El resultado de las elecciones nos mete otra vez en un entramado difícil de destrabar, con una tensión que se va a estirar, en el mejor de los casos, hasta fines de junio. El margen de poco más de 110 mil votos entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori repite una situación que ya conocemos de sobra, una pelea voto a voto donde cada acta observada y el conteo rural van a definir el rumbo. Este entrampamiento es la consecuencia lógica de un sistema político que hace tiempo dejó de funcionar bien.

Si el país está hoy congelado y quebrado en dos mitades, la culpa es entera de los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta. Ni Sánchez ni Fujimori se preocuparon por armar un plan técnico o un discurso de consenso que convenciera de verdad a la mayoría. En lugar de eso, prefirieron basar sus campañas en explotar los temores de la gente, arrastrando a los electores a una polarización tan dura que borró cualquier espacio para la moderación.

Por eso, el avance de cualquiera de los dos no se puede interpretar como un apoyo real a sus ideas ni como un cheque en blanco. La mayoría fue a votar obligada por el rechazo al rival, un sector para frenar un modelo radical y el otro para cerrarle el paso al antifujimorismo. El voto terminó siendo un escudo; la prioridad de la gente no fue elegir a alguien que los entusiasmara, la idea que los motivó fue cerrarle la puerta a lo que consideraban la peor opción para el país.

Quien termine ganando por un puñado de votos va a asumir el cargo con una legitimidad muy frágil. No habrá espacio para creer que el triunfo es un respaldo cerrado a su agenda personal o de partido. El principal reto del próximo gobierno será entender que manejar el país exige mirar más allá de sus propios militantes y aceptar que el voto de castigo contra el oponente no es un permiso para cometer los abusos de siempre.

En el frente económico, urge abrir una etapa proempresa que devuelva la tranquilidad y las reglas claras para los negocios, algo difícil por las dudas que genera Juntos por el Perú o los vicios del mercantilismo de siempre. Tras varios años de una inversión privada avanzando con las “llantas bajas”, hacen falta mensajes directos que generen confianza en los inversionistas de afuera y locales. Pero ojo, este impulso no puede ser para repartir favores a dedo ni para imponer controles estatales; el foco debe estar en reactivar las actividades que generan puestos de trabajo reales.

Ninguna estrategia económica o social va a durar mucho si se quiere imponer a la fuerza, con autoritarismo o recetas ideológicas obsoletas. El progreso y el respeto a la democracia tienen que ir juntos. El gran reto, tanto para el plan de Sánchez como para el fujimorismo, es demostrar en la práctica que se puede buscar inversión o apoyo social sin intentar concentrar el poder ni bajarse los contrapesos del Estado.

Para cuidar ese equilibrio en un ambiente tan dividido, reconstruir las instituciones es una obligación que no puede esperar. El Perú necesita con urgencia que las entidades autónomas tengan la fuerza suficiente para frenar en seco los intentos de autoritarismo, la corrupción y el reparto de puestos públicos. Asegurar que la fiscalización sea independiente y que se respete la separación de poderes es la única garantía para frenar los excesos de quien se siente en Palacio de Gobierno.

Al mismo tiempo, el nuevo gobierno va a tener que enfriar el frente social atendiendo las demandas reales de las regiones. La alta votación que ha tenido Sánchez en el interior del país muestra que la población no va a escuchar explicaciones macroeconómicas ni cuadros estadísticos fríos; lo que quieren son salidas claras frente a una pobreza que ha vuelto a golpear con fuerza a miles de hogares. El crecimiento tiene que sentirse abajo, en la economía familiar y en los servicios básicos.

Por otra parte, golpear a las mafias y la delincuencia es la demanda más urgente en todo el territorio. Las extorsiones a comercios, las bandas organizadas y los robos de todos los días ya no son solo un problema de seguridad, sino un freno directo que quiebra a los pequeños negocios y microempresarios. Armar un plan de seguridad serio, con resultados a corto plazo, es vital para que la gente recupere la tranquilidad mínima para poder salir a trabajar sin miedo.

El país está frente a una decisión clave: seguir atrapado en este ciclo de crisis constantes o empezar a ordenar la política. Mientras se espera el conteo oficial estas semanas, queda claro que la victoria de cualquiera será por descarte. El ganador solo podrá asegurar algo de estabilidad si demuestra día a día que está usando el poder para resolver problemas pesados como el hambre y la inseguridad, en lugar de gastar el tiempo en revanchas políticas.