Las anomalías del Pacífico apuntan a un episodio severo del Fenómeno del Niño. El Perú dispone de apenas unos meses para ejecutar obras preventivas y evitar que una amenaza anunciada vuelva a convertirse en una tragedia nacional.

Las señales que llegan desde el Pacífico ecuatorial son inquietantes. Las anomalías térmicas registradas por la NOAA y otros centros de monitoreo muestran un patrón que recuerda al que precedió al Fenómeno del Niño de 1997-1998. Aunque aún es imposible conocer con precisión la magnitud del evento, diversos modelos coinciden en que el Perú podría enfrentar un episodio severo entre fines de 2026 y comienzos de 2027. Cabe preguntarse si el país está preparado para enfrentarlo.

La experiencia reciente ofrece respuestas contradictorias. En 1997, las labores preventivas encabezadas por la Comisión Multisectorial del Fenómeno El Niño, bajo la dirección de Alberto Pandolfi, permitieron reducir significativamente los daños ocasionados por uno de los eventos climáticos más intensos del siglo. Dos décadas después, el Niño Costero de 2017 encontró al país con una capacidad de respuesta mucho menor, pese a que las advertencias habían sido conocidas con anticipación. Hoy, frente a un nuevo episodio en gestación, el Perú vuelve a enfrentarse al mismo dilema: anticiparse o pagar nuevamente el costo de la improvisación. Conviene entender por qué los indicadores que hoy observan los organismos internacionales constituyen una señal de alerta especialmente relevante para un país como el Perú.

El Niño global y el riesgo peruano

No todos los fenómenos del Niño afectan al Perú de la misma manera. De hecho, una de las particularidades de nuestra geografía es que las lluvias más intensas en la costa dependen principalmente del calentamiento de las aguas frente a Perú y Ecuador, mientras que la definición internacional de un episodio del Niño se basa en la evolución de las temperaturas en una región más alejada del Pacífico ecuatorial conocida como zona 3.4. Esta diferencia explica por qué los indicadores globales no siempre reflejan con precisión el riesgo que enfrenta el país. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que existe una relación estrecha entre ambas regiones. Cuando las anomalías térmicas en la zona 3.4 alcanzan niveles elevados y persistentes, el calentamiento suele propagarse posteriormente hacia las aguas cercanas al litoral peruano, incrementando la probabilidad de lluvias torrenciales y desbordes.

Eso es precisamente lo que preocupa hoy. Desde mayo de 2026, las anomalías en la zona 3.4 se han mantenido por encima del umbral utilizado por la NOAA para declarar oficialmente un episodio del Niño. La mayoría de los modelos climáticos prevé que estas anomalías continuarán intensificándose durante los próximos meses y podrían alcanzar niveles comparables a los observados en los grandes eventos del pasado.

La historia reciente ofrece una advertencia. Tanto en 1997 como en 2017, las alteraciones registradas en el Pacífico central precedieron a episodios de lluvias extraordinarias en la costa peruana. Por ello, más que discutir si el fenómeno se materializará o no, la atención debería concentrarse en otra pregunta: si el país cuenta con el tiempo, la infraestructura y la capacidad institucional necesarias para enfrentar un evento potencialmente severo.

El impacto del Niño también depende del Estado

Los grandes episodios del Fenómeno del Niño no producen siempre las mismas consecuencias. La intensidad de las lluvias es un factor importante, pero la magnitud del daño depende en gran medida de la capacidad del Estado para anticiparse. La experiencia peruana ofrece dos ejemplos elocuentes. En 1997-1998, el país enfrentó uno de los eventos climáticos más severos del siglo. Dos décadas después, en 2017, un Niño Costero de menor intensidad terminó generando una devastación comparable en varias regiones del país.

La diferencia estuvo en la prevención. Bajo la conducción de Alberto Pandolfi, la Comisión Multisectorial del Fenómeno El Niño ejecutó en 1997 un amplio programa de obras: descolmatación de ríos, reforzamiento de puentes, ampliación de cauces, limpieza de drenes y adquisición de maquinaria pesada. Estas medidas redujeron considerablemente los efectos de las lluvias, y aunque el costo económico fue elevado, el país logró evitar un colapso mayor de su infraestructura.

En 2017 ocurrió lo contrario. A pesar de las advertencias formuladas desde años antes y de la existencia de recursos presupuestales para la prevención, las intervenciones fueron insuficientes. En muchos casos, las labores de mantenimiento de ríos y defensas ribereñas habían sido postergadas durante años. El resultado fue que un fenómeno de menor magnitud terminó provocando pérdidas humanas, destrucción de infraestructura y severas interrupciones en la actividad económica.

Las señales observadas durante 2026 recuerdan cada vez más a las que precedieron al evento de 1997-1998. Las anomalías térmicas registradas en el Pacífico y las proyecciones de los principales modelos climáticos apuntan a un episodio potencialmente severo. La comparación histórica nos deja una lección clara: frente al Fenómeno del Niño, la diferencia entre una crisis manejable y una catástrofe nacional suele estar determinada por la calidad de la prevención.

La necesidad urgente de una comisión extraordinaria

Tras el desastre de 2017, el Estado creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) con el objetivo de reconstruir la infraestructura dañada y reducir la vulnerabilidad del país frente a futuros eventos climáticos. Sin embargo, casi una década después, muchas de las obras más importantes siguen pendientes o inconclusas. Los constantes cambios de liderazgo, los retrasos en la ejecución y las denuncias de corrupción han impedido cerrar las brechas de infraestructura que quedaron expuestas tras el Niño Costero. El resultado es que el Perú llega a 2026 con un riesgo climático creciente y una vulnerabilidad que, en muchos aspectos, continúa siendo similar a la de 2017.

Las proyecciones del SENAMHI, la NOAA y otros centros internacionales apuntan a la posibilidad de un episodio severo del Niño entre fines de 2026 y comienzos de 2027. Frente a esta situación, el país dispone de pocos meses para actuar. Más allá de las estructuras existentes, se requiere una instancia de emergencia con capacidad de coordinación y ejecución que permita acelerar las labores de prevención y concentrar recursos en las zonas más expuestas.

La prioridad debe ser intervenir la infraestructura crítica antes del inicio de las lluvias: descolmatar ríos, reforzar puentes, ampliar cauces, asegurar carreteras y desplegar maquinaria pesada en los puntos de mayor riesgo. Paralelamente, es necesario identificar a las poblaciones más vulnerables, preparar respuestas sanitarias y garantizar la continuidad del abastecimiento y del transporte. La experiencia demuestra que, frente a un Fenómeno del Niño severo, la diferencia entre una emergencia manejable y una catástrofe nacional depende, en gran medida, de la capacidad de anticiparse.

El costo económico de la imprevisión

Los efectos del Fenómeno del Niño trascienden la destrucción de viviendas e infraestructura. También afectan el crecimiento económico, el empleo, la inflación y las finanzas públicas. La experiencia de las últimas décadas muestra que los mayores costos provienen de la falta de preparación. Cuando el Estado llega tarde, las pérdidas humanas y materiales terminan traduciéndose en una desaceleración de la actividad económica y en mayores necesidades de gasto para la reconstrucción.

Uno de los sectores más vulnerables es la pesca industrial. El calentamiento de las aguas altera la distribución de la anchoveta y reduce la producción de harina y aceite de pescado, dos de los principales productos de exportación del país. Tanto en 1998 como durante el Niño Costero de 2017, la caída de la actividad pesquera afectó también a la manufactura, el transporte y los servicios portuarios, amplificando el impacto sobre el Producto Bruto Interno.

El alcance económico del fenómeno se extiende además a la logística y al abastecimiento. La interrupción de carreteras y puentes dificulta el transporte de alimentos y combustibles, genera escasez temporal y presiona al alza los precios. En episodios anteriores, estos choques de oferta se tradujeron en mayores tasas de inflación y obligaron al Banco Central a revisar sus proyecciones macroeconómicas. La agricultura, el comercio y otros sectores vinculados a las cadenas de distribución también resultan particularmente expuestos.

A ello se suman los enormes costos de la reconstrucción. La reposición de puentes, carreteras, defensas ribereñas y viviendas demanda recursos millonarios y suele extenderse durante años. La experiencia de 1998 y 2017 demuestra que reconstruir resulta considerablemente más costoso que prevenir. Cada obra no ejecutada a tiempo termina multiplicando las pérdidas económicas y sociales una vez que ocurre el desastre.

Con un posible episodio severo en el horizonte, el Perú vuelve a enfrentar el riesgo de una desaceleración económica, interrupciones logísticas y mayores presiones inflacionarias. La principal lección de los episodios anteriores es que la prevención no constituye un gasto, sino una inversión. Actuar con anticipación permite proteger vidas, preservar infraestructura y reducir significativamente los costos económicos que inevitablemente acompañan a un Fenómeno del Niño de gran magnitud.

Actuar hoy o sufrir las consecuencias

Las señales están dadas y la experiencia histórica ofrece lecciones suficientemente claras. El Perú aún dispone de una ventana de tiempo para reducir los efectos de un eventual episodio severo del Fenómeno del Niño, pero esa oportunidad se estrecha rápidamente. Más allá de las diferencias políticas o de las limitaciones burocráticas, la prevención debe convertirse en una prioridad nacional. La capacidad del Estado para anticiparse será determinante para proteger vidas, infraestructura y estabilidad económica.

La historia reciente demuestra que los desastres naturales no son únicamente consecuencia de la fuerza de la naturaleza, sino también de la calidad de las respuestas institucionales. Si el país logra actuar con rapidez, los costos humanos y económicos podrán ser significativamente menores. Si no lo hace, el próximo Fenómeno del Niño correrá el riesgo de ser recordado, una vez más, como una tragedia anunciada y evitable.