El dilema peruano entre la productividad y informalidad
Los sectores que emplean a la mayor parte de la población —agro, comercio, restaurantes y transporte— operan con productividades extremadamente bajas. Mientras los costos laborales formales continúen por encima de esa capacidad real de pago, la informalidad seguirá siendo la estrategia dominante. Reducir la cuña fiscal y reactivar la productividad es la única vía para romper el círculo vicioso.
Introducción
Durante años hemos sostenido que la informalidad laboral es el resultado directo de los sobrecostos del empleo formal: contribuciones sociales elevadas, rigideces contractuales y una carga tributaria que hace más atractivo operar al margen de la ley que dentro de ella. Aunque ese diagnóstico sigue siendo válido, hoy resulta insuficiente. La razón es patente: amplios segmentos de la economía operan con niveles de productividad tan bajos que la formalidad no es solo costosa, sino inalcanzable en términos económicos. Para un agricultor de subsistencia, un comerciante minorista, un pequeño restaurante o un conductor urbano, las obligaciones formales superan por completo su capacidad productiva. La distancia entre lo que pueden generar y lo que la ley les exige pagar se ha convertido en el verdadero núcleo del estancamiento que sostiene la informalidad, reproduce la pobreza y debilita la protección social.
La informalidad laboral en el Perú
La informalidad laboral se ha convertido en el elemento dominante del mercado de trabajo peruano y en uno de los principales factores que limitan el desarrollo económico. Cerca del 74% del empleo permanece fuera de la formalidad, una proporción que prácticamente no ha variado en diez años pese a periodos de expansión del PBI y a un desempeño exportador favorable. Esta estabilidad revela una falla estructural: la mayor parte de la fuerza laboral opera sin protección social, fuera de los sistemas contributivos y con ingresos que no permiten una acumulación sostenida de capital humano o financiero. El resultado es un círculo de baja recaudación, servicios públicos subfinanciados y una elevada vulnerabilidad económica que dificulta la movilidad social.
El comportamiento de la productividad confirma esta tendencia. En los últimos años, la distancia entre el sector formal y el informal se ha ampliado de manera sostenida, reflejando una economía donde una parte de los trabajadores logra incorporar capital y tecnología, mientras la mayoría permanece limitada a actividades de baja escala. Esta divergencia estructural es la que se aprecia en el Gráfico 1 y constituye hoy el principal freno para la transición hacia empleos formales y sostenibles.
Fuente: INEI
Como podemos ver, la productividad del segmento informal se ubica alrededor de S/ 27 mil por trabajador equivalente al año, frente a más de S/ 167 mil en el segmento formal. Aunque la productividad informal ha aumentado en términos nominales desde 2007, el avance real es limitado una vez descontada la inflación. La tendencia dominante es la ampliación de la brecha: el sector formal mejora su capacidad de generación de valor, mientras el informal permanece prácticamente estancado.
La persistencia de esta brecha obliga a revisar las causas de la informalidad. Los sobrecostos laborales siguen influyendo en la decisión de formalización, pero el factor determinante es la limitada capacidad productiva de los sectores que concentran la mayor parte del empleo. Agricultores de subsistencia, comerciantes minoristas, pequeños restaurantes y conductores de transporte urbano operan con márgenes reducidos y baja acumulación de capital, por lo que no pueden absorber los costos asociados a un empleo formal. Bajo estas condiciones, la informalidad no es una elección, sino la única alternativa viable para sostener su actividad económica.
El sector agropecuario: el núcleo de la informalidad estructural en el país
El sector agropecuario presenta los niveles más altos de informalidad del país: más del 95% de sus trabajadores opera fuera de la formalidad, en unidades productivas pequeñas, familiares y con escaso acceso a tecnología, financiamiento o mercados. Esta estructura limita la productividad por trabajador y reduce los ingresos a niveles de subsistencia. Como muestra el Gráfico 2, aunque la productividad del segmento informal ha crecido en la última década, sigue muy por debajo del promedio de la economía y del sector formal, lo que evidencia un rezago persistente.
Fuente: INEI
Con estos niveles de productividad, las obligaciones asociadas al empleo formal —contribuciones sociales, aportes previsionales y seguros de salud— resultan inasumibles para la mayoría de productores. La informalidad en el agro no responde a una decisión estratégica, sino a una restricción económica: la formalidad, tal como está diseñada, no es compatible con la escala ni los ingresos reales de estas unidades productivas. Por ello, cualquier intento de formalización que no reduzca la carga laboral directa está condenado al fracaso.
Una reforma que sustituya las contribuciones sociales por un incremento de dos puntos en el IGV permitiría disminuir la cuña fiscal que hace inviable la formalización en el agro. Este ajuste, combinado con políticas activas de aumento de productividad —tecnología, extensión agrícola, capacitación, inclusión financiera y acceso a mercados— generaría incentivos reales para la formalización y tendría un impacto significativo en el crecimiento del PBI, dado el peso laboral del sector. La evidencia internacional confirma que no hay desarrollo sostenible sin incrementos sostenidos de productividad agrícola.
Comercio: estructura informal y limitado rendimiento productivo
El comercio minorista es uno de los sectores con mayor incidencia de informalidad en el país y concentra una parte significativa del empleo urbano. Más del 80% de los trabajadores del sector opera al margen de la formalidad, fundamentalmente en micro y pequeñas unidades económicas con bajos niveles de capitalización y alta rotación. La presencia extendida de negocios sin licencia, sin comprobantes de pago y sin registro laboral responde a una estructura productiva caracterizada por márgenes reducidos, autoempleo de subsistencia y limitada capacidad de inversión.
Los niveles de productividad del sector reflejan estas condiciones. La brecha entre el segmento formal y el informal se ha ampliado con el tiempo, y la productividad del comercio informal se mantiene en niveles comparables a los observados en el sector agropecuario. Ello evidencia que gran parte de los negocios que operan en el comercio minorista no logra generar el valor necesario para sostener inversiones, mejorar su escala o absorber los costos asociados a la formalización. Esta tendencia se observa en el Gráfico 3, donde el segmento informal muestra un avance nominal, pero permanece muy por debajo del sector formal y del promedio de la economía.
Fuente: INEI
En este contexto, la baja productividad es el principal condicionante del comportamiento empresarial en el sector. La mayoría de comerciantes informales son autoempleados que trabajan jornadas extensas para obtener ingresos modestos y con escasa capacidad de ahorro. La competencia intensa en mercados saturados y la limitación de capital de trabajo reducen los márgenes y restringen cualquier posibilidad de cumplir con las obligaciones laborales formales. Para este segmento, la formalidad opera más como un costo adicional que como un instrumento para mejorar la competitividad o la sostenibilidad del negocio.
Una reforma que reduzca la carga de los costos laborales podría tener efectos inmediatos en la formalización del sector comercio. Sustituir las contribuciones sociales por un incremento de dos puntos en el IGV eliminaría la obligación de realizar aportes previsionales y de salud, disminuyendo los costos laborales de los pequeños comercios y ampliando su margen operativo. Este cambio sería especialmente efectivo si se complementa con capacitación empresarial, acceso al crédito y herramientas digitales que permitan mejorar la gestión e integrarse a cadenas de suministro más eficientes. En conjunto, estas medidas podrían elevar la productividad del sector y generar incentivos concretos para transitar hacia la formalidad.
Restaurantes: alta informalidad y limitada productividad empresarial
El sector de restaurantes y servicios de comida es uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro de la economía peruana, pero presenta al mismo tiempo uno de los niveles más altos de informalidad. Más del 85% de sus trabajadores se encuentra fuera de la formalidad, principalmente en establecimientos pequeños y familiares que operan con baja capitalización y escasa capacidad de inversión. Esta estructura limita la incorporación de tecnología, restringe la productividad laboral y genera ingresos que no alcanzan para absorber los costos de un empleo formal. El Gráfico 4 muestra la evolución de la productividad del sector y evidencia que la brecha entre el segmento formal e informal se ha ampliado de manera constante en los últimos años.
Fuente: INEI
Las restricciones del sector son similares a las observadas en el comercio minorista. La mayoría de los restaurantes funciona con márgenes estrechos, alta competencia y bajos niveles de eficiencia operativa, lo que reduce la capacidad para invertir o adoptar mejoras en gestión y calidad. La informalidad se reproduce, además, en la estructura laboral: muchos establecimientos dependen de mano de obra familiar o no registrada, lo que perpetúa la baja productividad y limita la posibilidad de ofrecer servicios con estándares más altos. En estas condiciones, los costos laborales formales resultan difíciles de cubrir y se perciben como un riesgo financiero más que como una herramienta de desarrollo empresarial.
Una estrategia de reducción de sobrecostos laborales podría contribuir a revertir esta situación. Sustituir las contribuciones sociales por un incremento de dos puntos en el IGV disminuiría los costos de formalización para los pequeños restaurantes y permitiría incorporar trabajadores sin enfrentar cargas que superan su capacidad operativa. Si esta reforma se complementa con capacitación en gestión, marketing, inocuidad y calidad, así como con herramientas de digitalización para mejorar procesos y ventas, el sector podría elevar su productividad y generar incentivos reales para la formalización. Este enfoque integral permitiría transitar hacia un modelo más competitivo y sostenible para un segmento que emplea a cientos de miles de trabajadores.
Transporte: informalidad extendida y brecha productiva creciente
El sector transporte registra una de las tasas más altas de informalidad del país: más del 80% de los conductores opera sin contratos, sin beneficios y en unidades económicas de baja escala. Esta estructura limita la inversión en mantenimiento, seguridad y estandarización del servicio, y genera efectos directos sobre la movilidad urbana y la calidad del transporte público. El Gráfico 5 muestra que la brecha de productividad entre el segmento formal e informal se ha ampliado de manera sostenida, superando incluso a la observada en otros sectores intensivos en mano de obra.
Fuente: INEI
La baja productividad del segmento informal, sumada a ingresos reducidos y a una competencia intensa —agravada en algunas rutas por la extorsión y el sicariato— hace que la formalidad se perciba como una carga imposible de asumir. La proliferación de servicios que operan al margen de la normativa laboral y tributaria confirma que la decisión de mantenerse informal responde más a restricciones económicas que a una conducta deliberada. Bajo estas condiciones, los costos laborales formales superan por amplio margen la capacidad real de pago de los conductores.
Una reforma orientada a reducir la cuña fiscal podría modificar estos incentivos. Sustituir las contribuciones sociales por un incremento de dos puntos en el IGV reduciría los costos laborales directos y facilitaría la formalización del sector. Si esta medida se acompaña de capacitación en seguridad vial, gestión operativa e inclusión financiera para acceder a flotas estandarizadas, la productividad del transporte podría elevarse, generando un entorno más competitivo y promoviendo un proceso gradual de formalización.
Reducción de sobrecostos y mejoras productivas: la ruta hacia la formalidad
La reducción de la informalidad requiere una estrategia dual: elevar la productividad y, al mismo tiempo, disminuir los sobrecostos laborales que impiden la transición hacia la formalidad. La productividad es el principal motor del crecimiento económico y determina la capacidad real de los trabajadores y las empresas para asumir las obligaciones formales. Cuando esta es baja —como ocurre en el agropecuario, el comercio, los restaurantes y el transporte— la formalidad se vuelve inalcanzable. Por ello, una reforma que reemplace las contribuciones sociales por un incremento de dos puntos en el IGV podría corregir la actual cuña fiscal que desincentiva la formalización, al tiempo que permitiría financiar el sistema previsional mediante un mecanismo más amplio y menos distorsionante.
La combinación de mayor productividad y menores sobrecostos laborales generaría efectos directos sobre el crecimiento y la sostenibilidad fiscal. Un incremento sostenido de productividad en los sectores intensivos en empleo tendría un impacto inmediato en el PBI, mientras que la formalización ampliaría la base tributaria, fortalecería la recaudación y reduciría la presión sobre las finanzas públicas. A su vez, el sistema previsional y de salud se beneficiarían con la incorporación de nuevos aportantes y con un esquema de financiamiento más estable, asegurando su sostenibilidad a largo plazo. Este enfoque integral permitiría revertir la dinámica actual y avanzar hacia un mercado laboral más productivo, formal y competitivo.
Hacia un nuevo pacto social
La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales límites estructurales para el desarrollo del Perú. Diez años después de “La Cuña Fiscal”, el país mantiene niveles de informalidad cercanos al 74%, con efectos directos sobre la recaudación, la sostenibilidad del sistema previsional y la calidad de los servicios públicos. La informalidad no solo impide que millones de trabajadores accedan a protección social, sino que también restringe la capacidad del Estado para financiar políticas de desarrollo. Su persistencia revela un desajuste entre las obligaciones del empleo formal y la capacidad productiva real de amplios segmentos económicos, particularmente en sectores intensivos en mano de obra.
Los sectores agropecuario, comercio, restaurantes y transporte concentran la mayor proporción de empleo informal y presentan los niveles más bajos de productividad por trabajador. En estas actividades, los ingresos generados apenas permiten cubrir los costos operativos y el consumo básico de los hogares, por lo que la formalidad es percibida como una opción financieramente inviable. Mientras los costos laborales formales se mantengan por encima de la capacidad de pago de estos sectores, la informalidad seguirá siendo la estrategia predominante. Esto explica por qué los esfuerzos basados únicamente en normas más estrictas o en mayor fiscalización han tenido resultados limitados: el problema no es regulatorio, sino económico.
Un enfoque integral debe combinar incrementos sostenidos de productividad con una reducción de la cuña fiscal que afecta la formalización. Sustituir las contribuciones sociales por un incremento de dos puntos en el IGV permitiría eliminar el sobrecosto directo del empleo formal y trasladar el financiamiento previsional hacia un mecanismo más amplio, estable y menos distorsionante. Esta reforma reduciría las barreras de ingreso a la formalidad para agricultores, comerciantes, restaurantes y transportistas, quienes podrían formalizar a sus trabajadores sin encarar cargas que exceden su realidad productiva. Pero el componente tributario debe complementarse con políticas activas orientadas a mejorar la productividad: acceso al crédito, programas de capacitación, innovación tecnológica y articulación a cadenas de valor.
Reducir la informalidad no es únicamente un objetivo fiscal: es una condición para fortalecer la competitividad, mejorar la calidad del empleo y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Un pacto que combine productividad y formalización ampliaría la base tributaria, estabilizaría la recaudación y permitiría al sistema previsional incorporar nuevos aportantes de manera sostenida. En un contexto de bajo crecimiento y elevada vulnerabilidad laboral, este enfoque representa una ruta viable para avanzar hacia un modelo económico más inclusivo y resiliente. La informalidad no debe asumirse como un destino inevitable; con reformas adecuadas, puede convertirse en el punto de partida de un proceso de desarrollo más justo y sostenible.
