1. El lado tácticamente útil (lo positivo de la intervención)

Sería incorrecto sostener que las medidas carecen de racionalidad técnica. En una coyuntura donde la producción o transporte de gas no puede restablecerse instantáneamente, la gestión de la demanda es una herramienta legítima de contingencia. Su función no es restaurar normalidad, es evitar un desorden mayor en el muy corto plazo. Esto se visualiza en 4 canales de impacto positivo:

1. Primer canal de impacto positivo: Descompresión de la movilidad urbana y de la demanda energética asociada al transporte diario. Reducir desplazamientos obligatorios de estudiantes, administrativos públicos y una parte de trabajadores del sector privado disminuye la presión sobre combustibles sustitutos y sobre segmentos críticos del sistema de abastecimiento. No se trata de afirmar con falsa precisión un volumen exacto de ahorro sin una estimación operativa auditada; se trata de reconocer que, en una metrópoli como Lima-Callao, una reducción abrupta de viajes pendulares libera capacidad logística y reduce congestión en nodos de abastecimiento ya tensionados.
2. Segundo canal de impacto positivo: Priorización funcional del uso escaso de la energía. Cuando el suministro disponible no alcanza para todos los usos simultáneamente, la política pública debe decidir entre consumos con distinta productividad social marginal. Desde la lógica de contingencia, es razonable preservar transporte público masivo, cadena de frío, ambulancias, recolección de residuos, servicios hospitalarios y determinados procesos industriales con altos costos de parada. La intervención, por tanto, opera como un mecanismo de racionamiento indirecto: no crea energía adicional, pero modifica quién la utiliza y con qué prioridad.
3. Tercer canal de impacto positivo: Estabilidad operativa del sistema eléctrico y urbano. Si parte del parque termoeléctrico enfrenta restricciones de gas, la contención temporal de consumos comerciales y de movilidad puede ayudar a administrar el estrés del sistema en horas críticas. Debe evitarse aquí una afirmación excesiva: no puede sostenerse sin evidencia de despacho horario que el teletrabajo “estabiliza” por sí mismo al SEIN. Lo que sí puede afirmarse con rigor es que contribuye marginalmente a reducir ciertas presiones de demanda agregada en un momento de vulnerabilidad, lo cual mejora la capacidad de administración del riesgo por parte del operador del sistema.
4. Cuarto canal de impacto positivo: Orden logístico e institucional. En situaciones de escasez aguda, parte del daño económico proviene no solo de la falta de insumo, también viene del caos de coordinación: colas, acaparamiento preventivo, congestión vial, fallas de información y comportamientos de pánico. Reducir desplazamientos obligatorios también reduce ese desorden, mejora la capacidad de focalización del suministro y permite una gestión más ordenada del abastecimiento prioritario.

La intervención tiene utilidad táctica. Evita que la emergencia derive, en pocos días, en un cuadro de parálisis más desorganizado. Pero de esa constatación no se sigue que el costo económico desaparezca. Solo cambia de forma.

2. El costo oculto: “Trade-Off” hacia servicios, informalidad y hogares

El alivio logístico anterior se financia con una pérdida económica concentrada en actividades cuya producción depende de la presencialidad, del tránsito peatonal o de interacciones urbanas de alta frecuencia. Ese costo no siempre aparece en los comunicados oficiales porque no adopta la forma visible de una gran planta detenida; aparece como erosión silenciosa de ingresos diarios en miles de unidades económicas pequeñas. Esto se visualiza en 5 canales de impacto negativo:

1. Primer canal de impacto negativo: Contracción del comercio y de los servicios de aglomeración. Restaurantes de menú, cafeterías, bodegas orientadas a flujo, transporte menor, comercio ambulatorio, servicios personales y una extensa capa de micronegocios urbanos dependen de la circulación cotidiana de trabajadores y estudiantes. Cuando esa circulación se comprime administrativamente durante varios días, una parte del gasto no se posterga, simplemente se pierde. El café no consumido, el menú no vendido y la carrera no realizada no se recuperan plenamente la semana siguiente. Allí se ubica el núcleo de la destrucción transitoria de valor agregado.
2. Segundo canal de impacto negativo: Afectación de productividad en ramas manufactureras y de servicios empresariales. En algunos sectores intensivos en gas, una reducción de oferta puede conducir a menores turnos, uso parcial de capacidad, reprogramación de producción o vacaciones adelantadas. En el caso de servicios formales, el teletrabajo de emergencia tampoco replica de manera perfecta la productividad presencial. Existen fricciones de coordinación, restricciones tecnológicas, pérdida de supervisión efectiva y menor intensidad operativa en procesos que dependen de interacción continua, conectividad estable o infraestructura corporativa.
3. Tercer canal de impacto negativo: Brecha de conectividad y de condiciones materiales del hogar. La virtualización forzada de trabajo y educación asume implícitamente que los hogares disponen de ancho de banda, dispositivos suficientes, espacio, energía estable y condiciones de concentración. Esa premisa es heterogénea y, en grandes segmentos urbanos, abiertamente falsa. El resultado es una caída desigual en horas efectivas de aprendizaje y en productividad laboral, con sesgo regresivo: los hogares con menos recursos absorben una fracción desproporcionada del costo de adaptación.
4. Cuarto canal de impacto negativo: Sobrecarga microterritorial del consumo residencial. A escala agregada, parte de la demanda puede reordenarse. A escala de barrio, sin embargo, la concentración repentina de consumo eléctrico diurno en zonas residenciales puede tensionar redes locales de distribución y exponer la fragilidad de la infraestructura urbana. Aunque este efecto requiere evidencia empírica específica antes de cuantificarse, constituye un riesgo operativo plausible que el diseño de emergencia debe monitorear.
5. Quinto canal de impacto negativo: Traslado de costos hacia el frente fiscal. Subsidios focalizados y uso de reservas pueden ser políticamente inevitables para contener malestar social y evitar ruptura en servicios esenciales. Pero conviene describirlos correctamente: no resuelven la escasez física; apenas suavizan, de manera parcial y transitoria, la distribución del daño sobre determinados grupos.

3. Subsidios, reservas y alivio financiero no resuelven una restricción física

Aquí conviene ser conceptualmente precisos. La economía peruana enfrenta, en esta coyuntura, una restricción física temporal de oferta energética. Eso significa que la disponibilidad efectiva del insumo está limitada por una falla en infraestructura y por los tiempos reales de reparación, transporte y sustitución. Bajo esa condición, la política monetaria o los subsidios directos no pueden restaurar por sí solos el volumen perdido.

Aumentar el Vale FISE o aliviar financieramente a taxistas formales puede amortiguar el ingreso disponible y reducir conflicto social. Esa es su utilidad. Pero su capacidad para corregir el problema energético depende de que exista oferta alternativa físicamente accesible. Si la logística de distribución de GLP, combustibles líquidos o sustitutos energéticos permanece tensionada, parte del subsidio pierde eficacia real. En términos económicos, el multiplicador del subsidio sobre actividad y bienestar cae cuando la restricción de oferta es severa y el bien crítico no puede expandirse con rapidez.

La liberación de reservas cumple una función más relevante en la administración inmediata de la crisis, pero también debe entenderse con disciplina. Las reservas no constituyen nueva producción; son un mecanismo intertemporal de traslado de disponibilidad desde el futuro hacia el presente. Su uso puede reducir disrupciones hoy, pero disminuye el colchón de seguridad para contingencias posteriores. Por eso, la efectividad de esta decisión depende crucialmente de la duración real de la emergencia y de la velocidad de normalización del suministro.

La flexibilización de mezclas o especificaciones técnicas, por su parte, puede ofrecer alivio operativo marginal en determinados segmentos, pero introduce costos diferidos (un potencial mayor desgaste de equipos, menor eficiencia, compromisos ambientales y problemas de calidad). Presentarla como solución estructural sería un error de política.

La conclusión económica es que los subsidios y la liberación de reservas son instrumentos de amortiguación distributiva y de manejo del tiempo, no de eliminación del shock de oferta.

4. Impacto macroeconómico: La pérdida no desaparece, cambia su composición

La lectura correcta del plan de mitigación del Ejecutivo no es la de una “crisis evitada”, ahora se convierte en una “crisis reconfigurada”. Sin intervención, el ajuste habría recaído con mayor intensidad sobre industria, transporte, generación y abastecimiento urbano, con imágenes visibles de interrupción. Con intervención, una parte de ese daño sistémico se contiene, pero aumenta el costo sobre servicios presenciales, comercio de proximidad, empleo informal, productividad doméstica y gasto fiscal.

Desde la macroeconomía aplicada, esto implica que el impacto agregado anual puede no variar dramáticamente frente a un escenario de shock sin mitigación, pero sí cambia de composición sectorial, distributiva y temporal. La manufactura intensiva en energía podría evitar una caída más severa si logra mantener continuidad parcial; en contraste, comercio y servicios urbanos pueden sufrir una contracción más pronunciada durante la ventana de restricción. La inflación visible de corto plazo podría moderarse en algunos combustibles si se liberan reservas, aunque parte de la presión permanezca reprimida y reaparezca vía sustitutos, colas, sobrecostos logísticos o mercado informal.

En la Parte I del análisis (artículo del 04/03/26) se advirtió que, bajo un escenario de disrupción sin mitigación administrativa, la economía podría perder entre 0.3 y 0.6 puntos porcentuales de crecimiento en 2026. Esa señal agregada sigue siendo útil como orden de magnitud. Sin embargo, al incorporar en el marco analítico los efectos combinados del ahorro forzado de combustible, la contención parcial de ciertos usos energéticos críticos, la parálisis de segmentos del comercio urbano y las ineficiencias del teletrabajo y la virtualidad de emergencia, el diagnóstico central no cambia: el panorama macroeconómico agregado no mejora de manera sustantiva; lo que cambia es la composición sectorial, distributiva y temporal de la pérdida.

Dicho de otro modo, el riesgo deja de ser únicamente el de un frenazo industrial absoluto y pasa a parecerse más a una estanflación sectorial, concentrada en el motor urbano de consumo y servicios. El término debe usarse aquí con precisión. No se está afirmando una estanflación generalizada de toda la economía peruana en sentido clásico, más bien resulta en una combinación localizada de menor actividad y presión de costos en segmentos intensivos en presencialidad, transporte menor y consumo cotidiano, mientras ciertos nodos industriales o energéticos logran una contención relativa del daño.

El cuadro interpretativo se resume de la siguiente forma:

Bajo esta lectura, el ajuste sectorial puede describirse del siguiente modo:

• En manufactura intensiva en energía: La intervención puede evitar un escenario extremo de interrupción completa si logra sostener abastecimiento mínimo a procesos con altos costos de parada. Por eso, la trayectoria de este bloque puede pasar de una contracción muy severa a una contracción simplemente severa. La mejora es relativa, no absoluta. No corresponde atribuirla mecánicamente a un volumen preciso de ahorro de gas sin una base operativa verificable; sí corresponde sostener que el racionamiento administrativo puede proteger parcialmente a ramas con elevada sensibilidad al corte energético.
• En comercio y servicios urbanos: Aquí se enfrenta una corrección más dura. La economía de aglomeración se debilita por decreto. La demanda diaria asociada a oficinas, centros educativos, trámites y desplazamientos rutinarios se comprime, y una parte sustantiva de ese gasto no se difiere, se pierde. En este frente, la intervención no amortigua el shock, lo concentra.
• En materia de precios: La lectura también exige matiz. La inflación visible de corto plazo podría moderarse respecto de un escenario sin intervención debido al uso de reservas, la priorización del suministro y la administración de la demanda. Pero esa moderación sería parcial y transitoria. Si la oferta efectiva sigue restringida, una parte de la presión reaparecerá en sustitutos energéticos, mayores costos logísticos, tiempos de espera, menor calidad de servicio o mercados paralelos. En ese sentido, la contención inflacionaria no debe confundirse con normalización del equilibrio.

La implicancia agregada es exigente desde el punto de vista analítico. El crecimiento anual de 2026 podría terminar mostrando una pérdida cercana a la prevista inicialmente, aun cuando la composición interna de esa pérdida sea muy distinta. El Ejecutivo, en los hechos, puede haber repartido el daño (menor colapso relativo en segmentos industriales priorizados, pero mayor deterioro en comercio urbano, servicios presenciales, informalidad y productividad doméstica). Esa es, precisamente, la clave interpretativa de esta segunda parte del análisis.

En consecuencia, la conclusión macroeconómica intermedia es la siguiente: el Gobierno no anula la pérdida de producto; decide dónde se materializa primero y quién la absorbe con mayor intensidad. La intervención constituye, en los hechos, un mecanismo de racionamiento administrativo que protege nodos considerados estratégicos, pero desplaza el costo hacia segmentos menos visibles y más atomizados.

Anexo Metodológico: Modelo Neokeynesiano Ampliado con Shock Energético y Medidas de Contención a la Crisis

Para formalizar esta crítica y dotar de robustez a la formulación de políticas públicas, ajustamos las ecuaciones fundamentales del modelo Neokeynesiano (NK) presentado en la Parte I, introduciendo ahora las fricciones reales (pros y contras) generadas por los decretos de emergencia.

1. Estructura general

Sea la economía descrita por tres bloques: demanda agregada, inflación y restricción energética. Definimos:

• \(x_t\): brecha del producto agregada.
• \(x_t^{s}\): brecha del producto en servicios presenciales.
• \(x_t^{m}\): brecha del producto en manufactura/sectores priorizados.
• \(\pi_t\): inflación.
• \(i_t\): tasa de interés nominal.
• \(r_t^{n}\): tasa natural.
• \(E_t\): disponibilidad efectiva de energía utilizable en el período.
• \(\bar{E}_t\): oferta física máxima de energía dada la avería.
• \(u_t\): intensidad de la restricción física del suministro.
• \(T_t\): intensidad de medidas de virtualización y reducción de movilidad.
• \(F_t\): transferencias y subsidios focalizados.
• \(R_t\): liberación de reservas y combustibles de contingencia.

La diferencia clave respecto del NK estándar es que \(E_t\) no es plenamente elástica al precio en el horizonte corto, más bien es acotada por una restricción física:

con

donde \(E^{*}\) es la disponibilidad normal, \(u_t > 0\) mide la pérdida por la rotura del ducto y \(\eta_R\) (que está entre 0 y 1) captura la eficacia técnica de las reservas para compensar parcialmente la merma. La desigualdad expresa que la economía no puede consumir energía por encima de la disponibilidad física efectiva.

2. Curva IS agregada con fricciones de movilidad y baja eficacia del subsidio

La ecuación IS tradicional se modifica para incorporar dos elementos: i) el efecto contractivo de la virtualización forzada sobre sectores presenciales y ii) la baja potencia de las transferencias cuando el bien crítico enfrenta restricción física.

Donde:

• \(\sigma > 0\) es el parámetro de sustitución intertemporal habitual.
• \(\xi(E_t)\) es el multiplicador efectivo de las transferencias, con \(\xi’_E > 0\). Esto significa que el subsidio rinde menos cuando la restricción física es más severa.
• \(\delta > 0\) mide la sensibilidad negativa de la demanda agregada a la inmovilidad forzada.
• \(\Theta_t\) resume fricciones de productividad doméstica, conectividad deficiente, descoordinación operativa y pérdidas de eficiencia en el teletrabajo de emergencia.

La intuición es que el subsidio no desaparece del modelo, pero su potencia cae precisamente cuando el bien o servicio crítico no puede expandirse. Este punto corrige el error usual de tratar toda transferencia como si operara bajo oferta flexible.

3. Descomposición sectorial del producto

Dado que el efecto es claramente asimétrico, conviene separar servicios presenciales y sectores priorizados.

Servicios presenciales

Aquí, \(\delta_s\) es alto, porque restaurantes, comercio de flujo, transporte menor y servicios urbanos dependen intensamente de movilidad y presencia física.

Manufactura y sectores priorizados

Donde \(q_t\) representa la reasignación administrativa de energía hacia sectores priorizados, con \(\phi > 0\), y \(\chi > 0\) mide el daño directo del shock físico sobre ramas intensivas en gas. La política de contingencia busca aumentar \(q_t\), compensando parcialmente \(u_t\).

El producto agregado se define como:

Con ello se ve con claridad que el efecto agregado puede ocultar una divergencia sectorial fuerte, mejora relativa en manufactura priorizada y deterioro más severo en servicios presenciales.

4. Curva de Phillips con shock de costos y alivio transitorio por reservas

La curva de Phillips ampliada es:

Donde:

• \(\beta\) está entre 0 y 1, es el factor de descuento.
• \(\kappa > 0\) es la sensibilidad de inflación a la brecha del producto.
• \(\gamma > 0\) mide el traslado del shock físico de oferta a precios.
• \(\omega_R > 0\) captura el alivio transitorio que provee la liberación de reservas.
• \(\mu(F_t,E_t)\) representa la presión inflacionaria derivada de inyectar liquidez o capacidad de compra en un contexto de oferta acotada; su derivada respecto de \(F_t\) es positiva.

Este último término es importante. No afirma que todo subsidio sea inflacionario en cualquier contexto; afirma algo más específico, que cuando la oferta del bien crítico está físicamente topada, aumentar poder de compra focalizado puede traducirse en más presión sobre sustitutos, colas, sobreprecios y mercados paralelos.

5. Restricción de asignación energética

Para representar el carácter distributivo del ajuste, la energía disponible se asigna entre sectores:

siendo \(E_t^{m}\) la energía destinada a manufactura y sectores priorizados, \(E_t^{s}\) la asociada a servicios presenciales y movilidad urbana, y \(E_t^{c}\) el consumo crítico esencial de hogares y servicios básicos.

La política de emergencia altera esta composición imponiendo una regla de priorización:

sujeta a la restricción total \(E_t\). Esta es la forma matemática de expresar la tesis central del artículo: el Gobierno no elimina la escasez; reasigna su uso hacia actividades consideradas estratégicas.

6. Pérdida social de la política de contingencia

La autoridad minimiza implícitamente una función de pérdida intertemporal del tipo:

Esta función explicita el trade-off real de la emergencia:

• reducir inflación y disrupción sistémica,
• limitar la caída agregada del producto,
• pero aceptando una contracción específica en servicios presenciales,
• con costo fiscal asociado a subsidios y uso de reservas.

Si \(\lambda_s\) es bajo en la práctica política, la autoridad tolerará una caída mayor del comercio urbano y de los servicios atomizados con tal de preservar continuidad en nodos estratégicos. Esa es precisamente la crítica económica de fondo: la política puede estar minimizando la pérdida sistémica visible, mientras maximiza daño en segmentos dispersos con menor capacidad de presión.

7. Implicancia del modelo

El resultado analítico del sistema es claro. Ante una caída exógena de \(E_t\):

1. el uso de \(T_t\) reduce presión sobre energía y movilidad, pero comprime \(x_t^{s}\);
2. el aumento de \(R_t\) suaviza temporalmente \(\pi_t\) y relaja la restricción, pero consume colchón futuro;
3. el aumento de \(F_t\) contiene daño distributivo, aunque con multiplicador reducido bajo oferta rígida;
4. la reasignación de energía mejora relativamente \(x_t^{m}\), pero a costa de una caída más profunda en \(x_t^{s}\).

Por tanto, el equilibrio de contingencia no es uno de neutralización del shock, lo es de redistribución intersectorial del daño bajo restricción física.

Reflexión final

Gestionar una crisis energética nacida de la falta de redundancia infraestructural obliga a elegir qué parte de la economía absorbe el ajuste primero. Ese es el verdadero contenido económico de la emergencia actual. La política anunciada por el Gobierno tiene lógica táctica y puede evitar un cuadro de desorden mayor en el muy corto plazo. Pero sería un error conceptual presentarla como solución suficiente o como mitigación integral.

Lo que realmente ocurre es más áspero: el Estado protege ciertos usos estratégicos de la energía y, para hacerlo, traslada parte del costo hacia el comercio urbano, los servicios presenciales, la informalidad, los hogares con menor capacidad de adaptación y la caja fiscal. En términos macroeconómicos, el daño no se evapora; cambia de canal, de calendario y de distribución social.

La lección estructural es inequívoca. Mientras el país no cuente con mayor redundancia de transporte energético, protocolos más robustos de contingencia y una arquitectura de seguridad de suministro menos frágil, cada interrupción relevante obligará a repetir el mismo patrón: preservar el núcleo visible del sistema sacrificando, temporalmente, su periferia más atomizada. Ese no es un aterrizaje suave. Es una administración políticamente selectiva de la escasez.