Destaque
El desarrollo del sector forestal peruano —mediante la reconversión productiva de millones de hectáreas degradadas— puede generar empleo formal y descentralizado, elevar de manera sostenida la productividad de los sectores más pobres y reducir la informalidad. Por su escala territorial y su impacto económico y social, el sector forestal debería ser asumido por los candidatos presidenciales como un nuevo motor de crecimiento de mediano plazo para el país.
Desde la promulgación de la Constitución de 1993 y el giro hacia un modelo económico orientado al mercado, el Perú ha atravesado uno de los ciclos de crecimiento más prolongados de su historia republicana. La estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y la atracción sostenida de inversión privada impulsaron sectores como la minería y, más recientemente, la agroexportación, que se consolidaron como los principales motores de la expansión económica. Este proceso permitió una reducción significativa de la pobreza durante las dos primeras décadas del siglo XXI, alcanzando avances que parecían inalcanzables tras la crisis de los años ochenta.
No obstante, este crecimiento no logró traducirse en una transformación profunda de la estructura productiva ni en una integración sostenida de amplios sectores de la población al desarrollo. Hoy, cerca del 30% de los peruanos permanece atrapado en la trampa de la pobreza, en un entorno caracterizado por baja productividad, escasas oportunidades de empleo formal y alta vulnerabilidad económica. Más del 70% de la fuerza laboral opera en condiciones de informalidad, sin acceso a derechos laborales ni protección social, lo que limita la acumulación de capital humano y alimenta tensiones sociales, frustración ciudadana y un deterioro progresivo de la seguridad. El país creció, pero no consiguió construir un mercado laboral moderno ni una base productiva diversificada capaz de sostener el bienestar en el largo plazo.
En este escenario, la economía peruana enfrenta un desafío central: identificar un nuevo eje de crecimiento que permita generar empleo formal a gran escala, elevar la productividad laboral y reducir de manera estructural la informalidad. Esta búsqueda remite a una oportunidad largamente postergada: el desarrollo del sector forestal. Por su escala territorial, su capacidad de absorción de mano de obra y su potencial para articular productividad, sostenibilidad ambiental y desarrollo regional, el sector forestal peruano ofrece una alternativa concreta para dinamizar tanto los Andes como la Amazonía y avanzar hacia un modelo de crecimiento más inclusivo y territorialmente equilibrado.
Para dimensionar esta oportunidad, resulta ilustrativo observar el caso de Chile. A pesar de contar con una superficie forestal significativamente menor que la peruana, Chile logró construir una industria forestal moderna, competitiva y de alcance global a partir de una decisión de política pública clara y sostenida. El punto de inflexión fue el Decreto Ley 701 de 1974, una de las normas más influyentes en la historia forestal de América Latina, que promovió la forestación y reforestación en suelos de aptitud preferentemente forestal, en su mayoría degradados. Mediante este instrumento, el Estado chileno asumió entre el 75% y el 90% de los costos de plantación —incluyendo preparación del suelo, plantación y mantenimiento inicial—, reduciendo de manera sustancial el riesgo para la inversión privada y creando condiciones para una expansión acelerada del sector.
El caso chileno es singular en la región. Con una dotación forestal limitada, el país logró transformar ese recurso en una base productiva moderna, estable y altamente rentable. Como muestra el Gráfico 1, desde 1970 la superficie forestal total se ha mantenido prácticamente constante, aun cuando las plantaciones comerciales crecieron de manera explosiva. Este proceso no se apoyó en la expansión sobre bosques nativos, sino en una reconversión sistemática de suelos degradados, respaldada por políticas públicas coherentes, manejo silvicultural intensivo e integración industrial a lo largo de la cadena productiva. El resultado fue la consolidación de una industria forestal capaz de generar empleo formal, exportaciones de alto valor agregado y desarrollo territorial sostenido, posicionando al sector como uno de los pilares de la economía chilena.
Dotación forestal y uso productivo del territorio
El contraste con el Perú es contundente. A comienzos de la década de 1970, el país contaba con una de las mayores superficies de bosque tropical del mundo, con más de 80 millones de hectáreas (ver Gráfico 1). Sin embargo, esta ventaja natural no se tradujo en una plataforma de desarrollo productivo. Por el contrario, durante las últimas cinco décadas la superficie forestal peruana ha seguido una tendencia descendente, marcada por una deforestación persistente —entre 80 y 120 mil hectáreas anuales en los años setenta y ochenta, con una aceleración significativa a partir del 2000— que no ha sido compensada por programas sistemáticos de reforestación ni por el desarrollo de plantaciones comerciales a gran escala.
Una parte sustantiva de esta pérdida de capital natural se explica por la expansión de la minería ilegal en la Amazonía, especialmente en regiones como Madre de Dios, donde vastas extensiones de selva han sido devastadas por actividades extractivas informales, altamente contaminantes y sin encadenamientos productivos sostenibles. A diferencia del caso chileno —donde la intervención forestal respondió a una estrategia de largo plazo respaldada por el Estado—, la Amazonía peruana ha sido tratada como una frontera sin institucionalidad efectiva, en la que se dilapidan recursos estratégicos sin generar empleo formal, desarrollo territorial ni ingresos fiscales relevantes.
De manera paralela, el país ha desaprovechado sistemáticamente el enorme potencial forestal de la sierra. Los Andes peruanos concentran millones de hectáreas de suelos de aptitud forestal hoy degradados, con condiciones favorables para plantaciones templadas, restauración ecológica y manejo hídrico. No obstante, la ausencia de un programa nacional de reforestación, la falta de incentivos económicos claros y la débil articulación institucional han impedido que estos territorios se integren a una estrategia productiva. Así, el Gráfico 1 no solo revela una diferencia de superficies forestales entre Chile y el Perú, sino un contraste estructural de modelos de desarrollo: mientras el primero convirtió recursos limitados en una industria moderna y sostenible, el segundo erosiona aceleradamente un patrimonio forestal inmensamente superior sin transformarlo en base productiva.
Expansión de la superficie forestal productiva
El impacto del modelo chileno sobre la superficie forestal efectivamente puesta en producción ha sido decisivo. Desde la década de 1970, Chile pasó de contar con aproximadamente 300 mil hectáreas de plantaciones forestales a más de 2.9 millones en la actualidad (ver Gráfico 2). Esta expansión no fue meramente extensiva, sino que sentó las bases de una industria forestal integrada y de alta productividad, capaz de articular plantaciones, procesamiento industrial y exportaciones. Sobre esta base territorial se desarrollaron cadenas de valor que incluyen celulosa, tableros, madera estructural, papel y bioproductos, dando lugar a un sector que hoy exporta más de seis mil millones de dólares anuales. El Decreto Ley 701 no solo permitió la recuperación productiva de suelos degradados, sino que generó empleo rural formal, redujo el riesgo para la inversión privada y propició la consolidación de conglomerados industriales que operan con estándares globales.
El Perú, en contraste, dispone de una dotación forestal extraordinaria: más de 73 millones de hectáreas de bosques, una biodiversidad excepcional y condiciones climáticas favorables tanto en la Amazonía como en los Andes. Sin embargo, esta abundancia no se ha traducido en una base productiva moderna. La falta de infraestructura, la informalidad persistente, la escasa inversión en plantaciones comerciales y la débil integración industrial han impedido transformar este capital natural en desarrollo económico. La Amazonía continúa siendo un gigante dormido, con amplias áreas aptas para plantaciones tropicales de rápido crecimiento y manejo sostenible de bosques naturales, mientras que la sierra —pese a contar con millones de hectáreas de suelos degradados con alto potencial para plantaciones templadas, restauración ecológica y manejo hídrico— carece de un programa nacional que articule estos territorios a una estrategia productiva de escala.
La evolución de la superficie forestal efectivamente puesta en producción muestra con claridad dos trayectorias divergentes. En Chile, una política pública consistente permitió que la superficie destinada a producción forestal creciera de manera acelerada y sostenida entre 1970 y 2015, impulsando plantaciones comerciales, manejo silvicultural intensivo e integración industrial. En poco más de cuatro décadas, el país transformó una base territorial limitada en cerca de tres millones de hectáreas bajo producción forestal, sentando las bases de una industria moderna, exportadora y altamente competitiva a nivel internacional.
En el Perú, en cambio, la evolución de la superficie forestal en producción ha sido lenta, errática y marginal. A pesar de contar con una superficie apta para actividades forestales muy superior a la chilena, el país no logró convertir ni sus bosques amazónicos ni el potencial forestal andino en una base productiva formal. Hacia 2025, la superficie forestal efectivamente manejada para producción sigue siendo muy inferior a la de Chile. Paradójicamente, esta brecha revela una oportunidad histórica: a diferencia de Chile —que ya enfrenta límites físicos para expandir su superficie forestal productiva—, el Perú dispone de un amplio margen de crecimiento. Con un programa nacional de plantaciones comerciales, manejo sostenible de bosques, formalización, infraestructura y una movilización masiva de reforestación, el país podría expandir aceleradamente su base forestal productiva y, en un horizonte de una década, cerrar e incluso superar la brecha existente, transformando su abundancia territorial en empleo, productividad y desarrollo sostenible.
Desempeño exportador del sector forestal
La evolución de las exportaciones de productos forestales (ver Gráfico 3) refuerza el contraste estructural entre Chile y el Perú. En el caso chileno, la expansión sostenida de la superficie forestal puesta en producción desde la década de 1970 se tradujo directamente en un aumento significativo y persistente de las exportaciones del sector. Entre 1970 y 2015, Chile consolidó una industria forestal altamente integrada —que articula plantaciones con procesamiento industrial en celulosa, madera aserrada, tableros y otros derivados— lo que permitió multiplicar el valor de sus envíos al exterior y posicionar al sector forestal como uno de los principales pilares de sus exportaciones no mineras.
El dinamismo exportador del sector forestal chileno refleja hoy los mismos límites estructurales que enfrenta su base productiva. Al haber incorporado prácticamente toda su superficie apta para actividades forestales, Chile enfrenta un techo físico para expandir el volumen exportable. En este nuevo escenario, el crecimiento futuro del sector dependerá principalmente de mejoras de productividad, mayor valor agregado y sofisticación de productos, más que de una expansión significativa de la superficie en producción. El Gráfico 3 sugiere, así, que el notable desempeño exportador chileno ha ingresado en una fase de maduración.
En contraste, el desempeño exportador del Perú en productos forestales ha sido históricamente modesto y muy inferior a su potencial. A pesar de contar con una superficie apta para la forestación y el manejo forestal muy superior a la de Chile, el país no ha logrado desarrollar una industria forestal exportadora de escala comparable. Las exportaciones forestales peruanas siguen siendo marginales dentro de la canasta exportadora nacional y se concentran en productos de bajo nivel de transformación, reflejo de una superficie forestal en producción limitada y de una débil articulación industrial.
Esta brecha exportadora no responde a una desventaja natural, sino a la ausencia de una estrategia forestal integrada. Paradójicamente, ello implica que el potencial de crecimiento exportador del Perú es sustancialmente mayor al de Chile. A diferencia de este último, el Perú no enfrenta restricciones territoriales estrictas para expandir su superficie forestal en producción. Con políticas adecuadas —que incluyan forestación y reforestación a gran escala, seguridad jurídica, formalización, infraestructura y desarrollo industrial— el país podría expandir rápidamente su base productiva y convertir al sector forestal en uno de los principales motores de diversificación exportadora y crecimiento sostenible de largo plazo.
Una movilización nacional para restaurar territorio y empleo
En este contexto, la creación de un Servicio Civil de Conservación surge como un instrumento capaz de articular empleo juvenil, restauración ambiental y desarrollo productivo. Inspirado en el Civilian Conservation Corps (CCC) implementado en Estados Unidos en 1933, este servicio podría convocar a jóvenes de 18 años a un periodo de trabajo remunerado, con formación técnica y supervisión profesional, orientado a la recuperación de suelos degradados y la construcción de infraestructura básica. El CCC demostró que es posible enfrentar simultáneamente desempleo juvenil, deterioro ambiental y déficit de infraestructura en contextos de crisis. El Perú enfrenta hoy desafíos comparables: degradación ecológica, baja productividad rural, carencias hídricas y una limitada inserción laboral de los jóvenes.
Un Servicio Civil de Conservación permitiría actuar de manera simultánea en los Andes y la Amazonía. En la sierra, podría impulsar programas masivos de reforestación, recuperación de bofedales y fortalecimiento de la infraestructura hídrica —reservorios, amunas y sistemas de siembra y cosecha de agua— elevando la productividad agrícola y la resiliencia territorial. En la Amazonía, facilitaría la restauración de áreas degradadas por la minería ilegal, el manejo forestal comunitario y el establecimiento de plantaciones tropicales de rápido crecimiento. Los beneficios serían múltiples: reducción del desempleo juvenil, expansión acelerada de la base forestal productiva, fortalecimiento del capital humano y una disminución sostenida de la pobreza rural mediante la combinación de empleo formal, infraestructura y aumento de la productividad.
Conclusión
La transformación del sector forestal no puede descansar únicamente en la reforestación. Para que el Perú convierta su abundancia territorial en una ventaja productiva sostenible —y eventualmente comparable o superior a la de Chile— resulta indispensable articular esta movilización con una estrategia industrial de largo plazo. Ello supone implementar un Programa Nacional de Plantaciones Comerciales que movilice inversión privada y comunitaria; promover clústeres forestales en regiones estratégicas como Ucayali, Madre de Dios, Junín, Cusco, La Libertad y Cajamarca; modernizar la logística amazónica mediante infraestructura sostenible; y consolidar sistemas de trazabilidad y certificación que reduzcan la informalidad y faciliten el acceso a mercados internacionales. En este proceso, la ciencia y la tecnología deben ocupar un lugar central, con capacidades orientadas al mejoramiento genético, la silvicultura avanzada, los biomateriales y la madera estructural.
La experiencia chilena muestra que una política pública coherente y sostenida puede modificar la estructura productiva de un país en un horizonte relativamente breve. El Perú tiene hoy la posibilidad de construir una trayectoria propia, combinando reforestación a gran escala, industrialización y desarrollo territorial con inclusión social. Un Servicio Civil de Conservación podría cumplir un rol catalizador, articulando empleo juvenil, restauración ecológica y modernización rural. Con una estrategia de esta naturaleza, el sector forestal puede consolidarse como un tercer motor de crecimiento —junto a la minería y la agroexportación— capaz de elevar la productividad, reducir la pobreza y fortalecer la resiliencia económica y ambiental del país en el mediano plazo.
