Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el Perú (incluido el cambio de uso del suelo) representaron el 0,34% de las emisiones globales y el 3,5% de las emisiones de América Latina y el Caribe. Dichas emisiones se ubican en el 0,2% de las emisiones mundiales y del 2,5% de las emisiones de la región, sin considerar el cambio en el uso del suelo y los procesos de deforestación. Durante 2012, las emisiones por cambio de uso del suelo y deforestación correspondieron al 46% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país y, en el período 2003-2012, se incrementaron en un 60%.
Asimismo, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en el 2012 las emisiones de CO2 del Perú asociadas a procesos de combustión de combustibles fósiles (sin incluir cambio de uso del suelo), correspondieron a 0,14% de las emisiones mundiales y, desde 2003, se han incrementado en un 82%. En las emisiones por combustión de combustibles fósiles a nivel de sectores, se aprecia que el 39% de dichas emisiones proviene del transporte y el 25%, de la generación de electricidad y calor. La menor proporción de emisiones por la generación de electricidad y calor se debe a que la matriz energética se compone en un alto porcentaje de gas natural e hidroelectricidad, la cual se ha modificado sustancialmente en la última década debido al gran incremento de la producción de gas natural. El transporte presenta los mayores niveles de consumo energético y emisiones sectoriales por combustión, y su crecimiento ha ido a la par del PBI.
En los últimos años, el Perú ha hecho un esfuerzo importante en cuanto al fortalecimiento de la fiscalización ambiental por conducto del OEFA, que es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). Y, consciente el Perú de la dependencia de su economía en los recursos naturales y del efecto de los costos ambientales sobre el bienestar, ha sentado las bases para su adhesión a la Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE, mediante la discusión de una estrategia nacional de crecimiento verde y la adopción de contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN). Los mecanismos de asociación público privadas (APP) sólo han incursionado en los sectores agua y saneamiento, quedando el reto de llevar a los nuevos mecanismos de eco finanzas ambientales a un escalón más, que es combinarlos con las APP.
