Mientras el país espera resultados concluyentes, la convergencia de conflictos internacionales, volatilidad cambiaria, inflación persistente y aumento de la pobreza define un escenario especialmente exigente para la gobernabilidad económica.
La jornada electoral del 12 de abril de 2026 ha tenido lugar en un contexto económico particularmente exigente, y aún sin resultados definitivos, el entorno en el que deberá operar el próximo gobierno ya está delineado por una acumulación de riesgos. La presión proviene, principalmente, del frente externo: los conflictos geopolíticos han elevado los precios del petróleo y de los fertilizantes, encareciendo costos clave para la economía local y trasladando tensiones hacia la inflación, el frente fiscal y las expectativas de crecimiento. Lo que se configura es una combinación de factores que, en conjunto, reducen el margen de maniobra de la política económica.
Este escenario encuentra un antecedente cercano en el proceso electoral de 2021, cuando la pandemia del COVID-19 alteró de forma abrupta las condiciones económicas y sociales del país. En ese momento, la disrupción tuvo un origen sanitario: la paralización de la actividad, el colapso del sistema de salud y el incremento de la incertidumbre impactaron sobre el tipo de cambio, la inflación y los niveles de pobreza. Hoy, aunque la naturaleza del shock es distinta, su transmisión guarda similitudes: nuevamente, factores exógenos intensifican vulnerabilidades internas y condicionan las decisiones económicas en un momento políticamente sensible. La diferencia radica en que el actual episodio combina tensiones globales persistentes con un entorno interno más frágil, lo que amplifica la complejidad del ajuste.
El primer caballo del apocalipsis: el shock geopolítico y su transmisión a la economía local
El primer frente de presión proviene del entorno geopolítico. A diferencia de 2021, cuando el shock tuvo origen sanitario, el escenario actual está marcado por conflictos internacionales que están reconfigurando los mercados globales. Las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, junto con la prolongada guerra entre Ucrania y Rusia, han elevado significativamente los precios del petróleo y encarecido insumos críticos como los fertilizantes. Este encadenamiento de costos impacta directamente sobre el transporte, la energía y la producción agrícola, trasladando presiones hacia la inflación y comprometiendo la seguridad alimentaria. Se trata de un shock externo que, aunque distante en su origen, tiene efectos inmediatos sobre la economía peruana y condiciona su desempeño en el corto plazo.
La comparación con 2021 permite dimensionar el cambio en la naturaleza del riesgo: si entonces el shock era sanitario, hoy es geopolítico, pero en ambos casos sus efectos se transmiten con rapidez hacia la economía doméstica. Las tensiones internacionales, aunque distantes en origen, se traducen en presiones concretas sobre los precios, el costo de los alimentos y las condiciones de producción, afectando directamente a agricultores, transportistas y consumidores. Este encarecimiento no solo impacta en las variables macroeconómicas, sino que también agrava dinámicas sociales preexistentes, como la informalidad y la inseguridad, en un contexto donde el deterioro económico tiende a amplificar la vulnerabilidad. Así, el actual shock externo no se limita a un episodio de volatilidad, sino que configura un riesgo de inestabilidad más persistente y de mayor alcance.
El segundo caballo del apocalipsis: presiones cambiarias y deterioro de las cuentas fiscales
El segundo frente de presión se concentra en el tipo de cambio y las cuentas fiscales. En abril de 2026, el dólar se ubica en torno a los 3.41 soles, en un contexto marcado por la incertidumbre electoral y el deterioro del entorno internacional. A ello se suma una política fiscal que muestra señales de debilitamiento: el déficit proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas alcanza el 2,4% del PBI y, aunque aún contenido, refleja una trayectoria creciente en un escenario de menor dinamismo económico. Este desbalance tiende a acentuarse ante decisiones que incrementan el gasto o reducen ingresos sin una fuente clara de financiamiento, lo que introduce riesgos adicionales para la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversionistas.
Si bien el país aún cuenta con un nivel de reservas internacionales que actúa como amortiguador, la evolución reciente de las expectativas económicas refleja un deterioro progresivo en la confianza. Las proyecciones de crecimiento para 2026, inicialmente cercanas al 3.2%, han sido revisadas a la baja por diversos analistas, en un contexto condicionado tanto por la incertidumbre externa como por la indefinición del rumbo económico interno. En este escenario, la volatilidad cambiaria introduce distorsiones en la planificación empresarial y en los mercados financieros, mientras que el deterioro de las cuentas fiscales reduce el margen de acción del Estado para sostener inversión pública y políticas sociales. La combinación de ambos factores configura un entorno en el que la estabilidad macroeconómica depende crecientemente de la credibilidad institucional y de la capacidad de implementar ajustes ordenados que eviten un mayor encarecimiento del financiamiento externo.
El tercer caballo del apocalipsis: Inflación, poder adquisitivo y deterioro social
El tercer frente de presión se manifiesta en la dinámica inflacionaria. En marzo de 2026, la inflación anual en Lima alcanzó 3.8%, superando el rango meta del Banco Central de Reserva, con incrementos particularmente marcados en alimentos y transporte, este último impulsado por el encarecimiento del petróleo. A estas presiones se suma el impacto del fenómeno de El Niño, que afecta la producción agrícola y refuerza las tensiones sobre los precios. En este contexto, la inflación deja de ser un fenómeno transitorio para convertirse en un factor persistente que condiciona las decisiones de consumo, inversión y política económica, obligando a una revisión a la baja de las expectativas de crecimiento.
Más allá de sus efectos macroeconómicos, la inflación tiene implicancias distributivas significativas. La pérdida de poder adquisitivo afecta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos, cuyos márgenes de ajuste son más limitados y cuya canasta de consumo está más expuesta a bienes esenciales. Mientras los segmentos de mayores ingresos pueden recurrir a mecanismos de cobertura, amplios sectores de la población enfrentan un deterioro directo en sus condiciones de vida. En este sentido, la inflación no solo reduce el consumo y debilita la actividad económica, sino que también amplifica tensiones sociales en un entorno ya marcado por la fragilidad económica.
El cuarto caballo del apocalipsis: Pobreza y desigualdad: el impacto social del ajuste
El cuarto frente de presión se expresa en el deterioro de los indicadores sociales. La combinación de inflación elevada, menor dinamismo económico y restricciones fiscales ha incrementado la vulnerabilidad de amplios segmentos de la población, revirtiendo parcialmente los avances logrados en años previos. Este proceso no solo implica un aumento en los niveles de pobreza, sino también una ampliación de las brechas entre quienes cuentan con mecanismos de protección frente a la volatilidad económica y quienes dependen exclusivamente de ingresos corrientes. La precariedad se refleja en múltiples dimensiones: deterioro nutricional, menor continuidad educativa y una inserción laboral cada vez más concentrada en la informalidad.
En este contexto, la inflación actúa como un mecanismo de transmisión regresivo, afectando con mayor intensidad a los hogares de menores ingresos. La pérdida sostenida de poder adquisitivo limita el consumo básico y reduce las posibilidades de acumulación y movilidad social. Más allá de su dimensión económica, este proceso introduce tensiones adicionales en el tejido social, en la medida en que amplifica percepciones de exclusión y reduce las oportunidades efectivas de mejora. La desigualdad, en este escenario, no solo es un resultado distributivo, sino también un factor que condiciona la estabilidad social y económica en el mediano plazo.
El desafío del próximo gobierno
La convergencia de presiones externas, desequilibrios macroeconómicos y deterioro social configura un entorno particularmente exigente para la próxima administración. El margen de acción será limitado y estará condicionado por la necesidad de restablecer equilibrios básicos: sostenibilidad fiscal, estabilidad de precios y recuperación de la confianza. En este contexto, las decisiones de política económica deberán priorizar la consistencia y la credibilidad, en un entorno donde los costos de los ajustes tienden a concentrarse en el corto plazo, mientras que sus beneficios se materializan de manera gradual.
La agenda económica requerirá, por tanto, una combinación de disciplina macroeconómica y reformas orientadas a recuperar la capacidad de crecimiento. Ello implica no solo gestionar adecuadamente los riesgos inmediatos, sino también reconstruir condiciones para la inversión y la generación de empleo formal. En ausencia de estas condiciones, la economía enfrentará mayores dificultades para absorber shocks externos y reducir las brechas sociales acumuladas.
Conclusión: una economía en un punto de inflexión
El escenario actual sitúa a la economía peruana en un punto de inflexión. La experiencia reciente ha evidenciado la rapidez con la que shocks externos pueden amplificar vulnerabilidades internas, especialmente en contextos de incertidumbre política. En este sentido, el resultado del proceso electoral —aún en definición— será determinante no solo por la orientación de las políticas que se adopten, sino también por su capacidad de anclar expectativas en un entorno volátil.
Más allá del desenlace específico, el reto central consiste en evitar que la acumulación de riesgos derive en un deterioro prolongado de las condiciones económicas y sociales. La estabilidad no depende únicamente de factores externos, sino también de la capacidad interna para sostener marcos institucionales creíbles y políticas consistentes en el tiempo. En ese equilibrio se jugará la posibilidad de retomar una senda de crecimiento sostenible y de reducción de la pobreza.
