cargos no solo afecta el presupuesto del consumidor, sino que también pone en cuestión la ética de su implementación, ya que en muchos casos no se informa adecuadamente al cliente sobre su existencia.

Aspectos legales y regulaciones actuales

El marco legal actual permite a los establecimientos imponer un recargo al consumo, siempre y cuando exista un acuerdo con sus trabajadores. Sin embargo, la falta de regulación clara sobre la distribución de estos fondos ha permitido prácticas arbitrarias, donde los dueños pueden quedarse con parte del recargo. La Quinta Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25988 permite la existencia del RC, pero no establece mecanismos de control efectivos para garantizar que los fondos lleguen a los trabajadores.