El análisis de la ENAHO revela que la recuperación pospandémica ha ampliado las brechas de ingreso y limitado la generación de ahorro en los deciles bajos, incrementando la dependencia de transferencias y su impacto en las decisiones de voto.
En un país donde más del 70% del empleo es informal y los ingresos suelen ser inestables, comprender cómo viven realmente los hogares exige ir más allá de los indicadores agregados. En ese contexto, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI se vuelve una fuente central, al recoger no solo información sobre ingresos, sino también sobre gasto, lo que permite aproximarse con mayor precisión a la capacidad efectiva de consumo y ahorro. Además, su consistencia metodológica desde 2011 hace posible comparar en el tiempo el ingreso real mensual —en soles de 2024— de los hogares organizados por deciles, desde los más pobres hasta los más ricos, identificando tendencias estructurales y no meras variaciones coyunturales. Por esta razón, la ENAHO se ha consolidado como una herramienta clave tanto para el diseño de políticas públicas como para el análisis de fenómenos más amplios, como la relación entre condiciones económicas y comportamiento electoral en el Perú.
Crecimiento con límites: una brecha que no se cierra
Los datos de la ENAHO muestran una trayectoria menos lineal de lo que sugieren las cifras agregadas: detrás de los años de expansión convive una desigualdad persistente. Entre 2011 y 2016, el ingreso promedio de los hogares aumentó de forma sostenida, en un contexto de crecimiento económico, inversión privada y estabilidad macroeconómica que permitió reducir la pobreza y ampliar el acceso a bienes y servicios. Durante ese periodo, se consolidó una incipiente clase media y la movilidad social pareció volverse alcanzable para amplios sectores. Sin embargo, estos avances no lograron cerrar de manera estructural la distancia entre los hogares de mayores y menores ingresos, una brecha que, como muestran los años posteriores, se mantendría como rasgo central de la economía peruana.
Recuperación incompleta: ingresos, transferencias y divergencia social
El shock de 2020 redefinió las condiciones de partida. La pandemia produjo una contracción abrupta del ingreso de los hogares, golpeando con mayor fuerza a quienes dependen de actividades informales y carecen de mecanismos de protección. El confinamiento paralizó amplios sectores económicos, destruyó empleo y redujo la capacidad de consumo, llevando la pobreza monetaria a niveles que no se observaban en más de una década. Lo que comenzó como una crisis sanitaria se convirtió rápidamente en una crisis económica y social de efectos prolongados.
Desde 2021, la recuperación ha sido gradual, pero profundamente desigual. Aunque el ingreso promedio nacional se acerca a los niveles previos a la pandemia, los indicadores agregados ocultan trayectorias divergentes: los hogares de mayores ingresos han logrado recomponerse con mayor rapidez, mientras que los más pobres enfrentan mayores obstáculos para recuperar su nivel de ingresos. Las diferencias en acceso a empleo formal, posibilidad de adaptación al teletrabajo y capacidad de absorción del shock explican en gran medida esta brecha. Incluso con el soporte de programas como Juntos, los deciles más bajos no han experimentado una recuperación equivalente.
Al aislar el efecto de las transferencias monetarias, la fragilidad estructural se vuelve evidente. El ingreso propio de los hogares más pobres prácticamente no ha crecido en más de una década, mientras que las transferencias han aumentado de manera significativa. Esto sugiere que la mejora observada en el ingreso total responde más a la expansión del gasto social que a una mayor generación de oportunidades económicas. En consecuencia, la brecha entre los extremos de la distribución se amplía cuando se observa la capacidad autónoma de generar ingresos, consolidando una desigualdad más profunda que la que reflejan las cifras agregadas.
Sin ahorro, sin salida: la fragilidad de los hogares pobres
Un indicador clave para entender la profundidad de esta vulnerabilidad es el ahorro por decil, estimado como la diferencia entre ingresos reales —incluyendo transferencias— y gasto. Los datos de la ENAHO muestran que los hogares de los deciles I y II no solo carecen de capacidad de ahorro, sino que registran saldos negativos de forma persistente entre 2011 y 2024. En el decil más bajo, el ahorro mensual promedio se ha mantenido en terreno negativo a lo largo del tiempo, reflejando una situación estructural en la que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos.
Esta dinámica implica que, incluso con apoyo estatal, los hogares más pobres deben recurrir a mecanismos de ajuste precarios —endeudamiento informal, reducción del consumo o uso de activos— para sostener su nivel de vida. En este contexto, las transferencias monetarias cumplen una función de contención, pero no generan condiciones para la acumulación ni para la movilidad social. Sin capacidad de ahorro, no hay inversión en capital humano ni en emprendimiento, lo que perpetúa la trampa de la pobreza y limita cualquier mejora sostenida en el tiempo.
Pobreza, territorio y comportamiento electoral
La desigualdad no solo se expresa en los ingresos, sino también en la distribución territorial del país. Las regiones con mayores niveles de pobreza —como Cajamarca, Puno, Huancavelica, Ayacucho o Huánuco— concentran también una mayor cobertura de programas de transferencias como Juntos. En estos espacios, donde las oportunidades económicas son más limitadas, el Estado se convierte en un actor central para sostener el consumo básico, lo que refuerza una percepción de la política pública orientada principalmente a la redistribución.
Este patrón territorial tiene correlatos claros en el comportamiento electoral. Las zonas con mayor incidencia de pobreza tienden a mostrar un mayor respaldo a candidaturas que promueven un rol más activo del Estado en la economía y en la provisión directa de ingresos. La relación no es meramente ideológica, sino material: cuando una proporción significativa de los hogares depende de transferencias para sostener su nivel de vida, las propuestas asistencialistas adquieren mayor atractivo y estabilidad electoral.
En perspectiva, esta dinámica se inscribe en un cambio más amplio en la trayectoria económica del país. Tras una etapa de crecimiento sostenido que permitió reducir la pobreza de manera significativa, el énfasis de la política económica se ha desplazado progresivamente hacia mecanismos de redistribución en un contexto de menor dinamismo productivo. La expansión del gasto social ha contribuido a contener la pobreza en el corto plazo, pero también ha reforzado una lógica en la que la política pública tiende a sostener equilibrios sociales y políticos existentes, antes que a transformar las condiciones estructurales que los originan.
Una decisión de modelo económico y social
La segunda vuelta electoral marca un momento decisivo en el que el país no solo elige autoridades, sino también el rumbo de su estrategia de desarrollo. Más allá de la coyuntura política, lo que está en juego es la continuidad de un esquema centrado en la contención vía transferencias o la transición hacia uno que priorice la generación de ingresos, la inversión productiva y el fortalecimiento de capacidades. Romper la trampa de la pobreza implica reorientar los programas sociales para que dejen de ser mecanismos de sostenimiento del consumo y se conviertan en instrumentos que impulsen productividad y autonomía económica. En un contexto de fragilidad fiscal y menor margen de maniobra externa, esta decisión no es solo relevante, sino urgente.
