Calientan los motores de la campaña electoral al 2026, con más de 40 candidatos compitiendo por conquistar al elector repitiendo como un mantra: “agua para todos”, sin conocer ni gota de la complejidad que implica hacer realidad esa promesa. Mientras tanto, en las cuencas donde el agua escasea, ese eslogan suena a pura ironía.

Paradójicamente, el país con la mayor reserva de agua dulce de los Andes no logra garantizar una seguridad hídrica básica a millones de ciudadanos: a la costa le faltan caudales, a la sierra le faltan reglas y a la Amazonía le falta Estado.

La causa principal no es natural (El Niño, La Niña, el cambio climático, etc.) sino, ante todo, institucional; sin una Autoridad Nacional del Agua (ANA) empoderada, autónoma y capaz de coordinar diversos sectores, el país se hunde en un círculo vicioso de gestión reactiva, fragmentada y conflictuada. ¿Cómo así llegamos a esto? ¿Es posible cambiar la historia? Veamos.

El Espejismo del Eslogan “Agua para Todos”

La consigna “agua para todos” funcionó mientras el país creía que bastaba con más obras de captación y tender tuberías. Hoy la escasez, la contaminación y el cambio climático exhiben las costuras: no hay “agua para todos” si no se gobierna por cuencas, se mide lo que se usa y se sanciona a quienes contaminan. En ausencia de una autoridad con dientes y una coordinación multisectorial real, el reparto del agua ha terminado decidiéndose por el poder económico, la informalidad y el conflicto.

En lugar de ser un eslogan, “agua para todos” debería pasar a ser un propósito de Estado. Para ello se debe partir por reconocer que la problemática del agua es de carácter eminentemente multifactorial y multisectorial. Por lo cual se requiere de una súper autoridad técnica con empoderamiento político al más alto nivel, como instancia única con suficiente autonomía para poder articular sectores y arbitrar entre los múltiples intereses en conflicto, usos y abusos.

La falta de una ANA empoderada y autónoma ha contribuido a la fragmentación de la gobernanza del agua a nivel nacional, con dispersión de competencias entre múltiples sectores y organismos. Así, la ANA –actualmente adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego– ha carecido de la autonomía suficiente para liderar una gestión hídrica integrada que garantice la sostenibilidad de los recursos hídricos.

La ANA navega hoy a la deriva en aguas turbulentas de sobreexplotación de acuíferos y ríos. En paralelo, proliferan irrigaciones divorciadas de planes de ordenamiento integrales y protección de cabeceras o de capacidad de carga de acuíferos. Su dependencia de la cartera de agricultura ha mermado su capacidad de modular los proyectos de expansión hidráulica promovidos por empresas agroexportadoras boyantes, que pagan sólo la mitad del impuesto a la renta, mientras vanamente los sectores ambiente y vivienda intentan mitigar sus daños.

La Factura Social

Los conflictos por agua son el pan de cada día, debido a una falta de mediación temprana y de espacios donde los actores acuerden reglas claras. El efecto es visible: paralización de proyectos mineros y agroindustriales, criminalización de la protesta y comunidades enfrentadas entre sí. El conflicto paralizante del proyecto Tía María es un caso emblemático. El impacto más corrosivo, sin embargo, es intangible: la erosión de confianza en el Estado. Cuando las licencias y la fiscalización se perciben opacas o ineficaces, el mensaje que llega a la población es que la justicia hídrica es negociable y retorcida.

La inequidad en el acceso al agua se ha vuelto estructural. Donde el catastro de derechos es débil o desactualizado, prospera la sobreasignación para quienes pueden perforar más hondo o tramitar con más rapidez. En paralelo, barrios periurbanos y comunidades rurales siguen sin agua potable o con servicios intermitentes.

Cerca del 30% de la población urbana conectada a redes no recibe agua las 24 horas del día. En zonas rurales la cobertura de agua segura apenas supera el 70%, lo que significa que más de 7 millones de peruanos carecen de acceso continuo y seguro al recurso (SUNASS e INEI).

Alrededor del 42% de los niños menores de 3 años en el Perú sufren de anemia; en zonas rurales ese porcentaje supera el 50% (INEI). La falta de agua potable continua y segura puede explicar hasta un tercio de los casos de anemia persistente, incluso en contextos donde se distribuye suplementos de hierro.

Gravísimas cifras que impactan en una merma sustantiva del capital humano del país: niños con menor desarrollo cognitivo y físico y adultos con menor productividad laboral a futuro. Además, generan altos costos en el sistema de salud por tratar diarreas, parasitosis y desnutrición asociadas. La anemia es así una de las formas más crueles de la mala gobernanza hídrica: agua contaminada y escasa que condena a los niños a un futuro más corto y con menos oportunidades.

La Factura Ambiental

El Perú explota más agua de la que registra. La sobre extracción de acuíferos costeros, con intrusión salina incluida, y la reducción de caudales en ríos andinos son síntomas de una gestión basada en ofertar más, no en equilibrar. La contaminación es la otra cara de la moneda: descargas industriales, mineras y municipales sin tratamiento suficiente degradan ríos emblemáticos. Con una fiscalización débil y autorizaciones que no exigen renovaciones ni verificación periódica, la calidad cae y la biodiversidad retrocede.

El deterioro de los ecosistemas reguladores –cabeceras de cuenca, humedales, bofedales– reduce el caudal base que sostiene la vida en estiaje. La postergación de la zonificación de cabeceras, pese a estar mandatada, revela inoperancia. Mientras el clima cambia, la coordinación entre quienes deben anticiparse (ANA, SENAMHI, MINAM, MVCS, gobiernos regionales) se vuelve absolutamente reactiva y post mortem, con respuestas fragmentadas costosas e ineficaces ante sequías e inundaciones. Toda vez que el agua falta o sobra, el Estado aparece tarde, caro y mal coordinado. El costo lo pagan siempre las familias y los ecosistemas

El Costo Económico de la Falta de Gobernanza Hídrica

La suma de conflictos, agua contaminada y desastres recurrentes equivale a un impuesto invisible sobre el crecimiento. Hay pérdidas por paralizaciones, costos sanitarios por enfermedades hídricas, gastos en rehabilitación de infraestructura tras huaicos. Y lo más grave son las oportunidades perdidas: menos inversión sostenible y menor acceso a financiamiento climático, al no mostrar el país una senda creíble de gobernanza hídrica.

El corazón del problema es institucional. La ANA, adscrita a un sector productivo, carece de la autonomía necesaria para arbitrar entre usos en nombre del interés público. Las competencias se dispersan entre ministerios y niveles de gobierno sin un órgano que los obligue a coordinar. Los procesos críticos –licencias, fiscalización, sanciones– son lentos o ineficaces; la información es incompleta; y los incentivos financieros no alinean comportamientos: quien usa o contamina más rara vez paga proporcionalmente.

Qué Lecciones Podemos Aprender de Otros Países

Un caso cercano es Brasil, que financia la gestión por cuenca con “cobranza por uso” y decide con consejos de cuenca. Otro caso es México que, pese a sus tensiones, toma muy en serio el catastro de concesiones y el control de acuíferos. Holanda destaca por definir estándares de riesgo, cobra tasas locales y dar espacio al río en vez de pelear contra él. Japón destaca por su planificación de riesgos, operar con disciplina y ensayar sus protocolos. Singapur es un caso emblemático de integración de todo el ciclo urbano del agua en una sola agencia, con medición de cada usuario y normalización del reúso.

Estos países no tienen más agua que el Perú; lo que tienen son instituciones que convierten el recurso en seguridad y equidad sin conflicto. La lección común es prosaica: instituciones con mandato claro, financiamiento estable, datos abiertos y capacidad sancionadora. A la luz de estas experiencias, la oferta electoral romántica criolla de “más obras” se convierte en una feroz amenaza si no hay por delante gobernanza.

Cómo Salimos del Atolladero

Para empezar, se necesita de rectoría y coordinación. Hay que crear un Sistema Nacional de Gobernanza por Cuencas, liderado por una ANA con cobijo en la Presidencia del Consejo de Ministros. Bajo su batuta deben funcionar consejos de cuenca con decisiones vinculantes en cuencas críticas y un Comité Intersectorial del Agua que alinee ministerios y gobiernos regionales.

Se necesita reglas, medición y control de cumplimiento. Debe haber un catastro hídrico digital y público; medidores y telemetría obligatorios para grandes usuarios; licenciamiento proporcional al riesgo con plazos claros y condiciones dinámicas en sequía.

La fiscalización a nivel de cuenca y local debe ser fortalecida, con capacidad inspectora y de monitoreo con sensores y satélite, y capacidad disuasiva con mecanismos de sanción ejecutables y renovaciones condicionadas por desempeño ambiental verificable.

El financiamiento debe alinear los incentivos, con retribuciones por uso y vertimiento con destino de cuenca; fondos de agua y pagos por servicios ecosistémicos; acceso a financiamiento climático para conservación de cabeceras y soluciones basadas en la naturaleza.

La gestión de riesgos y adaptación debe estar basada en estándares legales de seguridad por tramo de río y planes de sequía e inundación por cuenca. Hay que “darle espacio al río” donde sea costo-efectivo, combinando armónicamente infraestructura natural y gris.

Se requiere también un ciclo urbano integrado que articule agua potable, alcantarillado y pluvial bajo metas comunes de continuidad, pérdidas (agua no facturada) y reúso para industria y riego periurbano.

Nada de esto funciona sin transparencia y vigilancia social. Para ello es fundamental construir un tablero público de cuencas con caudales, extracciones, calidad y cumplimiento de compromisos; actas y acuerdos de los consejos de cuenca disponibles en línea.

La medición es clave. Empezando por el porcentaje de grandes usuarios con medición y telemetría, el balance hídrico por cuenca priorizada (extracción/recarga) y la tendencia anual, hasta el agua no facturada en EPS y horas de continuidad del servicio, el porcentaje de reúso en demanda industrial y agroexportadora periurbana, el cumplimiento de estándares de calidad por puntos de monitoreo, la superficie de cabeceras protegidas y caudal ecológico respetado, los tiempos de resolución de conflictos y cumplimiento de acuerdos y la ejecución y auditoría del presupuesto de cuenca.

Pasemos del Eslogan a la Acción Estratégica

“Agua para todos” debería dejar de ser un estribillo para convertirse en un propósito de garantía de excelencia en la gestión sostenible de los recursos hídricos. Ello será posible si el país apuesta por un Estado menos obeso y más musculoso, que establezca una gobernanza participativa por cuencas, que mida con rigor y rinda cuentas.

Para eso se necesita una ANA renovada, con jerarquía política, autonomía técnica y recursos previsibles; una mesa intersectorial que ordene prioridades; y una ciudadanía informada y vigilante que exija resultados. El agua bien manejada es cosecha de salud, productividad y confianza; pero sin gobernanza no hay nada. Sólo con ella podemos aspirar a un desarrollo promisorio, desde la base de la pirámide social. El calendario electoral y el cambio climático no dan tregua. Cada elección perdida y cada año de inacción es un caudal menos para las próximas generaciones. Esta vez sólo queda votar por un cambio de rumbo, serio, que calme la sed de buen gobierno.