La tentación de cerrar el Congreso toca a la puerta del gobierno de PPK, embellecida por un mecanismo de relojería alojado en la Constitución, que le permite al presidente de la república clausurarlo y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Sin embargo, de acuerdo con ese mecanismo, el cierre del Congreso sólo procede si y solo si previamente éste le quita la confianza a dos gabinetes de ministros sucesivamente, por lo cual un sector recalcitrante del gobierno cree que las manecillas del mecanismo relojero pueden empujarse adrede obligando al Congreso a que emita un voto de confianza al gabinete en pleno, para precipitar así su cierre, violentando así el espíritu de la ley constitucional. Ante esta estrategia anunciada, el sector recalcitrante del fujimorismo -ni corto ni perezoso- ha dejado entrever de que antes que eso suceda, el Congreso podría decretar la vacancia presidencial. Ambos bandos han contribuido así a perfilar un escenario de guerra, en el que los dos pierden, pero sobre todo el que más pierde es el país.
Esa tentación de cerrar el Congreso y violentar el espíritu de la Constitución con excusas, no es un fenómeno nuevo en la historia del Perú. De hecho esa tentación la tuvo Fujimori desde que arrancó su gobierno en julio de 1990, ante una oposición febril mayoritariamente fredemista y aprista. Entonces el pretexto que esgrimió Fujimori para dar el zarpazo e instaurar un gobierno autocrático, fue que la oposición torpedeaba las reformas. Un cuarto de siglo más tarde y con PPK en la presidencia, el pretexto ha cambiado, dado que el Congreso mayoritariamente opositor ha respaldado la mayoría de propuestas legislativas de su gobierno, e incluso le ha otorgado facultades para hacer reformas claves. Por tanto, ahora el pretexto es más pedestre: la pretensión de censurar al ministro de educación, Jaime Saavedra.
Quién más puede ser el llamado a poner paños fríos en un país enfrentado y dividido, si no es el presidente de la república. Como dijera Manuel Escorza en reciente artículo publicado en Político.pe, antes que azuzar a la población, enfrentar al Congreso y preparar un polvorín electoral, su misión es unir a la nación y actuar con frialdad. Y Fríamente hablando, la mejor decisión de PPK en el contexto de esta contienda, es sacrificar un peón; es decir, aceptar la renuncia de su ministro de educación. Por varias razones: (1) porque tras varios años de gestión su ciclo se ha cerrado rodeándose de gente de confianza que ha protagonizado actos de corrupción millonarios; (2) porque una verdadera reforma educativa no puede personalizarse y debe institucionalizarse; (3) porque ya no estamos en el gobierno de Humala, quien no tenía capacidad de convocatoria de los mejores talentos del país, mientras que PPK sí tiene esa capacidad; y (4) porque si bien hasta aquí un investigador de la educación, como lo es Saavedra, era clave para darle una senda a la reforma, ahora se necesita un super gerente con visión educativa y tecnológica, que se rodee de asesores educadores y directores de peso, para acelerar el paso de la reforma y evitar que se repitan actos de corrupción. La partitura educativa está muy clara, y se requiere de un gran ejecutor rodeado de un equipo sólido.
Este sacrificio podría resultar en una gran oportunidad para el gobierno de PPK, quien ganaría posición en el tablero político, además de poder reemplazar el peón sacrificado por una pieza de recambio que entre fresca a jugarse la partida. En el Perú hay gente muy capaz que podría asumir ese cargo. PPK debe saber jugar la partida política, sin pretender patear el tablero ni incentivar a su necio contrincante a que lo patee. El Perú sería el que pierde. ¿Que luego Keiko querría tumbarse uno por uno a todos los demás ministros? Si bien la lideresa de Fuerza Popular se ha mostrado arrogante y hasta amenazante, eso no la pinta de tonta, como para pretender quemar sus ya mermadas posibilidades para el 2021. Cada barrabasada de sus congresistas le está costando y le saldrá cada vez más cara en el futuro.
De otro lado, PPK necesita profundizar en las reformas que el país necesita. Hasta el momento los decretos difundidos para promover la inversión privada y agilizar la inversión pública (SNIP), no implican un cambio sustantivo: el carácter multianual de los programas de inversión ya estaba instituido; los expedientes técnicos siguen siendo un atracadero; los planes sectoriales y regionales siguen siendo un sancochado, porque no responden a un planeamiento global con enfoque territorial; el MEF sigue siendo un tapón, al seguir teniendo un poder desmesurado, y decisiones claves siguen recayendo en funcionarios con insuficiente pericia; y Proinversión tendrá un directorio con prerrogativas para decidir qué proyecto de asociación público privada se co-financia con recursos del Estado y qué proyectos no se co-financian, dándole un poder discrecional, cuando la asignación de los recursos de co-financiamiento debería hacerse sobre la base de un mecanismo de priorización transparente, definido dentro del marco de un planeamiento del desarrollo participativo.
